Opinión

Un conflicto marítimo de nunca acabar entre Nicaragua y Colombia

Nicaragua está dispuesta a fijar los límites marítimos en un tratado, pero los colombianos ponen condiciones

Mauricio García |

Corte Internacional de Justicia

Corte Internacional de Justicia

Hace más de tres años la Corte Internacional de Justicia de La Haya zanjó a favor de nuestro país la disputa que éste sostenía con Colombia por límites marítimos en el Caribe occidental, pero Bogotá rechaza acatar esa sentencia.

“Dentro de la nación sudamericana existen sectores que apuestan por la guerra y provocan inestabilidad interna, grupos que se oponen a la implementación del veredicto, que dividen y condenan el decreto.

Son los mismos que han llamado a que Colombia tienda sus fuerzas armadas en el Mar Caribe y no permite que Nicaragua ejerza soberanía”, aseveró el Presidente de Nicaragua, Comandante Daniel Ortega, en septiembre pasado.

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El fallo de la Corte, inapelable, confirmó la soberanía colombiana sobre siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés, pero estableció un nuevo trazo limítrofe marítimo favorable a Nicaragua, al extender su soberanía hacia el este del meridiano 82, que hasta hoy sirve de frontera, pero no lo refrendó.

“La posición oficial de Colombia es desconocer el Fallo. Esa es la posición oficial de Colombia, ¡no reconoce el Fallo!”, dijo el Comandante Daniel en su discurso por el Aniversario 36 del Ejército Nacional, el 2 de septiembre pasado.

Y agregó: “Un llamado que les hacemos a las Autoridades colombianas, a su Presidente, al Congreso colombiano, ¡que cumplan con la Ley Internacional! ¡Que cumplan con el Mandato de la Corte Internacional de Justicia!”.

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La etapa moderna de la reclamación nicaragüense de sus derechos ante el hermano país comenzó en 1948 tras suscribirse en Bogotá la Carta de la Organización de Estados Americanos (OEA), referida a, entre otras cuestiones, la solución pacífica de los litigios.

Nicaragua se basó en el artículo 31 de esa Carta para reclamar nuevos límites marítimos con Colombia.

Mucho después, el 5 de diciembre de 2001, el Gobierno Sandinista solicitó de la máxima instancia judicial de Naciones Unidas que definiera esa línea y, en abril de 2003, argumentamos documentalmente nuestra demanda.

La primera audiencia comenzó el 11 de julio de 2007, ocasión en la que Colombia negó competencia a la Corte para atender nuestra reclamación, el mismo razonamiento que emplearía Chile en el 2013 para tratar de eludir la reclamación boliviana de una salida soberana al mar.

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Vano esfuerzo en ambos casos. En el nuestro, el 13 de diciembre de 2007, la CIJ se declaró competente para trazar una nueva frontera marítima más allá del meridiano 82.

Seis años después, el 19 de noviembre de 2013, el Tribunal emitió un fallo inapelable respecto del litigio iniciado por Nicaragua.

En ese laudo confirma la soberanía de Colombia sobre siete cayos cercanos al archipiélago de San Andrés: Albuquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajonuevo, pero redefine la frontera marítima a favor de Nicaragua, que gana 90 mil kilómetros cuadrados en el mar Caribe occidental, zona rica en pesca y minerales, entre otros recursos.

Pero como Colombia se niega a acatar el fallo, el 5 de octubre de 2015, ambos países iniciaron una segunda ronda de audiencias ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, relacionada con la demanda interpuesta por Nicaragua para que se defina su plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas (360 kilómetros). El laudo se conocerá en los primeros meses del 2016.

Nicaragua había solicitado de la CIJ, en septiembre de 2013, que fallara al respecto y declarara “el rumbo exacto” de su plataforma continental en el Caribe, más allá de las 200 millas náuticas, sin perjuicio de derechos de terceros estados.

Para nuestro país, la Corte no se pronunció sobre este tema en la sentencia emitida en 2012 que restituyó derechos soberanos nicaragüenses en el Mar Caribe, que antes usurpaba Colombia.

Ese laudo dejó abierta la posibilidad de que la CIJ se pronunciara a ese respecto en un momento posterior. Así, luego de que solicitáramos la mediación del Alto Tribunal, Colombia presentó excepciones (objeciones) preliminares, que siguen desconociendo la potestad de la Corte.

Colombia se aferra al argumento de la “falta de jurisdicción” de la CIJ ante este caso, debido a que este país se salió del Pacto de Bogotá en noviembre del año 2012. «La demanda de Nicaragua está fuera de las competencias de la Corte», dijo uno de los agentes colombianos.

Sin embargo, la denuncia del Pacto no es de acción inmediata, sino que surte efecto un año después, por lo que Nicaragua alega que su demanda -interpuesta un día antes de esa fecha- aún puede ser conocida por la Corte Internacional.

Nicaragua insiste ante el Tribunal en que Colombia ha rechazado las delimitaciones en el Mar Caribe establecidas por éste en 2012, sentencia que estima «no negociable».

Al intervenir en el cierre de las audiencias orales en octubre pasado, el agente ante la CIJ y embajador de Nicaragua ante Holanda, Carlos Argüello Gómez, recordó que «Colombia se ha dedicado a evitar las responsabilidades jurídicas», y pidió a la Corte que «rechace sus objeciones”.

Insistió en el hecho de que en todas las declaraciones del presidente Daniel Ortega respecto del litigio se ha dejado claro que nuestro país «está decidido a firmar un tratado» que cierre los diferendos entre ambos países en este caso, pero sin renunciar al fallo del 19 de noviembre de 2012.

E insistió: “si Colombia está dispuesta a firmar un Tratado que incorpore literalmente la Sentencia de la Corte, Nicaragua hoy mismo lo firmaría y retiraba la demanda en el momento en que el Congreso colombiano lo ratifique”.

Vea también: Presidente-Comandante Daniel recibe Cartas Credenciales de Embajador@s de Colombia, El Salvador, Alemania y República Italiana (05/11/2015) (Texto íntegro)

Nicaragua ya cumplió con los procedimientos para hacer Ley el fallo de la Corte Internacional de Justicia.

Al respecto y al recibir las cartas credenciales del nuevo embajador de Colombia, Carlos Eduardo Salgar Vargas, el 5 de noviembre pasado, el Comandante Daniel señaló que “Colombia tiene que pasar por ese trámite y lo entendemos perfectamente bien”, y añadió que Nicaragua también entiende las contradicciones que eso genera en las políticas internas de los países.

“Tenemos toda la voluntad de mantener el diálogo, las comunicaciones con el pueblo y gobierno de Colombia como la hemos logrado mantener a pesar de quienes han tratado de boicotear, de bloquear este diálogo”, indicó, e insistió en que hay que consignar los derechos de pesca de los raizales (colombianos) y la protección de los recursos naturales compartidos.

En la ocasión, el Compañero Presidente ratificó su respaldo al presidente Juan Manuel Santos y al pueblo de Colombia, y a las FARC-EP en el proceso de paz que vienen logrando consolidar. Probablemente así se avanzará con el ELN, señaló.

noa/mau

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