Opinión

El “tú sí, pero yo no” entre España y el Reino Unido en cuanto a la legalidad del espionaje masivo

La noticia casi que mueve a risa si no fuera porque el asunto de fondo es demasiado serio

Espionaje masivo en internet
Espionaje masivo en internet |

Manuel Segovia |

Pues esta vez la noticia casi mueve a la risa si no fuera porque el asunto de fondo es demasiado serio. Resulta que, aunque públicamente no se han enfrentado en un debate ni han entrado en abierta polémica sobre el tema, sí cada uno ha hecho pública su situación y esclarecido las reglas del juego en relación al espionaje masivo de las comunicaciones de sus nacionales. Como que “yo estoy bien y tú estás mal” o como que “yo soy bueno y tú eres malo”, cuando la verdad  es otra.

A la luz del destape de información hasta cierto momento clasificada y ahora de dominio hasta de los más desinteresados, gracias al ex técnico de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos y ex agente de la CIA Edward Snowden, pues ya todos saben que son escuchados y espiados; es decir,  que saben que otros están metiendo las narices en sus vidas privadas, y que tienen registrados en bases de datos desde los ingresos y erogaciones monetarias individuales, hasta los gustos alimentarios, preferencias sexuales y sueños particulares de cada cual.

Vaya, que los españoles y los británicos apenas pueden tener secreto alguno y viven con las nalgas al aire.

El Reino Unido carece de una ley de privacidad, lo que permite a su Gobierno llevar a cabo un espionaje masivo a sus ciudadanos a través de sus cuentas de Google, Facebook, Youtube y Twitter, lo que ha sido confirmado por primera vez, según el diario The Guardian.

Los ciudadanos británicos deben acudir a los tribunales con cada caso que amenace su derecho a la protección de datos en internet. Así mismo, caso por caso, sin una ley específica que regule esta intrusión en su intimidad ni los defienda de esta ación. Gracias a ello, el Gobierno ha justificado las actividades del Cuartel General de Comunicaciones (GCHQ en inglés) y ha explicado que son objetivos legales legítimos que no necesitan una orden judicial para interceptar las comunicaciones de las personas en su territorio.

Varias organizaciones de derechos civiles ya han acusado al ejecutivo británico de aprovecharse de vacíos en la legislación sin que el Parlamento lo sepa. El ejecutivo ha argumentado que el mundo tecnológico en el que vivimos, donde la mayor amenaza a la seguridad nacional es la del terrorismo islámico, la identificación de objetivos individuales es demasiado complicada. Por esa razón, deben acudir al espionaje masivo, tanto de sospechosos como de inocentes.

«La legislación del Reino Unido tiene todos los agujeros del mundo», ha subrayado Ana Azurmendi, experta en Derecho de la Comunicación.

El más alto funcionario de seguridad británico, Charles Farr, quien es director de la Oficina General de Seguridad y Contraterrorismo, ha detallado cómo el Gobierno busca en las redes sociales cualquier tipo de información, al igual que emails de o para ciudadanos británicos en el extranjero, que pueden ser monitoreados por los servicios de seguridad. Farr ha presentado un informe de 48 páginas donde desarrolla una interpretación legal para llevar a cabo el espionaje.

El programa clandestino que utiliza el ejecutivo británico, llamado Tempora, se introduce en la red de fibra óptica, que transporta las llamadas telefónicas, el tráfico online del mundo. El ex técnico de la NSA de Estados Unidos, Snowden, reveló que cada uno de los dos componentes de Tempora -llamados “Mastering the Internet” y “Global Telecoms Exploitation”- tiene la intención de recopilar el tráfico telefónico y de línea. Este sistema permite a GCHQ procesar grandes cantidades de comunicaciones de personas inocentes y de sospechosos de haber cometido algún crimen.

Al mismo tiempo, muy interesante, España declara en alta voz que no tiene los vacíos legales que permiten el espionaje masivo que se lleva a cabo en el Reino Unido.

Según ellos, los súbditos de la Corona, que por estos días cambia de testa, tienen leyes que regulan la protección de datos, al igual que las excepciones por las que el Gobierno podría interceptar información.

El derecho a la protección de datos es un derecho fundamental recogido en el artículo 18 de nuestra Constitución, expresan en sus medios de prensa, que “protege la intimidad personal y familiar, la privacidad del ciudadano respecto al uso y vulneración de sus datos personales, garantizando el honor y el pleno ejercicio de sus derechos».

La protección de los datos personales viene regulada, en vía civil, administrativa y penal por directivas y leyes que pudieran imponer penas de prisión de uno a cuatro años y multas a quien, “sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en perjuicio de tercero, datos reservados de carácter personal o familiar de otro que se hallen registrados en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o registro público o privado”.

Sin embargo, esto no podía faltar en el texto de la ley, «…la propia protección legal protege la excepción». Y ahí está la trampa; esto le permite al ejecutivo español alegar que está frente a un caso excepcional  para llevar a cabo la monitorización de la información privada como medida de seguridad.

Nada, que al final, también los españoles  se dan cuenta de lo vulnerable que son en estas cuestiones. Es como si ambos gobiernos se dijeran el uno al otro, y que conste que son compañeros de juerga, “yo hago las cosas bien y tú las haces mal”, cuando en realidad ambos juegan el mismo juego.

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