Opinión

Más sobre el Tratado Transpacífico

Pese al extraordinario secreto que rodea su negociación, lo que se va conociendo sobre este acuerdo preocupa a algunos y alarma a muchos

Joaquín R. Hernández |

Puede ser el pacto comercial más grande de la historia.  Doce naciones participan en su negociación: Estados Unidos, Japón, Australia, Perú, Malasia, Vietnam, Nueva Zelanda, Chile, Singapur, Canadá, México y Brunei Darussalam. Son  800 millones de habitantes y economías que, reunidas, representan el 40 por ciento del producto bruto mundial.

Pero según todo indica, se trata de algo más que de un proyecto comercial entre los países participantes.  De sus 29 capítulos, solamente cinco se refieren al comercio tal como lo hemos entendido tradicionalmente.

Y como ha ocurrido en otras ocasiones, Estados Unidos, la economía más poderosa del grupo, pretende imponer sus regulaciones, con graves consecuencias para los restantes países.

El mayor secreto ha rodeado su elaboración durante tres años.  Para algunos más, y para otros menos.

Por ejemplo, los miembros del Congreso estadounidense solamente conocen algunas partes de su extenso contenido.  Y en cada país, solamente tres personas tienen acceso al texto íntegro.

Sin embargo, 600 consejeros comerciales estadounidenses, es decir, miembros de los lobbys de corporaciones como Chevron, Halliburton, Monsanto o Walmart, tienen acceso libre a las secciones decisivas del proyecto.

Entre tanto, sindicatos y otros grupos de opinión, incluyendo ambientalistas y defensores de la salud pública, han criticado ácidamente el tratado.

Noam Chomsky se ha unido a ellos: el tratado, dice, “está diseñado para llevar adelante el proyecto neoliberal de maximización de las ganancias y de la dominación, y para poner a los trabajadores del mundo en competencia unos con otros”.

A juicio del eminente lingüista y activista político norteamericano, lo que se discute va más allá de lo que se considera comercio, y consiste en limitar las actividades que los gobiernos pueden regular, imponer nuevos estándares de propiedad intelectual en el mundo y aumentar el poder político de las corporaciones.

“Le llaman libre comercio, pero eso es una broma”, dijo Chomsky en una entrevista al Huffington Post.  “Son medidas extremas, altamente proteccionistas, diseñadas para minar la libertad de comercio.  De hecho, mucho de lo que se ha filtrado sobre el tratado no tiene que ver en lo absoluto con el comercio, sino con los derechos de los inversionistas.”

Dos temas cruciales

Dos capítulos del texto en elaboración se han conocido a través del sitio Wikileaks, uno sobre la propiedad intelectual y otro sobre el medio ambiente.

El primero es un viejo y crucial tema en la política comercial estadounidense, en especial en la esfera farmacéutica y los productos de las industrias culturales.

Según lo conocido, las compañías farmacéuticas, por ejemplo, podrían extender la validez de sus patentes más allá de los veinte años previstos hoy y mantener sus precios, generalmente prohibitivos para las poblaciones de los países en desarrollo.  Estos,  por otra parte, se verían impedidos de producir y comercializar durante el tiempo que se decida finalmente, los medicamentos genéricos que sustituirían a los originales.

Lo cual limitaría cruelmente las posibilidades de que enfermos humildes, con dolencias como el cáncer o el VIH, puedan disponer de fármacos dentro de sus posibilidades económicas.  O de que los estados que han implementado políticas para atender estos casos, puedan financiarlas con los altos costos que les impondrían las farmacéuticas transnacionales.

«Los negociadores de EE.UU. están empujando la agenda de los gigantes farmacéuticos para elevar los precios de los medicamentos en los países en desarrollo dentro del TPP. ‘Eternizar’ las patentes introduciendo únicamente modificaciones mínimas (como por ejemplo en la posología del fármaco) daría 20 años más de monopolio. En Vietnam y otros países en desarrollo, los enfermos del VIH, sida o malaria necesitan acceso a los medicamentos genéricos, pero el acuerdo tal y como está formulado actualmente se lo impedirá «, explicó Lori Wallach, uno de los líderes del grupo estadounidense Public Citizen de defensa del derecho del consumidor.

 

La defensa de los derechos de autor de los productos audiovisuales es más conocida, y condujo a verdaderas batallas de Estados Unidos con otros países en la Organización Mundial de Comercio: no es por gusto, pues se trata de una de las principales fuentes de ingreso de divisas para su economía.  Una política similar de extensión de estos derechos y de persecución a los violadores hará felices, por supuesto, a Hollywood y a las disqueras norteamericanas.

El capítulo dedicado a los temas medioambientales también provoca estremecimientos.

Aquí, contra lo que ocurre en el tema anterior, no se prevén medidas encaminadas a obligar al cumplimiento de lo pactado.

Se remiten las obligaciones sobre la defensa del medio ambiente a vagas formulaciones sin profundizar en el impacto que las consecuencias del intercambio comercial acrecentado puedan tener sobre la ecología de cada país.

Según el capítulo, las leyes de protección del medio ambiente no deben obstruir el comercio ni las inversiones.  “Mecanismos flexibles, voluntarios, como auditorias e informes voluntarios, incentivos  basados en el mercado, intercambio voluntario de información y experiencia y acuerdos público-privados”.  Medidas aplicadas de forma que “impidan la creación de barreras necesarias al comercio”.

Los países firmantes tendrán que adecuar sus leyes a lo aprobado  y solamente podrán recurrir al arbitraje de un tribunal secreto, donde las empresas podrán cuestionar y demandar a los gobiernos, sin intervención de sus parlamentos o sus sistemas judiciales.

Aún faltan nuevos pasos para la formulación final del acuerdo.  Entre tanto, la opinión pública estadounidense se moviliza para impedir este nuevo dislate neoliberal.

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