Opinión

Colombia: conversaciones, lucha contra el narcotráfico y elecciones

Las conversaciones de La Habana estarán presentes en el debate electoral colombiano

Mirada al Mundo
Mirada al Mundo | La Voz del Sandinismo

Joaquín R. Hernández |

Recién reiniciado, el diálogo entre el gobierno colombiano y los representantes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo se introdujo en profundidad en el tercer tema de su agenda, el vinculado con el narcotráfico.

Ciertamente, antes del receso de fin de año, se habían iniciado las primeras conversaciones sobre este crucial tema. Pero esta semana la guerrilla subió el tono al poner el dedo en una de las mayores llagas del asunto.

En el tema del narcotráfico la pirámide de las responsabilidades está invertida. Si bien es el mercado, y en este caso el inmenso mercado que constituye el consumo de drogas en Estados Unidos, el que mueve todo el multimillonario negocio, las culpas las suele pagar el extremo más humilde de la cadena: los campesinos que cultivan las plantas prohibidas.

No sucede únicamente en América Latina. En países de Asia Menor, con poco eco público y bajo la presión de las representaciones estadounidenses, se ha proscrito antes el cultivo de plantas opiáceas. Al no adoptarse medidas compensatorias, miles de campesinos han visto desplomarse su precaria economía y lanzarse o a la ilegalidad o al hambre.

Es lo que con lógica intenta evitar la propuesta presentada por la delegación de las FARC-EP al proponer, como parte del debate de este importante punto, que se adopte un programa para la sustitución de los destinos ilícitos de los cultivos de hoja de coca, amapola o marihuana, que proteja al campesinado que hoy obtiene sus vías de subsistencia en estas actividades.

El programa busca crear las condiciones necesarias para lograr el “buen vivir” de este campesinado mediante la sustitución de sus actividades agrícolas actuales por planes de desarrollo concebidos con la participación de las comunidades involucradas.

A juicio de las FARC-EP, este programa debe ser financiado por el estado colombiano, con fondos propios y con los provenientes, tanto del aporte internacional, como de las incautaciones que se produzcan en la lucha contra el narcotráfico.

La propuesta prevé también el monitoreo internacional por parte de las organizaciones pertinentes de las Naciones Unidas, de UNASUR y de la comunidad académica.

Finalmente las FARC-EP respaldan que, mediante control estatal y siguiendo criterios científicos, se mantenga el cultivo de algunas de estas plantas para su uso en beneficio de la medicina.

“Si convenimos en que no es lo mismo coca que cocaína, resulta ilógico que para acabar con el narcotráfico se deba erradicar una planta que puede brindar beneficios a la humanidad”, había expresado el jefe de la delegación guerrillera a las conversaciones, Iván Márquez.

Los puntos anteriores

Aunque aún quedan temas sensibles por discutir, no es poco lo que se ha logrado en las conversaciones.

El primer punto fue el relacionado con la difícil, pero central cuestión agraria, que no se puede separar de ningún otro tema, incluyendo el que se analiza en la actualidad. El uno por ciento de los colombianos es propietario de la mitad de la tierra de ese vasto país. 

Al respecto, los dialogantes alcanzaron el pasado año coincidencias en un surtido de aspectos como programas de desarrollo territoriales, la infraestructura y preparación de tierras, la salud, la educación, la vivienda y la necesaria erradicación de la pobreza en el campo, así como el estímulo a la producción agropecuaria y la política alimentaria y nutricional.

Concluido este punto, se acometió el debate sobre los derechos y las garantías para el ejercicio de la oposición política en el esquema actual y en el que se conforme con los nuevos movimientos políticos que inevitablemente surgirán de llegarse a un acuerdo final.

No se trata de un asunto meramente formal. La garantía de seguridades para el ejercicio de la actividad política tiene que ver con la agudización de las contradicciones entre las fuerzas beligerantes a lo largo de décadas, desde los enfrentamientos directos hasta la acción depredadora de las fuerzas paramilitares.

En los 80, se ha recordado, varias organizaciones armadas lograron acuerdos con el gobierno de entonces y pasaron a la vida civil. Todas se unieron en el llamado Partido Unión Patriótica. Por poco tiempo: en dos años, la militancia de UP había sido virtualmente exterminada.

Ahora se reclamaron tales garantías respecto al derecho de reunión, a la libre circulación y la libertad de conciencia y de expresión, así como las condiciones de la oposición en una democracia.

En algo más de un año se han alcanzado acuerdos impensables en otra época. 

De cualquier forma, restan aún otros temas, incluyendo la dejación de las armas, el tratamiento a las víctimas de la guerra, y el acuerdo final, sin el cual los anteriores no tienen validez. “Nada está acordado hasta que todo esté acordado”, es el principio que acatan tanto guerrilleros como gubernamentales.

Colombia vive ya un ambiente preelectoral. El 9 de marzo se elegirá al Congreso  para los próximos cuatro años y el 25 de mayo se realizarán los comicios  presidenciales.

Las conversaciones, pese a presiones contrarias, continuarán y durante no poco tiempo, ahora encuadradas en un marco especial: nunca en los últimos cincuenta años, los temas vinculados con la lucha armada han estado ausentes de las elecciones colombianas. 

Actualizados ahora con los diálogos de La Habana, esta vez no será la excepción.

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