Opinión

De cómo Bagdad aviva el fuego sectario en Iraq

El pueblo iraquí no ha conocido más la paz. Retiradas las tropas estadounidenses, reaparecen las tensiones y agresiones confesionales

Redacción Central |

SarahLeahWhitson

The New York Times

El gobierno iraquí está poniendo al país al borde de una nueva guerra civil. En menos de un mes, Bagdad ha lanzado un feroz ataque contra un campo donde se llevaba a cabo una sentadasunníde protesta pacífica, el que causó 44 muertos; ha ejecutado en un solo día a 21 supuestos terroristassuníesy ha suspendido las licencias de diez canales por satélite, de los cuales se estima que nueve eran favorables a lossuníes.

El mensaje del Primer MinistroNuriKamalal-Maliki a la extremadamente desafecta minoríasuníde su país, que resiste con un creciente sentimiento de desesperanza uniéndose a las batallas entre las fuerzas de Maliki y los extremistas, fue: «¡A por ellos!».

El país sigue inmerso en el caos tras años de horrenda guerra civil que enfrenta a la minoríasunícontra el reciente dominio chií. Diez años después de la invasión dirigida por EE. UU., la mayoría de la gente sigue padeciendo con grandes carencias de agua y electricidad. Los servicios sanitarios y educativos iraquíes, en otro tiempo las joyas del Oriente Medio, son meros esqueletos de su pasado. Y el desempleo y la pobreza han alcanzado niveles de record.

La promesa de compartir el poder ayudó a que la guerra se desinflara, pero es muy probable que el puro agotamiento tuviera más que ver con la calma relativa de años recientes que con cualquier liderazgo político sensato.

El gobierno ha fracasado a la hora de abordar todos los graves problemas que afectan a las comunidadessuníes–e incluso a algunaschiíes-. Entre ellos se incluyen: exclusión del proceso político, con retrasos habituales en las elecciones; ausencia de reformas reales en la punitiva, salvaje y ampliamente ejecutada «desbaazificación» y en las leyes antiterroristas; poder cada vez más centralizado en manos del Primer Ministro; y brutal actuación policial, con arrestos masivos, juicios injustos y tortura endémica en las prisiones iraquíes. Pero desde principios de 2012, lossuníeshan venido desafiando el statu quo persistiendo en las protestas, abrumadoramente pacíficas, a pesar de las violentas incursiones de las autoridades estatales.

Fue en ese ambiente donde las fuerzas de seguridad SWAT [armas y tácticas especiales, en sus siglas en inglés] de Maliki, junto con el ejército y la policía federal, llevaron a cabo un ataque armado contra uno de los campos donde se desarrollaba una protesta pacífica desde hacía bastante tiempo, en el pueblosunídeHawija. Los hallazgos preliminares de un comité parlamentario informaron de 44 personas asesinadas y 104 heridas, mientras el gobierno declaraba que habían muerto tres oficiales de la policía. Sorprendentemente, el ataque se produjo tras varios días de negociaciones con los manifestantes, a los que el gobierno acusó de dar cobijo a un grupo de combatientes que habían matado a un soldado y se habían llevado las armas que había en un puesto de control cercano.

Pero el gobierno no ha hecho público descubrimiento alguno de la presencia de armas ni de asesinos. En un aparente reconocimiento de que el ataque había llegado demasiado lejos, Maliki anunció el nombramiento de un comité ministerial encabezado por el viceprimer ministrosuní,Salehal-Mutlaq, para que llevara a cabo una investigación. Pero parece que el comité se ha creado más bien para intentar aplacar a la comunidadsunícon compensaciones para las víctimas que para llevar a cabo intento alguno de averiguar lo que sucedió realmente o quién ordenó el ataque, y mucho menos para castigar a los responsables. El comité no cuenta en estos momentos ni con investigadores ni con recursos para reunir pruebas, por lo que sólo los ministros mismos podrían dirigir la investigación.

Cuando le pregunté aMutlaqsi iban a entrevistar a las fuerzas de seguridad acerca de quién ordenó el ataque, movió la cabeza, casi divertido, ante la pregunta.Husainal-Shahristani, el viceprimer ministro chií que integra también el comité, me dijo en una reunión en Bagdad de la pasada semana: «No espere mucho de nosotros. Realmente no disponemos de tiempo para dedicarnos a este asunto». Los esfuerzos del gobierno para barrer bajo la alfombra el espantoso suceso sólo servirán para enfurecer aún más a la agraviada minoríasuní.

Los asesinatos masivos deHawijapueden haber sido un mensaje más sangriento a los manifestantessuníesde lo que incluso Maliki quería, pero no hubo nada accidental en su decisión de ejecutar a 21 supuestos terroristas, cuyas identidades y delitos siguen siendo desconocidos para el público.

Tras el clamor popular después de las revelaciones de abusos a las mujeres detenidas y del arresto de varios guardaespaldas del popular ministro de haciendasuní, el gobierno prometió en enero que reformaría el sistema judicial, incluyendo la revisión de los casos de 6 000 personas que, en función de las leyes antiterroristas del país, siguen detenidas, en algunos casos desde hace años, aunque no han sido juzgadas e incluso se ha ordenado liberarlas, de iniciar una investigación ante las extendidas acusaciones de confesiones forzosas y de estar dando credibilidad a informantes secretos.

Autoridades de alto nivel prometieron incluso una moratoria en la condena a muerte hasta que se hubieran revisado todas las condenas dictadas. Pero, al parecer, el gobierno decidió hacer una demostración de fuerza frente a la escalada de ataques terroristas, más frecuentes en las barriadaschiíes, que mataron a 712 personas en abril, el mes más letal desde 2008. Así pues, reanudó las ejecuciones, generando un nuevo ciclo de protestas y condenas.

Aunque las carreteras están hechas un desastre y los escombros de los bombardeados edificios cubren las calles de Bagdad, el gobierno ha encontrado recursos para equiparla Comisiónde Comunicación y Medios con material de vigilancia de última generación.MuyahidAbu al-Hail, el director del Departamento parala Regulaciónde los Medios Audiovisuales, alardeó orgullosamente de que cuenta con un amplio equipo que controla continuamente la programación de más de quince estaciones de satélite en el país, y de una oficina llena de carpetas de archivos sobre sus competencias.

El 29 de abril, la comisión suspendió las licencias de diez emisoras porque promovían puntos de vista sectarios que contribuían a la violencia, según dijo Abu al-Hail, pero hasta ahora no ha mostrado informe alguno que pueda documentar esa acusación. La inclusión de una pequeña emisora chií entre las nueve emisoras prohibidas «pro suníes», incluida Al-Jazeera, no hizo más que enmascarar este descarado esfuerzo para silenciar a las cadenas de informaciónsuníesque se han mostrado críticas con el gobierno. También ha efectuado numerosos ataques contra la cobertura de las protestas por los medios, además del anuncio del pasado año de que iban a cerrar 44 emisoras que operaban «ilegalmente».

No hay duda de que los medios iraquíes son extremadamente partidistas, y que las emisorassuníesychiíesse dejan llevar a menudo por burdas desinformaciones que avivan las tensiones sectarias. Pero un gobierno preocupado de reducir esas tensiones habría dedicado más tiempo a emprender esfuerzos verdaderos para solucionar los problemas comunitarios en vez de silenciar las preocupadas voces.

El previsible resultado de estas medidas ha sido una mayor radicalización de la comunidadsuní, con milicias recién formadas jurando defenderla. Maliki necesita un nuevo manual de instrucciones que incluya lecciones sobre liderazgo y reformas que puedan unir al país sobre la base de la protección de la libertad de todos sus ciudadanos y no seguir, como hasta ahora, desgarrándolo.

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