Opinión

Agricultores cameruneses logran justicia con fruta seca

Los fruticultores de Njombe, un pueblo en la costa sur de Camerún, aprendieron una lección de vida cuando fueron expulsados de sus tierras, concedidas a una compañía internacional

Redacción Central |

Monde Kingsley Nfor

IPS

En 1998, 34 agricultores perdieron 70 hectáreas ocupadas por Plantation de Haut Penja (PHP), subsidiaria de la compañía francesa Compagnie Fruitière, a la que el gobierno arrendó 4.500 hectáreas de tierras para cultivar bananas.

Pero en 2003, gracias a la asistencia y los préstamos de la organizaciónRed de Lucha contra el Hambre(Relufa, por sus siglas en francés), los fruticultores pudieron comprar tierras cultivables en Njombe.

La organización también les proporcionó fondos para comprar fertilizantes y químicos, y ayudarlos a crear una cooperativa llamada Grupo de Iniciativa Común (CIG) Esperanza.

Bika Sadi es uno de los agricultores que ha cultivado banana, piña y papaya en su nuevo terreno y vende a la fábrica de fruta seca creada por Relufa en 2009.

«Vendemos nuestros productos a precios fijos al proyecto de fruta seca. Un kilogramo de papaya fresca cuesta menos de 20 centavos en el mercado, pero la fábrica lo compra a 31 centavos», dijo Sadi a IPS.

«Y un kilogramo de banana y piña cuesta 10 centavos en el mercado, y la cooperativa lo compra a 24», añadió.

La iniciativa, llamada proyecto Fruta Justa, vende piñas, papaya, bananas y mangos secados en horno. La propuesta surgió de los intentos fallidos de los agricultores de obtener una indemnización por la pérdida de sus tierras.

Los agricultores presentaron una demanda contra PHP en el alto tribunal de Wouri, en Douala, en 2005. Tras cinco audiencias y tres años, ambas partes llegaron a un acuerdo por fuera de la justicia. Pero la compañía solo pagó 28.000 dólares de los 120.000 prometidos en 2008. Al año siguiente nacía Fruta Justa.

El envoltorio en el que se vende el producto aclara las circunstancias del nacimiento de la empresa: «Fruta Fresca es cultivada por cameruneses expulsados de sus tierras por una compañía trasnacional para extender sus plantaciones. La fruta se cultiva y cosecha en un ambiente justo y cuidadoso del ambiente y se distribuye por medio del comercio justo».

El fruticultor Daniel Mahatma gestiona el proyecto, que cuenta con 10 empleados en la pequeña planta de procesamiento construida por Relufa.

«Los empleados ganan 2,50 dólares diarios por cinco horas de trabajo, lo que representa un ingreso modesto para los jóvenes que tienen el resto del día para otras actividades», dijo Mahatma a IPS.

El producto elaborado es envasado y distribuido a supermercados, hoteles y aeropuertos.

«También vendemos el producto a posibles compradores a través del comercio justo y de exposiciones agroganaderas», dijo Michelle Danleu, vendedora y responsable de marketing de Fruta Justa.

Las ganancias se reinvierten en el proyecto para financiar la segunda etapa.

«Fruta Justa también puede contar la historia de otros agricultores marginados de Camerún», dijo el coordinador de Relufa, Jaff Bamenjo a IPS.

«Nos preocupa la nueva ola de inversiones agrícolas y el impacto negativo sobre la producción local de alimentos, así como el acceso de las comunidades rurales a las tierras», añadió.

Según el informe «Apoyo a la Política de Inversiones. La Inversión Extranjera Agrícola,» publicado por la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) en 2012, la inversión extranjera directa estuvo por debajo de los 113 millones de dólares de los años 90, pero alcanzó 337 millones en 2009.

No hay cifras oficiales sobre las inversiones extranjeras en agricultura, pero ese documento señala que 48 por ciento de la población depende de esta actividad para vivir.

Al Ministerio de Agricultura y Desarrollo aún le preocupa la gran cantidad pequeños agricultores expulsados de sus tierras por grandes plantaciones.

«Los grandes cultivos tienen consecuencias negativas, no solo en la producción y el suministro local de alimentos, sino que afectan la economía de la localidad en la que están», dijo a IPS la inspectora Collette Ekobo, del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.

«Además de que muchos agricultores fueron expulsados de sus tierras, la mayoría tampoco pueden acercarse a la plantación industrial por temor a que puedan robarse algo», añadió.

La tarea de Ekobo implica evaluar los servicios agrícolas, la productividad rural y el desarrollo del sector, y tiene autoridad para representar la opinión del Ministerio.

«Las quejas de agricultores expulsados son abrumadoras en las regiones Litoral y Suroeste, donde se ubican la mayoría de las plantaciones», puntualizó, aunque no pudo dar cifras de la cantidad de damnificados.

El actual sistema de tenencia de la tierra «no protege los intereses de la población local, que usan terrenos de sus antepasados», añadió.

El sistema camerunés no simplifica la obtención de títulos de propiedad. Además es un trámite largo y costoso.

La ordenanza 74/1, de 1974, sobre la tenencia de la tierra, estipula que la posesión privada debe contar con título de propiedad y estar registrada. El resto es considerado territorio del Estado, que incluye áreas desocupadas, no registradas, tierras comunitarias, las que se poseen por derecho consuetudinario, asentamientos informales y zonas de pastoreo.

Samuel Nguiffo, del Centro de Ambiente y Desarrollo, dijo a IPS que esa complejidad hace que la mayoría de los agricultores no tengan documentos oficiales de sus tierras tradicionales.

«Las concesiones a las grandes compañías no respetan el derecho consuetudinario ni tenencias informales. Las leyes y las instituciones existentes no protegen los intereses» de pequeños agricultores, remarcó.

Un comité del Ministerio de Propiedad Estatal y Tenencia de la Tierra revisa el sistema actual con vistas a presentar un proyecto de reforma al parlamento. Pero organizaciones locales se quejan de que el proceso no es participativo.

Nguiffo dijo que existe la convicción de que las inversiones extranjeras crean más empleos que la pequeña agricultura, pero, según él, no hay pruebas de ello.

«Si las comunidades recibieran apoyo en forma de acceso a la tierra, capital y asistencia técnica crearían más empleos y riqueza, y contribuirían a un desarrollo nacional más sostenible que el promovido por las grandes compañías», arguyó.

Finalmente, el 16 de enero, PHP accedió a pagar el resto del monto acordado a los pequeños agricultores de Njombe. Se desconocen las razones de su cambio de actitud, pero se especula que el contenido de la etiqueta pudo incidir en su decisión.

«La condición impuesta por la compañía para pagar el monto restante fue que elimináramos el mensaje del envoltorio de la fruta seca, a los que los agricultores accedieron», indicó Bamenjo.

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