Opinión

Aunque violan el debido proceso legal, las «entregas extraordinarias” prosiguen con Obama

Las detenciones de sospechosos de terrorismo en terceros países y su posterior «interrogatorio» parece haber llegado para quedarse en el arsenal represivo estadounidense Craig Whitlock Rebelión Tres europeos con raíces somalíes fueron arrestados en agosto apelando a un rebuscado pretexto cuando se encontraban en el pequeño país africano deDjibuti. Pero las razones quedaron claras cuando […]

Redacción Central |

Las detenciones de sospechosos de terrorismo en terceros países y su posterior «interrogatorio» parece haber llegado para quedarse en el arsenal represivo estadounidense

Craig Whitlock

Rebelión

Tres europeos con raíces somalíes fueron arrestados en agosto apelando a un rebuscado pretexto cuando se encontraban en el pequeño país africano deDjibuti. Pero las razones quedaron claras cuando una sucesión de interrogadores estadounidenses empezaron a frecuentar sus celdas.

Los agentes estadounidenses acusaron a los hombres –dos de ellos suecos, el tercero residente desde hacía mucho tiempo en Gran Bretaña- de apoyar aal-Shabab, una milicia islámica somalí que Washington considera grupo terrorista. Dos meses después de su arresto, los prisioneros fueron secretamente acusados ante un gran jurado federal en Nueva York, después el FBI les prendió y les hizo volar hasta EEUU para someterles a juicio.

Los arrestos y detenciones secretas salieron a la luz el 21 de diciembre cuando los sospechosos hicieron una breve aparición en sala de un juzgado de Brooklyn.

El caso de esos hombres es el ejemplo más reciente de cómo la administración Obama ha asumido las entregas extraordinarias –la práctica de mantener e interrogar a sospechosos de terrorismo en otros países sin el debido proceso- a pesar de la extendida condena hacia tal táctica en los años posteriores a los ataques del 11 de septiembre de 2001. Las entregas extraordinarias están alcanzando una renovada importancia porque la administración y el Congreso no han llegado a acuerdo alguno a la hora de establecer una vía legal consistente paraarrestar en el extranjeroa los sospechosos de terrorismo y llevarlos ante la justicia.

El Congreso ha frustrado la promesa del Presidente Obama de cerrar la prisión militar en la base militar de la Bahía de Guantánamo, Cuba, y ha hecho cuanto ha podido para impedir que los tribunales civiles puedan juzgar a los sospechosos de al-Qaida, incluyendo nuevas restricciones en un proyecto de ley de autorización para defensa aprobado el mes pasado. Mientras tanto, la Casa Blanca ha resistido ante los esfuerzos de los legisladores para mantener a los sospechosos bajo custodia militar y juzgarles ante comisiones militares.

El punto muerto alcanzado y la falta de opciones de detención, dicen las críticas, han llevado a una política de facto en función de la cual a la administración le resulta más fácil matara los sospechosos de terrorismo, razón clave del incremento de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses en Pakistán, Yemen y Somalia. Las entregas extraordinarias, aunque controvertidas y complejas, representan una de las pocas alternativas dentro de ese determinado esquema.

«En cierto sentido, las entregas han adquirido incluso más importancia que antes», dijo Clara Gutteridge, directora del Equal Justice Forum, con sede en Londres, un grupo por los derechos humanos que investiga casos que tienen que ver con la seguridad nacional y que se opone a la práctica de las entregas.

Debido a todo el secretismo que envuelve el tema, no se sabe cuántas entregas extraordinarias se han producido durante el primer mandato de Obama. Pero su administración no ha repudiado esa práctica. En 2009, un grupo especial para los interrogatorios y traslados de detenidos de la Casa Blanca recomendó que se permitiera al gobierno continuar utilizando las entregas, pero con mayor vigilancia, para que no se sometiera a los sospechosos a técnicas reforzadas de interrogatorio [tortura], como se estuvo haciendo durante la administración de George W. Bush.

Escasez de detalles

El gobierno de EEUU ha revelado pocos detalles acerca de las circunstancias bajo las que arrestó a los tres supuestos partidarios de al-Shabab. La mayoría de los documentos del tribunal son secretos.

En uncomunicado, el FBI y los fiscales federales del Distrito Oriental de Nueva York dijeron que los acusados habían sido «detenidos en África por las autoridades locales cuando iban camino del Yemen» a primeros de agosto. El comunicado no especificaba dónde fueron detenidos ni por qué.

El FBI no mencionó implicación estadounidense alguna con los sospechosos hasta el 18 de octubre, cuando se le entregó a un gran jurado federal la acusación confidencial. El FBI dijo que sus agentes asumieron la custodia de los hombres el 14 de noviembre, pero el buró no especificó dónde ni de quién. Un portavoz de los fiscales federales del Distrito Oriental de Nueva York no respondió a un mensaje telefónico ni de correo en el que se solicitaban aclaraciones.

Sin embargo, los abogados de la defensa y otras personas familiarizadas con el caso dijeron que los hombres fueron arrestados en Djibuti, un estrecho aliado de Washington. El diminuto país africano alberga una importante base militar estadounidense, Camp Lemonnier, que sirve de centro logístico de combate para vuelos de aviones no tripulados y operaciones de contraterrorismo. Djibuti tiene también un largo historial de cooperaciones con EEUU en el tema de las entregas extraordinarias.

El Ministerio sueco de Asuntos Exteriores confirmó que dos de los hombres –Ali Yasin Ahmed, de 23 años, y Mohamed Yusuf, de 29- son ciudadanos suecos y fueron detenidos en agosto en Djibuti.

Anders Jorle, portavoz del ministerio en Estocolmo, dijo que se había permitido que unos diplomáticos suecos visitaran a los hombres en Djibuti y Nueva York para proporcionarles asistencia consular.

«Esto no significa que el gobierno sueco haya adoptado posición alguna sobre la cuestión de su culpabilidad o inocencia», dijo Jorle en una entrevista telefónica. «Eso es competencia del sistema judicial estadounidense».

Los abogados asignados para representar a los acusados en un tribunal federal en Brooklyn dijeron que en Djibuti se había estado interrogando durante meses a los hombres aunque no había acusaciones pendientes en su contra, algo que en EEUU estaría prohibido.

«En Djibuti sólo se interesaron por ellos porque a los Estados Unidos de América les interesaban esos hombres», dijo Ephraim Savitt, el abogado de Yusuf. «No hay que ser Einstein para entenderlo».

Harry C. Batchelder Jr., abogado del tercer sospechoso, Mahdi Hashi, de 23 años, mostró estar de acuerdo con él. «Por explicarlo de alguna forma: Se encontraba pasando una temporada en Djibuti y, de repente, después de haberse topado con los amistosos agentes del FBI y de la CIA –quienes no se identificaron-, mi cliente se encontró sin patria y ante un tribunal estadounidense», dijo Batchelder, cuyo cliente es nativo de Somalia aunque creció en Gran Bretaña.

La secuencia escrita por los abogados encaja en la pauta de otros casos de entregas extraordinarias en las que los agentes de inteligencia estadounidenses han estado interrogando durante meses a sospechosos sin ningún control legal antes de entregar a los prisioneros al FBI para su procesamiento.

Una entrega extraordinaria en Nigeria

En diciembre de 2001, en una vista celebrada en un tribunal federal con otro sospechoso de la milicia al-Shabab, un ciudadano eritreo llamado Mohamed Ibrahim Ahmed reveló que le habían estado interrogando en una cárcel nigeriana, según un interrogador estadounidense describió, por un equipo «sucio» de agentes estadounidenses que ignoraron el derecho del sospechoso a permanecer en silencio o a disponer de un abogado, de acuerdo con los procedimientos procesales.

Después, el eritreo fue entrevistado por un equipo «limpio» de otros tantos agentes estadounidenses que pusieron buen cuidado en notificarle acerca de los Derechos Miranda y en conseguir confesiones para el juicio. Una vez rematada la faena, se le trasladó a un tribunal federal en Manhattan para que se enfrentara a acusaciones de terrorismo. Sus abogados estadounidenses rechazaron sus confesiones sobre la base de que habían sido obtenidas de forma ilegal, pero el acusado se declaró culpable antes de que un juez pudiera dictaminar sobre la cuestión.

Uncable diplomáticode entre los que publicó WikiLeaks dejaba claro que las autoridades nigerianas se mostraron reacias a detener a Ahmed, y si le retuvieron durante cuatro meses fue como consecuencia de las presiones de las autoridades estadounidenses.

Robin Sanders, en aquel momento embajador de EEUU en Nigeria, reprendió allí a ciertos funcionarios de alto rango, en una reunión que tuvo lugar en febrero de 2010, porque casi permitieron que Ahmed se marchara en un vuelo internacional «porque no querían seguir reteniéndole más tiempo», según el cable confidencial en el que se resumía la reunión. Finalmente fue entregado a agentes del FBI, pero después de que le acusaran ante un gran jurado de EEUU. En la más reciente entrega de Djibuti, los abogados de la defensa desafiaron la jurisdicción de los tribunales estadounidenses, diciendo que no hay prueba alguna de que los acusados atentaran o amenazaran los intereses de EEUU o de los estadounidenses.

«Esa es la pregunta del millón, le dije al ayudante del fiscal estadounidense. ‘¿Puso alguna bomba en alguna embajada? No,’», dijo Susan G. Kellman, que representa a Ali Yasin Ahmed, uno de los acusados suecos. «¿Por qué les retenemos entonces? ¿Por habernos insultado?».

Carencia de pruebas

El Departamento de Estado definió oficialm ente a al-Shabab como organización terrorista en 2008, convirtiendo en ilegal cualquier acción de apoyo al grupo por parte de ciudadanos estadounidenses o no estadounidenses. Sin embargo, los funcionarios de la administración reconocen que la mayoría de los combatientes de al-Shabab son únicamente participantes en la larga guerra civil de Somalia y que sólo unos cuantos están implicados en terrorismo internacional.

Savitt, el defensor de Yusuf, reconoció que su cliente luchaba en nombre de al-Shabab contra las fuerzas somalíes que EEUU apoya. «Oh, yeah «, declaró. «No voy a negar esa acusación».

Pero Savitt dijo que no había ninguna razón legítima para procesar a Yusuf en EEUU. «Lo último en el mundo que realmente necesitamos es dedicarnos a atrapar y a encerrar a 10.000 combatientes de al-Shabab o a llevarlos ante el poder judicial», añadió.

Las autoridades de Suecia y Gran Bretaña habían estado controlando durante años a los tres hombres cuando iban y volvían de Somalia, pero ningún país reunió pruebas suficientes como para poder presentar acusaciones penales.

«Esos chicos son bien conocidos por las fuerzas de seguridad suecas», dijo un funcionario sueco, que habló bajo anonimato para poder referirse a asuntos de inteligencia.

Las agencias de seguridad suecahan cooperadoen el pasado con funcionarios estadounidenses en casos de entregas extraordinarias compartiendo inteligencia sobre determinados objetivos. Mark Vadasz, portavoz del Servicio Policial de Seguridad sueco, declinó hacer comentarios sobre si la agencia había jugado algún papel en los casos que afectaban a Yusuf y Ahmed. El pasado verano, antes de que fuera detenido en Djibuti, las autoridades británicas notificaron a la familia de Hashi que iban a adoptar la inusual medida de retirarle su ciudadanía, citando sus actividades «extremistas».

Hashi y su familia han negado la alegación. En 2009, Hashi presentó una querella oficial por acoso contra el MI5, la agencia de inteligencia interior británica, diciendo que sus agentes le habían estado presionando para que se convirtiera en informante.

Un portavoz del Home Office, que emitió la orden de quitarle la ciudadanía, declinó comentar o decir si los funcionarios británicos habían cooperado con EEUU en la entrega extraordinaria.

Asim Qureshi, director ejecutivo de CagePrisoners, un grupo británico por los derechos humanos que ha actuadoen nombre de Hashi, dijo que el caso era demasiado débil para poder presentarlo ante un tribunal europeo.

«Un cínico diría que es más fácil conseguir una condena bajo pruebas falsas en EEUU que en cualquier otro lugar», dijo. » Sólo alegando que alguien es miembro de al-Shabab no vas a llegar muy lejos en Gran Bretaña. Un juez habría desechado el caso antes siquiera de comenzar».

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