Opinión

Reconquista de derechos civiles en Nicaragua, el caso de la propiedad

(Por María Julia Mayoral) Nicaragua, bajo la conducción del presidente Daniel Ortega, impulsa un proceso de regularización de la propiedad a favor de cientos de miles de familias pobres, sacadas del limbo jurídico y la zozobra del desalojo

Redacción Central |

Entre 1900 y enero de 2007, esta nación centroamericana vivió un retroceso en términos de derechos humanos, que en el terreno de la propiedad se manifestó en contrarreforma agraria y urbana, frente a las prerrogativas reconocidas por la revolución sandinista de 1979.

Al decir de Ortega, la concesión masiva de títulos de propiedad a partir de enero de 2007, con el retorno del Frente Sandinista de Liberación Nacional a la dirección del Ejecutivo, constituye un nuevo proceso de reforma agraria y urbana en el país.

Durante el transcurso de 16 años de administraciones neoliberales, tuvo lugar aquí el «trasiego y traspaso de muchísimas propiedades a favor de particulares», sostiene el doctor Hernán Estrada, Procurador General de la República.

Algunos de esos dueños se denominaron inversionistas y habían logrado desarrollar proyectos, pero otros intentaban legitimar y legalizar despojos hechos al Estado en tiempos del neoliberalismo, señaló el experto, en declaraciones a la prensa.

EL RESCATE

De 2007 a diciembre de 2011, 160 mil familias recibieron los documentos acreditativos como dueñas de sus parcelas o lotes donde viven o trabajan, como resultado de la gestión de gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional a lo largo de un lustro.

Sin la contribución de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) no hubiera sido posible desplegar un programa de tal magnitud en beneficio de la gente más humilde en Nicaragua, refirió Ortega en reciente acto de masas.

ALBA aportó 15 millones de dólares que hacían falta para completar los gastos del programa en trabajos como medición de terrenos, trámites y conformación de los textos legales; porque todo eso cuesta dinero, pero las familias reciben sus títulos gratuitamente, explicó.

El líder del gobernante FSLN recordó que el campesinado libró luchas históricas por la tierra, frente al desalojo: en época de la dictadura de Somoza, ejemplificó, miembros de la guardia nacional asesinaron a mucha gente del campo, cumpliendo órdenes de los latifundistas.

Hubo un caso de crímenes masivos en Chinandega, y el escándalo llegó a ser de tal magnitud que el dictador Somoza se vio obligado a abrir juicio contra el coronel Juan Ángel López, quien era el comandante de la zona, pero todo resultó un simulacro y ningún terrateniente fue juzgado, señaló.

Muchas familias carecen todavía de parcelas propias, por lo que Ortega orientó avocarse en cada demarcación a las comisiones compuestas por la Intendencia de la Propiedad, el Poder Ciudadano y las Alcaldías, encargadas de registrar las solicitudes.

«Es importante que se tome en cuenta que para titular hay que identificar el terreno, luego negociar con el dueño del terreno, si el terreno tiene un dueño; no hay problema si es de la Alcaldía o del Estado», comentó el estadista al solicitar calma y confianza a quienes siguen a la espera.

«Luego tienen que llegar los ingenieros a tomar las medidas y ver los límites de la propiedad, tiene que llegar la Intendencia para llegar a este título lleva mucho trabajo y esfuerzo», explicó el dirigente en encuentro con el pueblo.

El proceso debe ser ordenado y demandará tiempo, pero «hay suficiente tierra en Nicaragua para que todas las familias tengan su lotecito y todos los campesinos tengan su finquita», subrayó.

Ese acto de justicia, alegó, debe acompañarse de educación, salud, empleo, mejores viviendas, carreteras y otras obras de infraestructura para el desarrollo sobre bases cristianas, socialistas y solidarias.

ENFOQUE DE GÉNERO

Como política de Estado se trata de que al menos la mitad de los títulos de propiedad sean acreditados a las mujeres, pues ellas suelen ser puntales en el sustento de las familias y el cuido de los hijos.

«Es un derecho que hemos venido alcanzando las nicaragüenses; un derecho nuestro, un derecho que nadie nos puede cuestionar y que este Gobierno tiene que hacer valer», expuso la líder sandinista Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía.

Aún muchos ciudadanos, incluidas las mujeres, no tienen comprensión exacta de la trascendencia de ese enfoque de género, tal vez por costumbres que privilegian la autoridad de los hombres a la hora de tomar las decisiones.

Murillo destacó la necesidad de seguir persuadiendo a la población sobre la importancia de que más nicaragüenses sean las titulares de la propiedad, lo cual equivale también a modificar patrones culturales.

A juicio del cardenal Miguel Obando y Bravo, el gobierno del FSLN constituye una opción preferencial por los pobres, según manifestó en ceremonia litúrgica por el día de los difuntos a fines del año anterior.

LA CONTINUIDAD

Con respaldo en las urnas superior al 62 por ciento, el pasado 10 de enero Ortega asumió un nuevo período de mandato por cinco años con la promesa de «seguir haciendo lo mismo que hicimos estos cinco años, pero mejor y más para continuar erradicando la pobreza».

Así lo definió el estadista en la ceremonia de toma de posesión frente a la necesidad de suprimir desigualdades históricas y secuelas de años recientes por la ejecución de políticas neoliberales.

A juicio del político hoy más que nunca la humanidad entera demanda paz; pero paz con dignidad, trabajo, justicia y unidad.

De 2005 a 2009, Nicaragua redujo la pobreza general en 5,8 puntos porcentuales al pasar de 48,3 a 42,5 por ciento, mientras que la miseria extrema bajó 2,6 por ciento (de 17,2 a 14,6), verificó la Encuesta Nacional de Medición de Vida.

Pese a los avances, la situación todavía resulta precaria, sobre todo en las zonas rurales, donde la pobreza extrema supera casi cinco veces el índice urbano y la carestía general resulta el doble, indicó el estudio.

Instituciones financieras internacionales reconocen que el Ejecutivo, encabezado por el FSLN, de 2007 a 2010 protegió el gasto dirigido a combatir la pobreza con la creación de un espacio fiscal de tres mil 358,5 millones de dólares.

En promedio anual, dicho monto fue equivalente al 13,5 por ciento del Producto Interno Bruto, superior a la medida en Administraciones anteriores, pues de 2002 a 2006 llegó a solo 11,7 puntos porcentuales, señalan registros oficiales.

Datos de la más reciente Encuesta Continua de Hogares coloca al empleo entre los principales aciertos, con un crecimiento del 31,1 por ciento (649 mil 200 ocupaciones) de 2006 a 2010.

Durante la campaña electoral, Ortega estableció el compromiso de entregar, de 2012 a enero de 2017, otros 150 mil títulos de propiedad a familias pobres.

Las proyecciones incluyen proporcionar servicios de agua potable y saneamiento a más de 845 mil 200 personas y llevar la electricidad a unos 306 mil hogares para favorecer de manera directa a 1,7 millones de habitantes.

Entre las prioridades también figuran el mejoramiento de la calidad en las prestaciones de salud y educación gratuitas, incrementar la cobertura nacional de vacunación, el financiamiento a pequeños y medianos productores, y la atención a la infancia, la juventud, los adultos mayores y las mujeres.

En el acto de asunción presidencial, el titular de la Asamblea Nacional, René Núñez, subrayó la valoración positiva de la población sobre el desempeño de la Administración de Ortega, como evidencian los resultados en las urnas y distintas encuestas.

El 63 por ciento de los ciudadanos considera que el país va por buen camino y 61 por ciento califica la gestión de «muy buena o buena», y solamente 29 por ciento tiene opiniones adversas, destacó el funcionario.

(Redacción Central La Voz del Sandinismo – Prensa Latina)

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