Opinión

Opositores sin saber que hacer para enfrentar la contraofensiva sandinista

(Por Alfredo G.Pierrat) Las fuerzas opositoras al gobierno del presidente Daniel Ortega se debaten hoy en sus propias contradicciones y parecen no saber qué hacer para contrarrestar la contraofensiva sandinista en los principales escenarios de confrontación política del país.

Redacción Central |

(Por Alfredo G. Pierrat) Las fuerzas opositoras al gobierno del presidente Daniel Ortega se debaten hoy en sus propias contradicciones y parecen no saber qué hacer para contrarrestar la contraofensiva sandinista en los principales escenarios de confrontación política del país.

La oposición nunca se ha resignado a la derrota sufrida en las elecciones generales de noviembre del 2006, que interrumpió 16 años de regímenes neoliberales y abrió las puertas del gobierno al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) liderado por Ortega, y posibilitó emprender la segunda etapa de la Revolución iniciada en 1979.

Y mucho menos han logrado asimilar la mayoritaria victoria sandinista en los comicios municipales del 2008, que califican de fraudulenta y culpan por ello a los actuales integrantes del Consejo Supremo Electoral (CSE).

Tras la cita electoral de noviembre de 2008, las fuerzas opositoras representadas en la Asamblea Nacional comenzaron a obstaculizar el funcionamiento de las sesiones parlamentarias y esa estrategia de presión contra el sandinismo se recrudeció un año después y continúa hasta ahora a pesar de sus magros resultados.

El pretexto fue la decisión adoptada en octubre de 2009 por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en ausencia de los magistrados liberales, de declarar inaplicable el artículo de la Carta Magna que prohíbe la reelección presidencial consecutiva y limita a dos el número de mandatos.

Ese fue el primer paso legal inspirado por el FSLN para crear las condiciones que hicieran posible, por medio de las urnas, la prolongación de la permanencia sandinista en el gobierno y la aplicación a largo plazo de un proyecto político dirigido a mejorar la calidad de vida de la población de uno de los países más pobres de América Latina.

Desde entonces, el bloqueo a las labores legislativas ha sido constante y la Asamblea sólo ha sesionado ocasionalmente durante el transcurso de este año, como consecuencia de una estrategia dirigida a crear el caos y desestabilizar el funcionamiento normal de los principales poderes del Estado.

Objetivo central de esa estrategia ha sido a lo largo de este año la negativa a debatir y aprobar la ratificación o renovación de los magistrados y funcionarios de alto rango de los principales poderes del Estado, particularmente del CSE y de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Previendo esa situación, el presidente Ortega emitió en enero pasado un decreto mediante el cual ordenó que todos los magistrados y funcionarios de los poderes del Estado a quienes se les venciera el período de cinco años para el que fueron elegidos, debían permanecer en sus cargos hasta que la Asamblea los ratificara o eligiera a sus sustitutos.

El mandatario fundamentó esa decisión en un párrafo del artículo 201 de la Constitución Política que expresa textualmente que: «Los miembros de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo Supremo Electoral y las demás autoridades y funcionarios de los diversos poderes continuarán en el ejercicio de sus cargos mientras no tomen posesión quienes deben sustituirlos de acuerdo a la Constitución».

La oposición ha criticado duramente ese decreto, que califica de ilegal porque el citado párrafo fue omitido del texto constitucional en las ediciones de la Carta Magna publicadas con posterioridad a 1990, aunque nunca ha sido derogado.

Los magistrados sandinistas y de otras fuerzas en el CSE, el CSJ, en la Contraloría General de la República y en otros poderes del Estado, se acogieron al decreto cuando se les vencieron sus mandatos, pero otros -principalmente los liberales- abandonaron sus cargos, mientras los que permanecieron eran tildados de funcionarios de facto y calificadas sus decisiones de ilegales.

En la CSJ, su presidente, el liberal Manuel Martínez, y otros cinco también liberales, abandonaron sus cargos, pero, en cumplimiento de lo previsto por la ley ante situaciones como esa, fueron sustituidos por conjueces elegidos por la Asamblea en 2007, a fin de mantener funcionando el sistema judicial.

A mediados de septiembre último y por instrucciones del presidente del Parlamento, el sandinista René Núñez, fue publicado el texto de la Constitución Política, que incluye el párrafo del artículo 201 omitido desde 1990, una decisión que no tiene marcha atrás, pues la Asamblea, con el respaldo de 41 de los 52 diputados presentes en el hemiciclo, aprobó después esa decisión.

Mientras, en la CSJ, los magistrados y conjueces ratificaron la semana pasada la decisión adoptada en octubre del pasado año por la Sala Constitucional, que restableció el derecho a la reelección para todos los nicaragüenses que ostenten un cargo público, y ratificó la inaplicabilidad del artículo 147 de la Constitución, lo que da vía libre a la reelección presidencial.

Para completar, la CSJ decidió este miércoles, reunida en Corte Plena, renovar su composición y eligió para presidir ese importante Poder del Estado a la magistrada sandinista Alba Luz Ramos, quien ocupaba el cargo de manera provisional desde que el entonces presidente, Manuel Martínez, lo abandonó

Mientras tanto, el FSLN continúa ganando apoyos en el Parlamento y algunas fuentes aseguran que no esta lejos de alcanzar los necesarios para sumar a los 38 diputados sandinistas, los que le faltan para alcanzar los 56 imprescindibles para, incluso, reformar la Constitución.

El autor es corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua

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