Opinión

La guerra por el poder

(Por Consuelo Sandoval) La oligarquía está convencida de que su candidato presidencial, será derrotado nuevamente por el presidente Daniel Ortega en las urnas electorales, razón por la cual se empeñan en desacreditar la organización del próximo proceso electoral a través de la figura del actual titular del CSE.

Redacción Central |

Han derrochado toneladas de papel, galones de tinta, energía eléctrica, salarios de los trabajadores, incluyendo periodistas, depreciación de vehículos y viajes al exterior, entre otros rubros.

El monto de los gastos no importa. Los negociantes de los medios de comunicación, cuentan con suficientes recursos que les proporcionan gobiernos extranjeros, para financiar las campañas de desprestigio y difamación.

Lo fundamental es demoler al enemigo y si fuese posible, expulsarlo de la institución y desterrarlo del país.

El objetivo de moda a destruir es Roberto Rivas, y no porque sea una figura relevante, sino porque representa al Poder Electoral, que en las últimas elecciones ha verificado el legítimo triunfo electoral consecutivo, que ha experimentado el Frente Sandinista.

Los ataques contra él, su familia y entorno, han sido feroces e indiscriminados. Rivas fue electo magistrado en la década de los años 90, período en que era admirado y catalogado como un funcionario ilustre, respetable y muy competente, para organizar y dirigir procesos electorales.

Mientras respondió a las expectativas de la oligarquía criolla, personaje no tuvo ningún problema con las empresas mediáticas.

La derecha continuó confiando en la capacidad de Rivas, hasta que el pueblo les dio la espalda en las urnas, desencantado porque en 16 años de gobiernos neoliberales, jamás cumplieron sus promesas de campaña, y no mostraron pizca de sensibilidad humana y social, para resolver los problemas de los nicaragüenses.

Por el contrario, para favorecer a los empresarios y engordar más sus bolsillos, se dedicaron a privatizar los servicios telefónicos, energía (eléctrica), salud y educación, los dos últimos se otorgaban de forma gratuita a la población más pobre, gracias a la voluntad política del gobierno sandinista en la década de los años ochenta.

La admiración que la derecha tenía por Rivas desapareció cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE), dio a conocer que los resultados de las elecciones municipales del año 2000, daban el triunfo electoral al candidato rojinegro; nuevamente en el año 2004, ganó la silla edilicia capitalina, y en 2006, el comandante Daniel Ortega se alzó con la victoria presidencial.

La ola victoriosa continuó en 2008, con la elección del tri campeón mundial del ring, Alexis Arguello, en la Alcaldía de Managua y buena parte de las municipalidades del país; y más recientemente en los comicios regionales de la Costa Caribe.

Jamás perdonarán a Rivas que haya proclamado a los candidatos electos por el pueblo. Ellos querían que ganaran los candidatos blanquitos, ojos azules, de hablar pausado y educados en Estados Unidos.

No conciben, de acuerdo a sus estándares, que un negrito, y sin apellido de abolengo, gobierne este país.

Ahora la derecha tilda a Rivas de corrupto, ladrón y cualquier otro calificativo que puedan endilgarle. Les han cuestionado la compra de supuestas mansiones, vehículos de lujo, la apropiación «indebida» de lugar en donde edificó su vivienda; el estudio de sus hijos en Costa Rica, su vínculo con el Cardenal Miguel Obando, que tiene como asistente a la madre del magistrado, como si eso fura pecado. En síntesis han satanizado a Roberto Rivas.

Llegaron al extremo que decretado un boicot a las sesiones de la Asamblea Nacional, para que no se someta a votación y elección a unos 25 funcionarios públicos, incluyendo Rivas, a quienes se les venció su período en el cargo.

No obstante, están ejerciendo los cargos en virtud del decreto emitido por el presidente Ortega, fundamentándose en la Constitución, quien prorrogó su estadía en el puesto, para no perjudicar el buen desempeño de los poderes e instituciones del Estado.

El decreto presidencial 3-2010 fue validado por una resolución del Poder Judicial.

Pero además, esa disposición presidencial está sustentada en el artículo 201 (de la Constitución) , segundo párrafo que cita que los actuales funcionarios continuarán en sus puestos en tanto no sean reelectos o nombrados los sustitutos.

De igual manera, la derecha ha intentado desconocer otra resolución de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), que declaró con lugar el recurso interpuesto por el presidente Ortega y los alcaldes sandinistas, contra una norma constitucional, que les impide reelegirse en el cargo, violando el principio de igualdad de los ciudadanos ante la ley.

En realidad Rivas, no representa peligro alguno para la derecha, sino que se ha convertido en un obstáculo para ejecutar sus planes de fraude electoral y apuestan a cambiar al árbitro electoral para intentar maniobrar a favor de sus candidatos.

La oligarquía está convencida de que su candidato presidencial, será derrotado nuevamente por el presidente Ortega en las urnas electorales, razón por la cual, se empeñan en desacreditar la organización del próximo proceso electoral, a través de la figura del actual titular del CSE.

Por eso, preparan las condiciones para declarar anticipadamente un fraude electoral, invocando la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos (OEA), y si fuese posible, demandarían la intervención armada de Estados Unidos en Nicaragua.

El triunfo electoral del presidente Ortega es inminente, pues los programas y proyectos sociales que impulsa su gobierno, que ha beneficiado a moros y cristianos sin distingo de color político, raza o credo religioso, ha calado en la conciencia del pueblo, que no querrá volver a perder sus derechos, restituidos por la actual administración.

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