Opinión

El somocismo de los probos

(Por Jorge Capelán) Pronto, muy pronto, la justicia volverá a estar completamente en manos del pueblo y juzgará a los ladrones. Es esa y no otra la "partidización" a la que teme la oligarquía

Redacción Central |

Entre más arrinconada se ve la dirigencia política de la oligarquía, menos le conviene la democracia burguesa y con más fuerza necesita resucitar al viejo somocismo, cuyo sistema político fue desmantelado un 19 de julio de 1979.

La última campaña de guerra psicológica del vocero del Departamento de Estado en Managua concentra su fuego sobre el poder judicial al que acusan de estar «secuestrado» por «intereses partidarios».

La Prensa dedica su suplemento dominical del 7 de febrero al tema de la supuesta o real partidarización del sistema judicial alegando que el mismo se encuentra en manos de los sandinistas por medio de una estrategia conscientemente diseñada a partir de 1990.

El reportaje de La Prensa es una apología del sistema judicial somocista, al que consideraban «no partidizado» a diferencia del actual.

Antes de someter el producto dominical del pasquín norteamericano de Managua a las armas de la crítica, haremos un par de observaciones generales acerca de los argumentos de la derecha.

La derecha (desde los partidos liberales y conservadores hasta los «renovadores» «sandinistas») repite constantemente la tesis de que en un sistema democrático-representativo, los jueces deben ser independientes de los intereses político-partidarios.

Esta tesis es engañosa y además esconde intenciones profundamente hipócritas.

Un sistema jurídico está diseñado para aplicar las reglas del juego existentes en una determinada sociedad. Una institución, que no tiene en sus manos la aplicación de la violencia, decide cómo ésta será aplicada de acuerdo a reglas acordadas por los representantes políticos de las clases sociales en pugna.

Pero la participación de las clases sociales en la definición de las reglas del juego no es pareja. En la mayoría de los países del mundo, el poder de la clase capitalista (una minoría exigua de la población) es absoluto, aún más, tomando en cuenta que la variante neoliberal actual del régimen capitalista es justamente el poder absoluto del capital sobre el trabajo.

En casi todos los países es muy difícil llegar a ser abogado (ya no digamos juez) si no se pertenece al grupo social de la «gente bien», es decir, de la gente con plata, por lo general de sexo masculino y de rasgos no demasiado indiados o negros sino más bien tirando al lado blanco del espectro.

Gente que es de extracción pobre, de sexo femenino, de piel negra y de ideas socialistas es una excepción en la mayoría de los sistemas judiciales del mundo, aunque los movimientos de obreros y campesinos por los derechos de las mujeres, contra la opresión racista y sectores socialistas, en muchos de estos países tengan un considerable número de partidarios.

Esto es lo natural en el orden capitalista. Cuando la gente simpatiza con un partido que está contra ese orden, entonces los que defienden el capitalismo lo llaman «antidemocrático».

Pues bien, en Nicaragua, un 19 de julio de 1979 ese orden «normal» fue cambiado por la Revolución Popular Sandinista y muchos jóvenes de extracción humilde, sexo femenino, piel oscura e ideas revolucionarias se empezaron a formar para un nuevo sistema jurídico al servicio de la mayoría y no sólo de una pequeña élite de ricos panzones.

Quien haya vivido en esa época y tenga un poco de memoria se recordará cómo miles de jóvenes del partido sandinista (o sea, el partido de las mayorías), allá por 1982 ó 1983 cada sábado le quitaban horas al trabajo organizativo en los movimientos de masas, al trabajo de la defensa o al trabajo en la producción para adquirir una formación académica. Muchos de esos jóvenes más tarde se convertirían en especialistas en diferentes ramas del derecho.

Luego de una guerra sangrienta financiada por los yanquis, de un brutal bloqueo impuesto por los yanquis, y de millones de dólares en propaganda política puestos por los yanquis, al pueblo nicaragüense le obligaron, con una pistola en la sien, a «elegir» a unos señores muy democráticos, en su mayoría venidos de Miami con unas ganas tremendas de comprarse todo a precio muy barato, que es la manera fina que tienen los burgueses para describir su particular forma de robar.

Estos señores querían que Nicaragua volviese a ser un país «normal», es decir, un país en el que las élites y sus descendientes controlan todos los espacios del poder. Hicieron lo todo lo que pudieron para lograrlo, pero desgraciadamente para ellos, el partido del pobrerío, aunque no tenía la fuerza suficiente para retomar el poder, se negaba a suicidarse y regalarles el país.

Entonces, el Frente Sandinista se convirtió en el convidado de piedra en la democracia de los ricos. Y también es por eso que el sistema judicial, usando la pintoresca jerga de la derecha, se ha «partidizado». ¿Quién puede culpar al Frente de haberse preocupado por formar profesionales y abogados del derecho identificados con su proyecto? Si un partido tiene la intención de ser gobierno, lo más natural es que se encargue de tener gente capaz para gobernar.

Según la derecha, el sistema judicial está «partidizado» porque los jueces no son todos miembros de la misma clase social que tiene el poder económico. He ahí la hipocresía de su argumentación.

Y ahora vayamos al suplemento dominical de La Pren-CIA.

El diario derechista publica el 7 de febrero una larga entrevista con el ex-magistrado de la corte de apelaciones de Managua Don Alfonso Dávila Barbosa que califica el poder judicial actual como «una vergüenza».

Luego, le sigue un reportaje según el cual «el 90 por ciento de los jueces del país tiene alguna filiación sandinista, como resultado de una estrategia que el Frente comenzó a trabajar desde 1990».

Iremos por partes.

Desde su silla abuelita en el barrio San Jerónimo de Masaya, el apacible anciano Alfonso Dávila, con una larga trayectoria jurídica que lo llevó a ser magistrado de apelaciones, dice a La Prensa que su ascenso a la Corte Suprema fue cortado por la invitación que rechazó de hacerse miembro del Frente Sandinista como requisito previo a su ingreso al máximo órgano judicial del país.

Eso dice él, y como respaldo debemos aceptar las credenciales de profesionalismo del «diario de los nicaragüenses» (¿?).

Don Alfonso Dávila sufre por el estado del sistema judicial en Nicaragua: «¡Se perdió la credibilidad del Poder Judicial! Esas cosas que se están diciendo son alarmantes, falsifican firmas, se pierden dólares, se pierden expedientes… ¡eso no pasaba antes!» dice el provecto entrevistado.

Un momento: ¿qué quiere decir Don Alfonso cuando habla de «antes»? Él mismo nos lo explica acto seguido: «Cuando yo trabajaba en León era una cosa respetable. Incluso, cuando uno iba a hacer una gestión de abogado, hace 30, 40 años, el portero te decía: «Por favor, venga de saco»».

Disculpe, don Alfonso: Hace treinta o cuarenta años reinaba en Nicaragua una de las dictaduras más oprobiosas y corruptas del continente. Cuando usted se ponía el famoso saco de abogado para ir al juzgado, a unas pocas cuadras, en el comando de la guardia, en las mazmorras de «la 21», a la gente le quebraban los dedos de las manos, les arrancaban las uñas y los torturaban hasta morir.

La dictadura somocista no fue cosa de juego. La familia Somoza amasó una fortuna calculada entre 500 y 900 millones de dólares, en parte gracias al saqueo posterior al terremoto de 1972 y al robo de cientos de millones de dólares de créditos internacionales para la reconstrucción del país.

Para matar a 50 mil nicaragüenses, herir a otros 300 mil y expulsar del país a otros 150 mil, la dictadura endeudó a sus propias víctimas con mil 600 millones de dólares utilizados en actividades tan poco edificantes como el bombardeo de ciudades y poblaciones civiles y el mantenimiento de 14 mil guardias que se describían a sí mismos como tigres sedientos de sangre.

Que yo sepa, la única manera de sacar a los presos políticos de la cárcel «hace treinta o cuarenta años» era secuestrando ministros o parlamentarios oligarcas entonces llamados «zancudos». Era un estado bárbaro, brutal, genocida, y además, en avanzado estado de descomposición.

Pero para el provecto jurista de la Pren-CIA, el poder judicial de ese estado somocista «tenía credibilidad»… ¡porque había que ponerse saco para entrar al juzgado! ¿Falta de memoria o nostalgia por un pasado que – por suerte – jamás volverá?

Lo dejamos a juicio del lector al que recomendamos leer la entrevista en su totalidad si quiere acceder a una colorida idealización jurídica del somocismo.

Y ahora sigamos con el segundo artículo del suplemento dominical. Estimado lector: agárrese fuerte porque lo que viene es dinamita pura: en nueve de cada 10 tribunales del país rige la ley del Frente Sandinista (según La Prensa).

La talentosa periodista «de investigación» Martha Solano Martínez nos ofrece un sesudo estudio según el cual el FSLN habría copado el sistema judicial con sus cuadros de acuerdo a un plan diseñado en 1990.

Además de las grandes fotos de ilustración, el bonito diagramado, los recuadros de ampliación y hasta un gráfico estadístico de impecable factura técnica, el «reportaje» de Solano Martínez se sostiene en dos fuentes: Las opiniones de ciertos juristas y políticos opositores al gobierno y una estimación, a ojo de buen cubero (y contando como sandinistas a todos aquellos que en los 80 alguna vez llevaron una pañoleta de la ANS), de las simpatías políticas de los 337 jueces propietarios existentes a nivel nacional.

Primero: ¿cuál es la fuente que confirma que el Frente Sandinista a partir de 1990 diseñó una estrategia para copar el sistema judicial del país? Las afirmaciones del político derechista Carlos Tünnerman, ex candidato presidencial por el Partido Conservador.

El ex ministro de Educación durante la Revolución dice a la autora del reportaje que a inicios de los 90, «las universidades, tanto de León como de Managua, abrieron cursos por encuentro» para realizar estudios de derecho cuyo nivel académico pone en cuestión.

Resulta sumamente extraño que Tünnerman, que en sus tiempos de ministro de educación defendía este tipo de cursos sabatinos, no recuerde que ya a inicios de la década de los 80 miles de sandinistas, que habían luchado con las armas en la mano para derrocar a la oprobiosa, sangrienta y corrupta dictadura somocista, participaban en cursos de educación a distancia a todos los niveles al tiempo que cumplían exigentes funciones en el aparato del Estado, en las fuerzas armadas y en las organizaciones de masas.

Carlos Tünnerman, que debe a la Revolución Sandinista muchas de las distinciones, becas y títulos que a lo largo de su carrera le fueron concedidos por organismos internacionales, ahora reniega del modelo educativo que una vez ayudó a implementar. Esto es comprensible, dado que las distinciones, becas y títulos hoy en día vienen sólo para aquellos que defienden la institucionalidad a la medida de las élites.

La otra capa de barniz de legitimidad del reportaje de La Pren-CIA también tenía que venir de otra ex-sandinista de raíces cachurecas (conservadoras) ahora asalariada de la USAID, la presidenta del CENIDH Vilma Núñez de Escorcia.

Es interesante la reinterpretación que de su historia personal ahora de esta representante de la Sociedad Sí-Vil S.A. Resulta que doña Vilma llegó a ocupar el puesto de magistrada del tribunal de apelaciones de León gracias al sistema de cuotas dentro del esquema de modus vivendi pactado entre liberales y conservadores en la gran «democracia» somocista de las Tres P: Plata para los amigos, palo para los indecisos y plomo para los enemigos.

Doña Vilma se jacta según La Pren-CIA de haber sido electa «por unanimidad» por aquel congreso de zancudos encargado de elegir a un candidato conservador por cada tres liberales, un sistema en el que, sin embargo, ella dice «prevalecía el profesionalismo de los escogidos».

Más tarde la doctora pasaría a convertirse en valiosa (y valiente) abogada defensora de los guerrilleros sandinistas, compromiso que fue premiado por el profesional sistema judicial somocista mandándola a la cárcel.

La Revolución la libera y luego la nombra magistrada de la Corte Suprema de Justicia, pero la doctora Vilma Núñez, hoy se queja de entonces haber sido objeto de presiones políticas a causa de su independencia y rectitud.

Para doña Vilma, en el somocismo prevalecía el profesionalismo de los jueces, mientras que durante la Revolución Popular Sandinista, a los jueces que eran independientes se les llamaba «legalistas, reaccionarios y conservadores». Con esto le limpia la cara a la dictadura más criminal de América Latina y ensucia a la revolución a la que en el pasado dijo servir.

Que el lector juzgue tamaña integridad y firmeza de principios.

El suplemento dominical de La Prensa, lejos de ser una producción de carácter periodístico, es un intento de lobotomizar lectores con de por sí debilitada memoria histórica, es un panfleto desinformador con la intención de extirpar de la conciencia de sectores del pueblo nicaragüense hasta el último vestigio de recuerdo de la historia real del país en los últimos «treinta o cuarenta años».

Es, en suma, otra amunición de la guerra psicológica que Estados Unidos dirige con el fin de implantar en Nicaragua la institucionalidad de las élites en la que parlamentarios zancudos e hijos de oligarcas se reparten el poder de explotar al pueblo.

Por suerte, y como decía Sandino, «a todos se puede engañar con el tiempo, pero con el tiempo no se puede engañar a todos». El pueblo nicaragüense va despertando y cada vez le tiene menos respeto a esas columnas de autodenominados probos y demócratas que quieren venderle las virtudes de un pasado de horror que no regresará.

Pronto, muy pronto, la justicia volverá a estar completamente en manos del pueblo y juzgará a los ladrones. Es esa y no otra la «partidización» a la que teme la oligarquía.

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