Opinión

Neoliberales temen la competencia

(Por Consuelo Sandoval) Claro que existe monopolio mediático, pero de la dictadura chamorrista, quien se ha arrogado el derecho exclusivo de poseer el control absoluto de los medios de información

Redacción Central |


(Por Consuelo Sandoval) Claro que existe monopolio mediático, pero de la dictadura chamorrista, quien se ha arrogado el derecho exclusivo de poseer el control absoluto de los medios de información

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Qué ironía. Los principales defensores de la democracia, la libre empresa, el libre mercado y las privatizaciones, principios del neoliberalismo promovidos en Nicaragua por los gobiernos de derecha que encabezó la oligarquía mediática chamorrista desde 1990, son los que hoy se rasgan las vestiduras, cuestionando la venta del Canal 8 de Televisión.

A partir de esa transacción, la dictadura mediática de los Chamorro, ha patrocinado feroces ataques contra el gobierno del presidente Daniel Ortega y su partido, el Frente Sandinista.

Exigen explicaciones sobre los nuevos propietarios del Canal 8, el monto de la compra-venta y el origen de los recursos, y sin presentar pruebas acusan a la familia presidencial de acaparar medios de comunicación.

Claro que existe monopolio mediático, pero de la dictadura chamorrista, quien se ha arrogado el derecho exclusivo de poseer el control absoluto de los medios de información, y ahora se rehúsa a perder ese lugar privilegiado que han ostentado a lo largo de la historia de Nicaragua.

Exigen democratización de la propiedad de los medios, y la familia Chamorro ejerce el control pleno desde hace 89 y 30 años, respectivamente, sobre el Diario La Prensa y El Nuevo Diario; esto sin incluir el Diario Hoy, la revista Magazine, Confidencial, y los programas televisivos Esta Noche y Esta Semana, entre otros.

Entonces, quien debe cumplir el principio de pluralidad mediática es la dictadura chamorrista y no el gobierno del Frente Sandinista.

Estos seudoabanderados de la libertad de expresión alegan que con el cambio de dueños del Canal 8 de Televisión se estaría vulnerando ese derecho constitucional al pueblo de Nicaragua.Nada más falso e hipócrita.

Contrario a los planteamientos chamorristas, la adquisición de la estación televisiva, rompería parcialmente el cerco mediático que ha impuesto la oligarquía; y además se estará democratizando el uso de los medios de información que por décadas han sido utilizados por sus propietarios para propagar el sistema capitalista que les permite concentrar más riquezas a costa de la explotación de los trabajadores.

Es decir, a partir de ahora, habrá un poco de más balance informativo entre las mentiras que propagandizan los diarios de la familia Chamorro y la realidad que las empresas periodísticas responsables están obligadas a transmitir al pueblo.

Esta familia «defensora» de la libre competencia, constituye el peor ejemplo de democracia mediática. En esos periódicos ningún mortal tiene cabida en sus publicaciones, excepto que convenga a los intereses de la familia real, sus socios, amigos y allegados.

Diariamente se urden campañas de descrédito contra el Gobierno, sus enemigos políticos y la competencia; o en caso contrario, montan acciones para autoalabar a sus negocios de información.

El interés de la oligarquía mediática queda claramente descubierto, al disfrazarse de «Sociedad Civil» y proponer a la Asamblea Nacional, una lista de candidatos a magistrados, contralores y procuradores.

La lista fue presentada por la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AMCHAM), que dirige el ex director de Ingresos Róger Arteaga, ex empleado del gobierno de la ex presidenta Violeta Barrios, y la Coordinadora Civil, dirigida por la extremista derechista Violeta Granera.

Ambos personajes, Arteaga y Granera, se han dedicado a lanzar fuertes ataques a la gestión del presidente Daniel Ortega, el Consejo Supremo Electoral (CSE) y sus autoridades.

En la lista de postulados fueron incluidas personas «notables» entre ellos dos miembros de la familia Chamorro y el resto extraídos de un grupo selecto de incondicionales de ex funcionarios de los gobiernos de derecha, personas vinculadas estrechamente al derrotado candidato presidencial Eduardo Montealegre y algunas de sus fichas que les permita contar con una cuota de poder en el ajedrez institucional nacional.

Para magistrados del Poder Electoral, proponen a Cristiana y Carlos Fernando Chamorro, hijos de la ex presidenta Barrios.

Cristiana es esposa del ex hombre fuerte del gobierno de su madre, Antonio Lacayo, quien ejecutó la privatización de todos los servicios públicos en educación, salud, energía, comunicaciones, y mandó al desempleo a más de 100 mil nicaragüenses que tenían puestos de trabajo en el Ejército, la Policía, y el gobierno central con los mal llamados planes de reconversión ocupacional.

También es socia del Diario La Prensa, publicación que fraguó una permanente e indiscriminada campaña de desprestigio contra de los actuales magistrados electorales.

Su hermano Carlos Fernando, fue director del desaparecido diario Barricada, órgano oficial del Frente Sandinista, y actualmente dirige varios programas de televisión, de radio y una revista, cuyos espacios de información constituyen verdaderas trincheras de propaganda contra la administración del presidente Daniel Ortega y por supuesto contra las autoridades electorales.

Otros que integran la lista de postulados a magistrados electorales son el fascista ex ministro de Educación en el gobierno chamorrista, Humberto Belli, y el ex titular del Ministerio de la Familia Max Padilla, ambos integrantes de la ultra conservadora congregación católica Opus Dei (Obra de Dios).

También se proponen para ocupar otros cargos públicos, Kitty Monterrey, y Eliseo Núñez, correligionarios del Movimiento de Eduardo Montealegre; así como la autonominación de la flamante «dirigente» de la Coordinadora Civil, Violeta Granera, quien ha fungido como el brazo «cívico» de la derecha, encargándose de organizar las marchas blancas a favor de los gobiernos liberales.

En todo caso, los partidos políticos con representación en el Parlamento, tendrán la última palabra, pues sus diputados fueron electos por el pueblo, y deberán decidir quiénes serán elegidos como nuevos funcionarios públicos que fungirán en sus cargos por un período de cinco años.

Son ellos quienes tienen los votos y ojalá no se dejen presionar y amedrentar por las campañas difamatorias de la oligarquía mediática que seguramente emprenderán en contra de los legisladores.

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