Nicaragua

Poder judicial facilita acceso a la justicia a personas con discapacidad

Forma parte del Plan Estratégico Decenal 2012-2021

La doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de la Dirección Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC)
La doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de la Dirección Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC) |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

La doctora María Amanda Castellón Tiffer, directora de la Dirección Resolución Alterna de Conflictos (DIRAC), aseguró que el poder judicial está comprometido en garantizar una atención con calidad a las personas con discapacidad.

En el programa “Una Hora con la Justicia”, recordó que el Plan Estratégico Decenal 2012-2021 incluye en uno de sus seis lineamientos estratégicos facilitar el acceso a la justicia sin discriminación alguna, lo cual se garantiza a través de instancias como la DIRAC.

El acceso a la justicia de las personas con vulnerabilidad es un tema de vital interés tanto para el Poder Judicial como para la DIRAC, conlleva el reconocimiento de los derechos, valores y actitudes de todas las personas con discapacidad, y sobre todo, el aporte de este importante segmento poblacional al desarrollo de nuestro país, valoró.

Señaló que la Ley de los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada el 25 de agosto de 2011, tiene el objeto promover los derechos de las personas con discapacidad, hacer conciencia, divulgar y rendir cuentas sobre el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidades por parte del Estado y de la sociedad.

La funcionaria destacó que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como miembro de la Cumbre Judicial Iberoamericana, aprobó y ratificó las 100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las personas en condición de vulnerabilidad

Afirmó que el documento que debe ser la cartilla de trabajo de las y los funcionarios públicos.

Las 100 Reglas de Brasilia, además de establecer las bases de reflexión sobre los problemas del acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, recogen recomendaciones para los órganos públicos y para quienes prestan sus servicios en el sistema judicial, explicó.

Según el texto, se consideran en condición de vulnerabilidad aquellas personas que por razón de su edad, género, estado físico o mental, o por circunstancias sociales, económicas, étnicas y/o culturales, encuentran especiales dificultades para ejercitar con plenitud ante el sistema de justicia sus derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico.
mem/ele

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