Nicaragua

Continúa juicio oral y público contra Álvaro Montealegre y sus cómplices

Monjas, jubilados y enfermos crónicos eran el blanco perfecto de los integrantes de la supuesta empresa Investment Financial Services, Inc

juicio oral y público contra Álvaro Montealegre y sus cómplices
juicio oral y público contra Álvaro Montealegre y sus cómplices |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

El Ministerio Público señaló este jueves que las principales víctimas y blancos perfectos de la empresa fantasma que Álvaro Montealegre, Hugo Paguaga y el prófugo Roberto Bendaña manejaban mafiosamente, eran monjas, jubilados y enfermos crónicos.

Lo anterior se pudo determinar durante la continuidad del proceso judicial en contra de Montealegre, Paguaga y Bendaña en el Juzgado Séptimo de Distrito Penal de Audiencias.

El doctor Octavio Rothschuh, Juez Séptimo Penal de Juicio de Managua, fue quien retomó el caso en una audiencia especial en el Complejo Judicial Central de nuestra capital.

Rothschuh acusó a Montealegre y compañía por los delitos de crimen organizado, lavado de dinero y estafa agravada, por un monto aproximado de cinco millones de dólares en perjuicio de 16 personas, todas de la tercera edad.

El Ministerio Público continuó el proceso, y de esta forma intenta resarcir los daños contra el patrimonio económico de todas víctimas, a pesar de que Montealegre y Paguaga pagaron lo estafado a las hermanas de la congregación religiosa Santa Teresa de Jesús.

La abogada defensora de la Fiscalía General de la República, Grethel Fernández, indicó durante la presentación que se acusa a Montealegre, Paguaga y Bendaña, por ofrecimiento fraudulento de efectos de créditos.

Fernández explicó que también se les acusa por el delito de crimen organizado, tomando en cuenta que estas tres personas constituyeron una sociedad y una compañía denominada ‘Investment Financial Services, Inc’, el 12 de junio de 2009.

Después de la intensa investigación, la conclusión es que el objetivo de esta estructura, debidamente organizada, era captar dinero, depósitos, o intermediar fondos, haciéndoles creer a los clientes que eran una empresa sólida, de reconocido prestigio y estabilidad financiera.

La fiscal Fernández agregó que Montealegre y demás acompañantes no contaban con autorización de la Superintendencia de Bancos para operar en Nicaragua. “Además los engañaron (a las personas), diciéndoles que sus depósitos estarían respaldados en certificados de inversión; con tasas muy competitivas, superiores a las del sistema financiero nacional e internacional”, expuso.

De esta manera, las operaciones que realizaron con las 16 víctimas, en esta causa, son ilegales; y le daban la apariencia de legalidad. Los afectados dispusieron de su patrimonio económico de toda una vida; eran personas en su mayoría jubilados.

“Permanecieron con el dinero de las víctimas por más de un año, con un interés de 7.5%; 8.5%; 6.5%, y variantes. Ante esto, las víctimas llegan a un momento, cuando no comienzan a percibir los intereses que habían sido prometidos, a hacer reclamos. Se dieron falsas promesas, excusas, hasta llegar a la apropiación”, detalló Fernández.

En este mismo juicio oral y público, el Ministerio Público también acusó a Roberto Bendaña, quien se fugó del país el 28 de diciembre de 2013, cayendo en rebeldía ante el sistema judicial nicaragüense.

Sobre este tema, la primera resolución que tomó el juez Rothschuh fue nombrar a la doctora Regina Thomsom, del Ministerio Público, como abogada defensora de Roberto Bendaña, quien aún se encuentra prófugo de la justicia.

Además, testificó la doctora Juana Roxana Alonso, quien aseguró que su mamá, la señora Petrona del Carmen Ordeñana, de 74 años de edad, se encuentra muy enferma, postrada en una cama, tras ser estafada por Montealegre, Paguaga y Bendaña.

Alonso explicó que “estos señores” le dijeron que la empresa ‘Investment Financial Services, Inc’, contaba con todo el respaldo de las reservas de oro de los Estados Unidos y también el respaldo de los bancos en Panamá; y que la tasa de interés que le darían sería de 7,50%.

Indignada ante el Juez Séptimo de Distrito Penal, Rozana expresó que “nos atendieron con meseros, dándonos cappuccino. Un cappuccino le costó 65 mil dólares a mi mamá, porque ese fue el monto que se metió en el certificado de depósito a plazos”.

Mientras que el jubilado Danilo Rafael Espinoza, de 68 años y economista de profesión, fue otra de las víctimas. Durante este juicio oral, compareció y explicó que Hugo Paguaga fue quien, en 2010, le ofreció algunos certificados a una tasa de intereses superiores a las que estaban en el mercado financiero en ese momento.

La fiscalía y la defensa de las víctimas demostraron en este proceso que no solo hubo lesión en el patrimonio económico de las víctimas, sino también daño colateral, que implica lesiones a la integridad física y psíquica, partiendo que muchas de las personas afectadas son adultos mayores, y el dinero constituye el ahorro y trabajo de toda una vida.
ros/jos

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