Nicaragua

Renovados esfuerzos para librar a nuestro compatriota de su ejecución

Un alegato por trastornos mentales puede lograr la conmutación de la sentencia

Bernardo Tercero
Bernardo Tercero |

Redacción Central |

Los abogados del reo nicaragüense Bernardo Abán Tercero solicitaron suspender su ejecución, programada para el 26 de agosto en Texas, alegando que sufre de problemas mentales, y que de llevarla a cabo, infringiría la Octava Enmienda de la Constitución federal, que prohíbe ajusticiamientos de personas con tales trastornos.

La moción, presentada el miércoles por los abogados Walter Long y Michael Charlton, recoge la opinión de dos expertos independientes que avalaron un “largo historial de problemas mentales” y de tratamiento con psicofármacos.

Este argumento puede retrasar la ejecución y hasta podría hacer que la suspendan, por lo que la pena podría pasar a ser cadena perpetua, opinó el abogado penal nicaragüense Alfonso Oviedo, radicado en Miami.

En caso de que el Tribunal del Distrito del condado de Harris lo rechace, indicó el experto, este podría presentarlo ante el Tribunal de Apelaciones Criminales de Texas, una instancia superior que en los recientes meses ya ha suspendido varias ejecuciones.

Según los testimonios de los expertos independientes que revisaron a Tercero, este sufre de estrés postraumático, depresión y delirios, así como indicios de esquizofrenia. También alegaron que su falta de “fluidez” en inglés, recogida en los archivos carcelarios, impidió un diagnóstico acotado de su caso.

El nicaragüense fue condenado a muerte por un asesinato cometido el 31 de marzo 1997, cuando irrumpió en una lavandería de Houston (Texas) con el objetivo de cometer un atraco y se enzarzó en una pelea con un cliente del negocio, Robert Berger, al que disparó. Cuando cometió el crimen, Tercero era menor de edad, tenía 17 años.

El presidente de Nicaragua, comandante Daniel Ortega, y el arzobispo de Managua, cardenal Leopoldo Brenes, pidieron clemencia al mandatario estadounidense, Barack Obama, pero este nada puede hacer, ya que se trata de un caso estatal y no federal. La decisión está en manos del gobernador de Texas, Greg Abbott, quien es partidario de la pena capital.

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