Nicaragua

Aprobó el Parlamento reformas a la Ley de Amparo

Permite a los ciudadanos acceder a información personal que se encuentre en poder de cualquier entidad pública o privada, independientemente del tipo de documento

Redacción Central |


Permite a los ciudadanos acceder a información personal que se encuentre en poder de cualquier entidad pública o privada, independientemente del tipo de documento

Gracias a una reforma a la Ley de Amparo aprobada por la Asamblea Nacional, que incluyó el recurso de habeas data, los nicaragüenses podrán conocer y decidir sobre su información personal que aparezca en las bases de datos de cualquier entidad pública o privada.

El recurso de habeas data se incluyó como parte de una reforma a once artículos de la Ley de Amparo y fue aprobada por unanimidad de los legisladores, indicó ante el pleno el titular del Congreso, René Núñez.

El habeas data es un recurso de control de institucionalidad, un mecanismo de protección de los derechos civiles, una garantía de tutela de datos personales, explicó a los periodistas el diputado sandinista Carlos Emilio López, miembro de la Comisión de Justicia, que dictaminó esa reforma.

Con el habeas data los ciudadanos podrán acceder a información personal que se encuentre en poder de cualquier entidad pública o privada, independientemente del tipo de documento en que se encuentre, de acuerdo a la reforma a la Ley de Amparo.

La ley modificada también permite a las personas exigir la oposición, modificación, supresión, bloqueo, inclusión, complementación, rectificación o cancelación y actualización de datos personales sensibles, según el proyecto, dijo un reporte de La Primerísima.

López indicó que con esta reforma se amplía el menú de recursos de la población, ya que, añadió, el año pasado aprobamos la Ley de protección de datos personales.

Los diputados nicaragüenses aprobaron la reforma a la Ley de Amparo basados en que la Constitución Política de Nicaragua expresa que toda persona tiene derecho a conocer toda información sobre ella, así como el derecho a saber por qué y con qué finalidad tiene esa información, de acuerdo con el dictamen.

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