Nicaragua

Nicaraguense no deben ni pueden renunciar a indemnización de EE.UU.

El Procurador General de la República planteó que ningún Presidente tiene potestad para renunciar a un derecho del Estado

Redacción Central |

Nicaraguense no deben ni pueden renunciar a indemnización de EE.UU.
El Procurador General de la República planteó que ningún Presidente tiene potestad para renunciar a un derecho del Estado

El Procurador General de la República, compañero Hernán Estrada, afirmó que la sentencia de la Corte Internacional de Justicia de la Haya, que mandata a Estados Unidos resarcir a Nicaragua por haber sido agredida militar y económicamente, representa un «activo» al cual los nicaragüenses no deben, ni pueden renunciar.

Estrada que formó parte del equipo jurídico que presentó el Gobierno de Nicaragua en 1984, cuando presentó sus demandas contra Estados Unidos por los daños ocasionados por ese país al financiar una guerra contra los nicaragüenses, dijo que ningún presidente tiene la potestad para renunciar al derecho que tiene el «Estado nicaragüense» a ser indemnizado, tal y como lo plantea la sentencia.

Durante la jornada del Repliegue Táctico a Masaya, el comandante presidente Daniel Ortega Saavedra, le recordó a los gobernantes norteamericanos que Estados Unidos debe de cumplir las leyes internacionales, sobre todo cuando se ufana de ser una nación respetuosa de la democracia y del Estado de Derecho.

Daniel en esa ocasión señaló que la sentencia obliga a EE.UU., a pagar 17 mil millones de dólares, por haber minado nuestros puertos, puentes y por el financiamiento que realizó a la entonces grupos contrarrevolucionarios.

«Las cosas en derecho se comienzan y se terminan como deben, por los procedimientos establecidos. Debería de ser el pueblo nicaragüense en la Asamblea Nacional (el que decida), porque es un activo del estado nicaragüense, no se puede renunciar y solo podría ser mediante los procedimientos establecidos entre la misma Corte», dijo Estrada.

Hizo ver que Estados Unidos argumenta internacionalmente que no reconoce la jurisdicción de la CIJ, pero criticó que sí lo hace cuando da por válida la carta que el gobierno de Violeta Barrios envió renunciando al derecho que otorga la sentencia a Nicaragua

Dijo que el tema del cumplimiento por parte de EE.UU., y las acciones que pueda emprender Nicaragua para hacer valer la sentencia, es un tema pendiente que en su momento debe ser abordado por la CIJ.

Estrada señaló que en 1986 cuando la CIJ emite la sentencia se estaba en el proceso de cuantificación de los daños, cifra que actualmente puede superar los 17 mil millones por los intereses y el lucro cesante, luego de 26 años de haber sido emitida.

El embajador Robert Callahan olímpicamente afirmó que el gobierno de su país no debe nada a Nicaragua, ya que la entonces presidente Violeta Barrios renunció a los derechos otorgados por la sentencia.

Magistrados de la Corte Suprema de Justicia han expresado que la señora Barrios no tenía facultades jurídicas para renunciar en nombre del Estado de Nicaragua, a la demanda que la CIJ falló a favor del pueblo nicaragüense.

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