Nicaragua

Corte Plena y Jefatura Policial fortalecen trabajo contra narcotráfico internacional

Ajustaron estrategia conjunta autoridades del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia

Redacción Central |

Ajustaron estrategia conjunta autoridades del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia

Fortalecer el trabajo contra el narcotráfico internacional para no dar descanso a quienes ejercen ese delito y lograr con toda efectividad la aplicación de las leyes, constituye empeño definido por las autoridades del Parlamento y de la Corte Suprema de Justicia.

La Primer Comisionada Aminta Granera y la magistrada Presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alba Luz Ramos, coincidieron en fortalecer el trabajo de los funcionarios judiciales y de los miembros de la Policía Nacional para seguir dando certeros golpes al narcotráfico internacional y garantizar la seguridad ciudadana en el país.

Este martes la Corte Plena se reunió con la Jefatura Policial y Granera,  a nombre de la institución,  expresó su preocupación por una resolución que otorga libertad a narcotraficantes y que conllevó sanciones a los magistrados del Tribunal de Apelaciones de Granada.

Ramos y Granera manifestaron que muy pronto estará lista la investigación que permita brindar mayores detalles de cómo y quiénes están involucrados en esta situación de las narcoliberaciones.

Granera recordó a los magistrados que cada efectivo policial que participa en la lucha contra el tráfico de drogas pone en peligro su vida y la de su familia, incluso algunos han fallecido en su labor, por lo que solicitó mayor cuidado al momento de elaborar una sentencia.

«Fue muy fructífero este encuentro, la Policía nos mostró algunos casos donde hubo alguna vulnerabilidad y nosotros estamos claros que así ha sido, pero no es la mayoría de los casos», dijo Ramos.

Para evitar este tipo de situaciones, la magistrada señaló que la Ley de Ejecuciones y Vigilancia Penitenciaria «vendrá a remediar, a solucionar, algunas brechas que teníamos que nos había dejado el Código Penal del 2008 sobre los beneficios aplicados en este tipo de delitos».

«Vimos casos específicos y sabemos que no son la mayoría, pero sí son casos específicos que nos preocupaban, compartimos con ellos la preocupación de la Policía por la libertad de estas personas que consideramos son de alta peligrosidad y pueden hacer mucho daño a la familia nicaragüense», dijo Granera.

Valoró que uno de los grandes privilegios en el país es que el crimen organizado trasnacional no ha penetrado en las instituciones nacionales «y nosotros todavía podemos hablar de casos aislados, de problemas con algunos jueces, con algunos magistrados de la Corte de Apelaciones, pero no podemos hablar de una penetración o de problemas de la institución como tales».

Agregó que el encuentro fue para buscar las formas de brindar una mejor respuesta a esta política del Estado de Nicaragua en contra del crimen organizado, una prioridad del Gobierno Sandinista presidido por el comandante Daniel Ortega Saavedra.

Seguidamente, anunció que la Jefatura Policial se reunirá con diferentes sectores del país, entre estos los diputados de la Asamblea Nacional y Ministerio Público, de cara a buscar cómo endurecer las penas contra personas involucradas en el narcotráfico y otros delitos.

Granera mostró su preocupación por el tiempo efectivo que pasan en prisión algunos narcotraficantes, y ejemplificó que, recientemente, fue dado en libertad uno de ellos que, a los pocos meses, fue detenido cometiendo el mismo delito de tráfico de estupefacientes.

«Algunos han puesto en libertad en la primera instancia, otros como el caso de Granada que fueron puestos en libertad en segunda instancia y otros que han caído en este tercer problema de la pena mínima, y esto absolutamente legal, esto trasciende a la Corte Suprema de Justicia».

Granera se refirió al hecho de que narcotraficantes u otro delincuente confiesa el delito y por hacerlo es condenado a la pena mínima y cuando ha cumplido las dos terceras partes puede recibir la libertad condicional.

Sin embargo, la nueva Ley de Ejecución y Vigilancia penitenciaria evita este tipo de situaciones, pues ahora un reo puede gozar de libertad al cumplir las tres terceras partes de su condena y no mucho antes.

Ramos explico que en esta ley se trata de subsanar algunos «flancos débiles» que habían quedado en el Código Penal en relación a estos delitos, a los cuales se les bajaba la pena y por tanto podían ser suspendida la condena, algo que era establecido por ley.

«Con esta reforma estamos tratando de evitar que se den este tipo de situaciones», concluyó Ramos.

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