Nicaragua

Denuncian que Costa Rica entrega territorio para eventual refugio de narcotraficantes

Construcción de una gran marina en Isla Moin puede favorecer contrabando, lavado de dinero y tráfico de drogas

Redacción Central |

Construcción de una gran marina en Isla Moin puede favorecer contrabando, lavado de dinero y tráfico de drogas

Una fuerte denuncia fue hecha por el oceanógrafo Guillermo Quirós en relación a la decisión del gobierno de Costa Rica de construir una marina gigante en la Isla Moin, la cual se calcula puede servir de refugio a los narcotraficantes y servir a actividades ilegales de lavado de dinero y contrabando.

Quirós puntualizó que esa instalación, situada en la provincia de Limón, en el centro del Caribe costarricense, significa una entrega de parte del territorio nacional al gran capital involucrado en tráfico de drogas y lavado de dinero.

Pero, además, académicos y ambientalistas han llamado la atención de los impactos negativos a buena parte de la costa Caribe como los arrecifes coralinos y las áreas de reproducción, entre otras

«Se sabe que en Estados Unidos las marinas son refugio de traficantes de droga, personas y mercadería. Si en Estados Unidos es imposible examinar las marinas, en Costa Rica será Jauja», dijo en un correo electrónico Quirós.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), calcula que el lavado de dinero proveniente de la droga alcanza en la actualidad los 800 mil millones de dólares anuales, lo que es equivalente al dos por ciento del producto bruto mundial, o al 13 por ciento del comercio internacional, o siete veces más que los aportes realizados por los países que destinan recursos para el desarrollo y la asistencia de las naciones llamadas emergentes, según la Organización de Naciones Unidas para el Desarrollo.

En Costa Rica, expertos y académicos de las universidades públicas, así como ex legisladores y actuales diputados de los partidos Acción Ciudadana (PAC), y Frente Amplio han denunciado que las marinas no son controladas por las autoridades costarricenses por falta de personal y recursos financieros.

Por otra parte, las mismas autoridades costarricenses como la presidente Laura Chinchilla y su ministro de Seguridad, José María Tijerino, sostienen que el país no tiene capacidad para controlar el tráfico de drogas, y por ello, dicen,  se ha pedido ayuda a militares estadounidenses, algo fuertemente criticado por sectores populares.

De acuerdo con información pública, Isla Moín Marina & Resort será un complejo  con un costo de más de 500 millones de dólares que permitirá el atraque simultáneo de varios centenares de yates de lujo.

Las publicaciones costarricenses apuntan que contará con facilidades en 23 hectáreas cedidas sobre aguas marinas y unas 50 hectáreas ubicadas en la isla nacional que se forma entre el río Moín – que inicia la red de canales del Tortuguero- y el litoral caribeño.

La planta industrial ofrecerá servicios de abastecimiento de combustible, cambio de aceites, pintura total, reparación de máquinas y velamen, entre otras actividades propias. El diseño incluye un hotel cinco estrellas, condominios, villas, residencias, un centro comercial y áreas de recreo y entretenimiento.

«Publicaciones internacionales la ubican entre las más ambiciosas del orbe: la revista Power & Motoryacht ubica la marina en la selecta lista de las cinco más «monstruosas» del mundo. Los periódicos The New York Times y Miami Herald la han destacado en sus ediciones», afirma Quirós en un artículo.

Unas siete mil personas habitarán el complejo industrial y habitacional, construido sobre una isla adyacente a un humedal interconectado con la red Tortuguero del Caribe Norte, ambos ecosistemas protegidos por las leyes nacionales y por los compromisos derivados de convenios internacionales suscritos por Costa Rica.

El académico advirtió que sobre ellos se arrojarán aguas negras, hidrocarburos y aguas de sentina; se agregará el ruido de motores y el exceso de luz nocturna sobre tortugas, delfines y manatíes; así como la alteración de la circulación sobre el litoral, incluyendo la inestabilidad del complejo portuario en Limón.

El complejo bajo expediente 130-2006, fue aprobado por la Secretaría Técnica Nacional el 9 de octubre, por la Comisión Interinstitucional de Marinas y Atracaderos Turísticos (CIMAT), dispone a su antojo del plan maestro aprobado  bajo una concesión otorgada por la Municipalidad de Limón bajo el plano catastrado irregular L-21400-76, señala la denuncia.

Para Quirós todos esos acuerdos bien orquestados son ilegales y tan solo según  la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública (Nº 8422) constituyen un fraude de ley, el cual no solo es penado con cárcel para los jerarcas, sino que anula todo lo actuado por estas instituciones del Poder Ejecutivo.

Recordó que la Ley de la Zona Marítimo Terrestre  establece que para todos los efectos legales, la Zona Marítimo Terrestre comprende las islas, islotes, peñascos marítimos, así como toda tierra o formación natural que sobresalga del nivel del océano dentro del mar territorial de la República. Y agrega (art.42): si la concesión se refiere a una isla o islote marítimo, o parte de las mismas, será necesaria la aprobación de la Asamblea Legislativa.

Además, recordó que en caso de duda se puede consultar la publicación oficial del IGN, División Territorial Administrativa de la República de Costa Rica (2005)  pues entre las islas principales de Costa Rica, se refiere Moín con 11.7 km² , ubicada en las coordenadas: 227 500-629 000 / Hoja cartográfica: Moín, ed. 3, 1989.

Para Julio Brenes Arroyo, Coordinador Turismo Ecológico, Sede de la Universidad de Costa Rica en Limón, es preocupante la falta de interés de diversas instituciones públicas como la Municipalidad de Limón, Instituto Costarricense de Turismo, Setena, Ministerio del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), y Acueductos y Alcantarillados, entre otras.

Resalta que a pesar de que la empresa promotora de la marina, lleva varios años promocionando el proyecto por la WEB no se haya dado una discusión objetiva al respecto y  una adecuada información a la sociedad civil limonense, lo que genera desconfianza y se presta para sospechar de un posible «concubinato» y beneplácito a priori con la empresa.

Dijo que recientemente la Municipalidad de Limón le dio audiencia a representantes de la empresa Florida – based Soler Pazos Group, LLC (nombre de la representada legal); «y me preocupa el hecho de que varios miembros del Concejo Municipal mostraran un especial interés porque el proyecto cuente con el aval de la Municipalidad de Limón y se le dé un trámite rápido».

Asimismo, Brenes Arroyo propone valorar el impacto sobre la calidad de las aguas, ya que según el diseño del proyecto se requiere modificar el entorno, abriendo nuevos canales entre los  de Moín y de playa Moín y esto podría generar efectos dañinos por exceso de sedimentos.

«Además, al modificar la dinámica de playa, se podrían generar cambios en la dirección de las corrientes, que a su vez afectarían a algunos recursos migratorios como la tortuga, la langosta y otras especies de peces de suma importancia económica para la pesca. Por lo tanto, la sumatoria de estos posibles impactos afectaría directamente a la actividad turística local», advierte el académico.

Finalmente, el Oceanógrafo Quirós advierte el hecho que en la Asamblea Legislativa no hay expediente sobre este particular; por lo que las instancias citadas han usurpado atribuciones reservadas al Primer Poder de la República.

«Por lo tanto, podría haber mérito para que el Ministerio Publico ejerza el control jurídico para el debido cumplimiento de las disposiciones de la Ley, por cuanto es legalmente improcedente que el proyecto se realice en el territorio insular, patrimonio de nuestro pueblo», consideró.

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