Nicaragua

La encarnizada guerra mediática contra el Sandinismo

Guerra Mediática contra FSLN
El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfrenta desde hace más de tres años en Nicaragua una agresiva y sistemática guerra mediática, encabezada por los dos únicos periódicos de circulación nacional de esta nación centroamericana. | el19digital.com

Redacción Central |


(Por Alfredo G. Pierrot) La línea editorial seguida por los dos periódicos de circulación nacional del país parece haberse apartado desde hace tiempo de la misión principal inherente a cualquier medio de difusión masiva -informar con objetividad y ética-, y se han convertido en puntas de lanza de una batalla ideológica que va más allá del enfrentamiento al sandinismo en Nicaragua

(Por Alfredo G. Pierrot) El gobierno del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) enfrenta desde hace más de tres años en Nicaragua una agresiva y sistemática guerra mediática, encabezada por los dos únicos periódicos de circulación nacional de esta nación centroamericana.

Con algunas diferencias de estilo y belicosidad, los rotativos La Prensa y El Nuevo Diario coinciden en la crítica cotidiana y el cuestionamiento constante del proyecto político sandinista emprendido a partir del 10 de enero de 2007, y particularmente de su principal conductor, el presidente Daniel Ortega.

La línea editorial seguida por los dos periódicos parece haberse apartado desde hace tiempo de la misión principal inherente a cualquier medio de difusión masiva -informar con objetividad y ética-, y se han convertido en puntas de lanza de una batalla ideológica que va más allá del enfrentamiento al sandinismo en Nicaragua.

No son los únicos, pero sí los principales voceros de sectores conservadores y empresariales que, con la bandera del modelo de democracia promovido desde Washington, pretenden retornar al gobierno y volver a colocar a Nicaragua en la órbita de países subordinados a Estados Unidos.

Para los dos matutinos, Nicaragua hoy está gobernada por el «régimen orteguista», al que en algunos de los textos publicados se le ha llegado a catalogar como «peor que el somocismo», en tanto Daniel Ortega es satanizado y alegremente calificado de «dictador».

La ausencia total de presos políticos, de bandas paramilitares, de asesinatos de líderes sindicales y la absoluta libertad para ejercer el periodismo, sumados a una creciente seguridad ciudadana reconocida internacionalmente, entre otras realidades vigentes en la Nicaragua actual, son simples detalles que no merecen espacios en estos medios de difusión.

Mientras, los numerosos programas sociales desarrollados por el gobierno en beneficio de las mayorías empobrecidas son impugnados y desacreditados de manera sostenida, cuando no son olímpicamente ignorados.

Programas como el Plan Techo, que proporciona gratuitamente tejas acanaladas de zinc a familias pobres para que mejoren sus viviendas, y otros como Usura Cero, Viviendas Dignas y Hambre Cero, son considerados limosnas del gobierno para mantener entretenida y engañada a la población y así eternizarse en el Poder.

No los detiene ni siquiera el hecho de que el Plan Techo es desarrollado por la Comisión de Reconciliación y Paz que encabeza el Cardenal Miguel Obando y Bravo, encarnizado adversario del FSLN en la década de los años 80 y a quien hoy se califica de estar plegado al sandinismo.

La gratuidad de la educación y la atención médica son dos de las primeras medidas adoptadas por el gobierno sandinista en esta segunda fase del proceso revolucionario iniciado en 1979 e interrumpido en 1990 tras la guerra de desgaste y el bloqueo impuestos por Estados Unidos, pero estos rotativos prefieren destacar las deficiencias que aún existen en ambos sectores.

El abnegado trabajo que realiza el Movimiento de Médicos Sandinistas por llevar la atención sanitaria a los más apartados rincones del país, las decenas de miles de operaciones quirúrgicas realizadas gratuitamente en los centros oftalmológicos, la vacunación masiva de la población, las campañas de alfabetización y por alcanzar el sexto grado, entre otras acciones gubernamentales, son simplemente ignoradas.

La economía es otro de los caballos de batalla de La Prensa y El Nuevo Diario, en un país ubicado en la parte baja de la lista de las naciones latinoamericanas clasificadas por su desarrollo económico.

A juzgar por artículos y comentarios publicados por ambos diarios en lo que va de año, los ejecutivos de las empresas públicas designados por el gobierno son muchos de ellos ineptos, en algunos casos corruptos, y por lo general subordinados a los intereses partidistas de «la pareja presidencial».

Entre lo más cuestionado destaca la incorporación de Nicaragua al grupo de países que integran la Alternativa Bolivariana de los Pueblos de Nuestra América (ALBA), una decisión adoptada por el presidente Ortega en enero de 2007, al día siguiente de asumir el gobierno.

El visceral rechazo al ALBA se inserta claramente en la estrategia desarrollada desde Washington para desacreditar y tratar destruir ese bloque de países, creado por iniciativa de Cuba y Venezuela al calor del cambio de la correlación de fuerzas políticas registrado en América Latina a partir de la Revolución Bolivariana encabezada por el presidente venezolano Hugo Chávez.

En virtud del ingreso de Nicaragua al ALBA, fue creada la empresa gran nacional Albanisa, encargada inicialmente de canalizar los contratos suscritos entre Managua y Caracas para el suministro de petróleo venezolano, pero que después se ha desplegado hacia otros sectores económicos.

Las utilidades de esa empresa y de sus filiales son destinadas a financiar los programas sociales del gobierno sandinista, que se desarrollan fuera del presupuesto nacional aprobado por el Parlamento y no generan deudas para el país, pero Albanisa es constante blanco de la crítica de estos periódicos, que la califican de un negocio privado para el enriquecimiento del presidente Ortega.

La entrega mensual desde mayo de este año de un bono solidario de 529 córdobas (unos 25 dólares) a más de 140 mil trabajadores, que ya está garantizado para el 2011, proviene de las utilidades de esas empresas, pues es imposible asumirlo como aumento salarial por el presupuesto de la nación.

Se trata, en fin, de toda una estrategia dirigida a alentar el descontento en la sociedad, socavar la gestión gubernamental del FSLN y tratar de desacreditar a sus principales líderes, a fin de preparar las condiciones para un eventual triunfo de la oposición antisandinista en las elecciones generales de noviembre del próximo año.

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