Nicaragua

El sandinismo devolvió al pueblo el disfrute de todos sus derechos

Respuesta contundente a organismos extranjeros que realizan campañas apoyándose en falsedades propagadas por la derecha neoliberal

Ana Isabel Morales
Ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales | César Pérez

Redacción Central |

Respuesta contundente a organismos extranjeros que  realizan campañas apoyándose en falsedades propagadas por la derecha neoliberal

Nicaragua demostró, una vez más, con los potentes argumentos de la verdad, que en nuestro país no sólo se respetan lo que ciertos organismos extranjeros entienden por  derechos humanos sino que el gobierno sandinista devolvió al pueblo el disfrute de TODOS sus derechos arrebatados durante 16 años de gobiernos neoliberal.

La ministra de Gobernación, Ana Isabel Morales, la jefa de la Policía Nacional , primera comisionada Aminta Granets y el coordinador de la Comisión de Estado en materia de Derechos Humanos, magistrado Francisco Rosales, pusieron en su lugar a los delegados de la denominada Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT).

No sólo se les permitió expresar criterios donde se unen la desinformación y las mentiras que les proporcionan los enemigos del pueblo nicaragüense para la realización de campañas en el exterior, sino que debieron escuchar las verdades que las rechazaron contundentemente en una reunión efectuada en Managua.

Durante más de dos horas los argumentos de los representantes de esos dos organismos  fueron refutados con abundantes datos y hechos bien documentados sobre la forma en que se tutelan y protegen los derechos humanos en el país.

Los delegados de esos dos organismos llegaron a plantear una serie de viejas denuncias y situaciones ya superadas en el país, mal informados por los organismos locales que dicen defender los derechos humanos en Nicaragua, pero que no son más que cajas de resonancia de la derecha nicaragüense y sus partidos políticos.

La ministra de Gobernación Ana Isabel Morales, resaltó los reconocimientos que ha recibido Nicaragua por parte de los organismos internacionales por sus programas de combate a la pobreza, que constituyen un pilar importante en la preservación de los derechos humanos de la población nicaragüense.

Recordó el reconocimiento que hizo el Relator de Seguridad Alimentaria sobre los programas del bono productivo, sobre la efectividad al combate a la pobreza y los reconocimientos de UNICEF a Nicaragua.

Entre esos reconocimientos citó el del Programa de Naciones para el Desarrollo a la Policía Nacional y a Nicaragua, como el país más seguro de Centroamérica.

la comisionada Granera refutó las insinuaciones tendenciosas y politizadas de los delegados de la FIDH y de OMCT y  ofreció un detallado informe sobre la forma en que la autoridad policial ha logrado desacelerar la incidencia de delitos en el país en los últimos tres años.

Granera advirtió a los insidiosos delegados que ella iba a plantearles los avances de la institución policial y la forma en que tutelan los derechos humanos, pero que no iba a referirse a los asuntos de Estado, los cuales corresponden a otras instancias.

La jefa policial acompañada de sus altos mandos, destacó el modelo participativo con apoyo de la comunidad que ha permitido que la institución avance en el combate a la delincuencia, el crimen organizado y en garantizar la seguridad ciudadana en el país.

«Decimos siempre que la Policía de Nicaragua únicamente puede hacer su trabajo y cumplir sus misiones desde la comunidad, por la comunidad y para la comunidad», dijo Granera.

«Por qué tan cerca de Honduras, de El Salvador y de Guatemala y aquí no tenemos maras, en parte de la respuesta es este modelo de atención», añadió, tras destacar  el apoyo de la población para prevenir el delito.

La jefa policial también subrayó el papel que han jugado los miembros de esa institución en los conflictos sociales y políticos que ha vivido el país.

«En todos los conflictos que se han dado en la calle en los últimos tres años, Nicaragua se da el lujo de decir que no ha habido ni un solo muerto», apuntó,

«No tenemos muertos en conflictos de calle y esa ha sido nuestra prioridad y ese ha sido nuestro principio en la actuación policial, proteger la vida de las personas involucradas en esos conflictos y garantizarle la vida», dijo.

Por su parte, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia y coordinador de la Comisión de Estado en materia de Derechos Humanos, Francisco Rosales, puso coto a los requerimientos indagatorios del secretario general de la OMCT , Erick Sota.

«Soy el coordinador de la comisión de Estado en materia de Derechos Humanos  y tristemente siento como que nos estamos adelantando a los acontecimientos», dijo Rosales en un tono ponderado a pesar de la insolencia de los planteamientos.

«Siento como que estamos respondiendo a las observaciones y recomendaciones que plantearon en febrero y prácticamente ya no estamos en un intercambio, en un conversatorio, si no que estamos casi en un enjuiciamiento», reflexionó el magistrado.

«Quiero que me digas tal cosa es casi incriminatorio y eso amerita una objeción inmediata, tanto en Francia como en Inglaterra o en cualquier parte;  es como si yo le preguntara a usted:; ¿El tesoro francés pagó, compensó a las víctimas, los miles y miles de carros que fueron destruidos en el norte de París?», planteó en alusión a los incidentes callejeros ocurridos en Francia hace varios años.

Igualmente se preguntó si los Estados Unidos había compensado a las miles de víctimas que causó con la bomba atómica en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki.

Señaló que en Nicaragua cualquier persona puede denunciar delitos menores o agresiones, pero que corresponde a las autoridades desestimar los casos por falta de pruebas, como ha ocurrido en numerosas ocasiones.

También recordó que se han registrado casos de denuncias que han resultado falsas, pero que han sido investigadas exhaustivamente por las autoridades correspondientes.

Dejó entrever que en Nicaragua los organismos que dicen defender los derechos humanos solamente se hacen eco de los casos que políticamente les interesa, pero que obvian las agresiones que sufren otros sectores.

Puso como ejemplo los daños a  un vehículo y la agresión a un periodista del canal 4 de televisión y más recientemente la agresión que sufrió el periodista del noticiero Multinoticias, Nelson Hurtado, durante los recientes incidentes promovidos por los diputados derechistas en la Asamblea Nacional.

El magistrado Rosales señaló que no se puede decir que es una política de los políticos de agredir a los policías o a los periodistas, o afirmar que hay violaciones a los derechos, por hechos aislados.

Añadió que en los 65 años que tiene de vida en Nicaragua han muerto cuatro periodistas, mientras que en la vecina Honduras, han muerto seis periodistas en los últimos meses tras el golpe militar.

Señaló que no es comparable la situación que viven los dos países. Y apuntó que no se puede decir que en el país exista una política de Estado para atacar a los periodistas, o una política de Estado para torturar, o una política de Estado de brutalidad policial.

Sin embargo, añadió que en los mismos Estados Unidos, cuando hay protestas masivas en las reuniones de los países más ricos del mundo, sale la Policía y masacra a los manifestantes con cachiporras, y nadie dice nada.

 

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