Internacionales

Tiene visos de conjura, y parece que lo es

Un viejo conflicto parece estar yéndose de las manos de los protagonistas, y la derecha de ambos países se está aprovechando

Banderas de Colombia y Venezuela
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Mauricio García |

Factores políticos, sociales y económicos de larga data y que afectan por igual a las poblaciones de ambos países son agravados por la presencia de guerrillas, el narcotráfico, la inmigración ilegal y el contrabando, y hacen de los límites terrestres entre Venezuela y Colombia una de las fronteras más conflictivas del Continente.

Esos problemas se complican en la medida en que demoran sus eventuales soluciones, lo que da pábulo a la derecha política de ambos países para tratar de hacer de ellos un tema de derechos humanos, internacionalizarlos y esgrimirlos para alterar la marcha y deslegitimar la democracia venezolana, y derrocar la Revolución Chavista.

No son pocas las maniobras con tales fines, a escasos tres meses de elecciones legislativas en Venezuela, ya que a las provocaciones del día al día, al escamoteo de productos esenciales para provocar desabastecimientos, y las presiones desde los grandes centros de poder, se suman los hechos recientes en los límites con Colombia.

Contrariamente a los propósitos desestabilizadores de la derecha, las medidas implementadas por el gobierno del presidente Nicolás Maduro han permitido reducir de manera considerable los índices de criminalidad en el estado de Táchira, desarticular atisbos de guerra económica y golpear organizaciones criminales consolidadas.

Al respecto, el vicepresidente venezolano Jorge Arreaza declaró este 31 de agosto que su país es la principal víctima del contrabando de extracción, con pérdidas en 2014 por más de tres mil 600 millones de dólares sólo por el desvío de combustible, aunado a las más de seis mil toneladas de alimentos que salieron, contribuyendo a la escasez interna de esos rubros.

Y añadió que fueron inhabilitados un total de 177 caminos ilegales en los límites binacionales, comúnmente conocidos como “trochas”, como parte del intenso despliegue de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) en ese estado, colindante con Cúcuta (noreste colombiano).

Las relaciones entre los dos países, de nuevo en un mal momento, se han visto seriamente perturbadas en años recientes por las agresiones de grupos armados (paramilitares, guerrillas) que operan impunemente del lado colombiano de la frontera.

En consecuencia, y tras la agresión a tres soldados venezolanos, el presidente Nicolás Maduro dispuso el pasado 19 de agosto el cierre del puente Simón Bolívar, que enlaza Cúcuta (Colombia) con San Antonio, como parte de una compaña contra el contrabando y la actividad de grupos armados, y de preservación de la soberanía nacional.

Declaró también el estado de excepción en seis municipios fronterizos y ordenó la deportación de colombianos en situación ilegal. El 28 de agosto extendió la medida cautelar a otros cuatro municipios, y ordenó el cierre indefinido de la frontera, que solo reabrirá, dijo, cuando Colombia prohíba la venta de productos venezolanos contrabandeados, y asuma sus responsabilidades en la solución de los problemas.

Maduro, que por esas fechas y en mensaje al Consejo de Seguridad de la ONU se declaró defensor “de las soluciones comunes a las dificultades y problemas que tienen los más necesitados, desposeídos y tradicionalmente excluídos”, propuso un diálogo sobre la frontera a su homólogo colombiano, Juan Manuel Santos.

Incluso fue más allá al pedir su coauspicio para proponer a la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) la creación de una Comisión Suramericana de la Verdad sobre la situación del contrabando, el narcotráfico y los paramilitares en la frontera binacional.

La entidad integracionista tiene prevista una reunión de cancilleres este jueves 3 de septiembre en Quito, Ecuador, para ventilar la crisis diplomática surgida por la cuestión de los límites terrestres colombo-venezolano. A su vez, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) llamó a las partes a encontrar soluciones, y para este lunes 31 de agosto tenía previsto una sesión extraordinaria para intermediar en el asunto. (Al cierre de este artículo no se había producido la reunión).

La región fronteriza entre Venezuela y Colombia se ha caracterizado siempre por la ausencia significativa de controles y, en años recientes, por una gran actividad guerrillera y paramilitar colombiana y su consecuente violación de los derechos humanos de la población local.

Además, ante su extensión -dos mil 219 kilómetros, unas de las más extensas y activas del Hemisferio- y porosidad, es frecuente la presencia de grupos delincuenciales que practican el robo y el secuestro de personas, este último como forma de extorsión a los familiares.

A ello se suma el contrabando de combustibles y alimentos desde Venezuela a Colombia, y la presencia de enfermedades de alto riesgo que suelen propagarse a ambos territorios.

Lo ocurrido, en particular el desalojo de colombianos, ha dado lugar a una alharaca antivenezolana en Colombia, como las que promueve el expresidente Álvaro Uribe, quien insistió el viernes último (28) en Bogotá en demandar la mediación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) para solucionar lo que denominó “crisis humanitaria que se vive en la frontera de ambos países”.

En uno de sus usuales “tremendismos”, Uribe pidió que el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos apele a los organismos internacionales de los que hace parte Colombia, y acudir a la Corte Penal Internacional con el fin de solicitar «medidas cautelares». También anunció su apoyo a “todas las medidas enérgicas” que el Gobierno emprenda frente a la crisis, “sin importar lo que ocurra con las negociaciones de paz con las FARC en La Habana”, en las que Venezuela participa en calidad de acompañante.

En Venezuela, entretanto, movilizaciones espontáneas en la capital y otras partes apoyan el cierre de la frontera y el decreto del estado de excepción.

Una crisis similar vivieron ambos países en 2010, a raíz de que Colombia formara un escándalo por la “presencia de santuarios” de las FARC en Venezuela, pero tras la llegada de Santos al poder, los dos Gobiernos normalizaron relaciones y sellaron varios acuerdos. Esperemos que otro tanto ocurra ahora, cuando se calmen las aguas.

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