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Fracasan gestiones para lograr declaraciones de militares involucrados en caso Ayotzinapa

Se mantiene fuerte presión del Instituto Castrense para impedir las entrevistas a los soldados que estuvieron en servicio la noche de los hechos

Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa
Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa | Animal Politico

LA VOZ DEL SANDINISMO |

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el caso Ayotzinapa presentó este lunes su quinto informe de labores luego de informar que el gobierno mexicano rechazó las entrevistas directas con los militares presentes en los hechos de Ayotzinapa.

También señaló que hubo pérdidas importantes de evidencias videograbadas que pudieron servir en las investigaciones.

En conferencia de prensa los expertos Claudia Pérez, Alejandro Valencia, Francisco Cox y Carlos Beristaín, explicaron que el argumento del gobierno mexicano para impedir las entrevistas directas con los militares es que una acción como esa «pondría en riesgo la legalidad de la investigación».

Diversos medios indican que la entrevista directa con los militares del 27 batallón del Ejército que estuvieron la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, es probable que nunca se dé.

El GIEI adelantó que ya solicitó de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ampliar por otros seis meses su labor en el esclarecimiento del caso de los 43 jóvenes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, Guerrero, y precisaron que solo falta la respuesta de aceptación del gobierno mexicano. El GIEI se reunió ayer con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para abordar el tema.

Además, ante la próxima conclusión de su mandato, el grupo informó que será el próximo 6 de septiembre cuando presenten su informe final sobre el apoyo técnico brindado a las investigaciones realizadas por las autoridades mexicanas.

En la sesión de preguntas y respuestas, Francisco Cox, señaló que con la información que se tiene «hasta el momento todavía se desconoce el destino de los chavos».

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes fue creado mediante el Acuerdo de Asistencia Técnica firmado por la CIDH y los representantes del gobierno mexicano y de los familiares de los jóvenes desaparecidos, en el contexto de las medidas cautelares que otorgó el órgano del Sistema Interamericano el 3 de octubre de 2014.

Tiene el mandato de realizar su trabajo en tres ejes principales: la búsqueda con vida de los estudiantes desaparecidos, la investigación penal, y la atención a las víctimas. Podrá formular recomendaciones para mejorar la respuesta que se haya dado al caso específico, pero también aquellas de carácter estructural para fortalecer las capacidades del Estado en materia de desaparición forzada.

El 18 de noviembre de 2014, el Estado mexicano aceptó formalmente la conformación del GIEI, dos semanas después de su primera reunión con los padres y madres de los normalistas víctimas de desaparición forzada. El grupo fue designado por la CIDH el 16 de enero de 2015, y sus integrantes, escogidos de entre las propuestas hechas tanto por el Estado mexicano y las organizaciones, son:

Carlos Beristaín, experto español en atención integral a víctimas de violaciones de derechos humanos con trabajo en Guatemala, Colombia, Perú, Paraguay, Ecuador y el Sahara; Ángela Buitrago, colombiana, abogada, exfiscal de la Corte Suprema de Justicia y experta en desapariciones, corrupción y asesinatos políticos; Francisco Cox Vial, abogado chileno, quien trabajó en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España y como asesor de la CIDH en diversos casos.

Asimismo, Claudia Paz y Paz, abogada guatemalteca, especializada en derecho penal, jueza durante 18 años y experta en investigación del crimen organizado y violaciones de derechos humanos, y Alejandro Valencia, jurista colombiano, experto en derechos humanos, consultor de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, perito ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y colaborador en Comisiones de la Verdad en Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú.

Aunque fue la condena y la presión internacionales por los hechos de Ayotzinapa lo que obligó al gobierno mexicano a aceptar la intervención del grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para investigar el caso, a 11 meses de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas, persisten los obstáculos, la dilación y la falta de voluntad política para alcanzar la verdad, la justicia y la reparación del daño.

Desde el poder se ha apostado al olvido. Casi la mitad de las peticiones del GIEI formuladas al gobierno mexicano siguen pendientes. La lista es larga, pero una que resulta clave es la entrevista a los militares del 27 Batallón del Ejército que estuvieron la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre en Iguala, pero hay fuertes presiones desde las más altas esferas castrenses para cerrar esa puerta.

Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, instancia que desde el principio ha acompañado el proceso, reconoce que tras las negativas y la dilación de las respuestas del gobierno, la única esperanza que hoy tienen los padres de familia y la justicia es el informe final y las recomendaciones que emita el GIDH los primeros días de septiembre, cuando vence su mandato de seis meses.

También para el abogado Vidulfo Rosales –representante legal de los padres de familia de Ayotzinapa– los testimonios y entrevistas con los militares que estuvieron esos días son un elemento esencial para esclarecer los hechos y lo ocurrido a los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala.

La Policía federal se comprometió con las familias de los desaparecidos a emprender nuevas líneas de búsqueda y a presentar nuevas hipótesis, a partir de una nueva ronda de testimonios que se presentaron en presencia del GIEI el 29 de junio pasado.

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