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El mayor escándalo de corrupción en toda la historia del Panamá

Primera vez investiga a un magistrado de la Corte Suprema de Justicia y la lista de corruptos, que apunta a Martinelli, parece interminable

Alejandro Moncada, acusado de enriquecimiento ilícito, falsedad, corrupción y blanqueo de capitales
Alejandro Moncada, acusado de enriquecimiento ilícito, falsedad, corrupción y blanqueo de capitales |

Redacción Central |

La sociedad panameña fue sacudida por la confesión de culpabilidad del magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Alejandro Moncada, acusado de enriquecimiento ilícito, falsedad, corrupción y blanqueo de capitales.

Las líneas de investigación llegan hasta círculos muy próximos al ex presidente Ricardo Martinelli (2009-2014) por su conexión con el ex vicepresidente de la República, Alejandro Felipe Virzi (1994-1999).

Virzi confesó que le entregó más de un millón de dólares a Moncada, después que este falló a su favor en un proceso en la CSJ.

En un arreglo con la Fiscalía, que está dentro de lo legislado en el Código Penal, Moncada reconoció su responsabilidad en los primeros dos delitos, por los cuales pudiera purgar cinco años de prisión, además del decomiso de los bienes incautados, informó el fiscal Pedro Miguel González.

Para González este ha sido un proceso histórico, porque por primera vez en Panamá se logra investigar a un magistrado de la CSJ.

Todos los titulares de los medios diarios y los noticieros de radio y televisión destacan en sus portadas el tema, además de agregar que Moncada perdió los dos apartamentos mal habidos por valor de 1,7 millones de dólares y será inhabilitado para cargos públicos.

El ex magistrado de la CSJ, Edgardo Molino, dijo que la aceptación de culpabilidad de Moncada es la confirmación de la existencia de la corrupción en este órgano del Estado, publicó La Estrella de Panamá.

Además, en declaraciones a TVN Canal 2, Molino consideró que las personas mencionadas en el expediente deben ser investigadas por el Ministerio Público, incluso la Asamblea Nacional debe remitir copia del documento a las autoridades judiciales.

A ello se suma que también Rafael Guardia, el ex director del Programa de Ayuda Nacional (PAN), rompió su silencio lo que dio un nuevo vuelco a las investigaciones que se siguen en Panamá contra las presuntas ilegalidades del gobierno de Martinelli.

Se recuerda aquí que la huida hacia Estados Unidos del ex presidente y su secretario personal, Alfredo de Obarrio, y la captura de empresarios en el aeropuerto internacional de Tocumen, ofrecen más credibilidad aún a la acción judicial.

Los daños patrimoniales por los actos de corrupción que investiga la Justicia, podrían ascender a tres mil millones de dólares, según criterios de economistas señalados por Víctor Orobio, abogado defensor del ex director del PAN.

Este es el mayor caso de corrupción en la historia del país, dijo el letrado y enfatizó, Guardia y yo hemos dado a la nación algo que muchos años estaba esperando: la esperanza de que la Justicia es para todos y se acabó el mito de que sólo los pobres van a la cárcel.

Además de confesar sus delitos, mi defendido colabora actualmente en el esclarecimiento de varios expedientes abiertos por malos manejos de las finanzas públicas asignadas al PAN, que involucran a Martinelli.

También mencionó nombres de empresarios y políticos beneficiados con sobrecostos e, incluso, con el uso del dinero del Estado para financiar campañas de diputados de varios partidos, en particular del entonces oficialista Cambio Democrático, liderado por Martinelli.

Mi cliente me manifestó que quería acercarse a la sociedad y explicar que formaba parte de un sistema, por eso entonces la estrategia de la defensa es colaborar, expuso Orobio.

Al ser preguntado si considera que Martinelli regresaría a Panamá, el letrado dijo que no cree que retornará porque las personas tienen pánico a perder su libertad, y hoy la situación no le es propicia.

Regresaré cuando estén dadas las condiciones para el debido proceso, ha reiterado Martinelli a través de su cuenta en Twitter y en entrevista a una televisora local en Miami.

Ante las evidencias presentadas por Guardia y otro ex director del PAN, Giacomo Tamburrelli (2009-2012), igualmente procesado, la Fiscalía solicitó a la CSJ investigar a Martinelli.

Después de un debate jurídico-social sobre la posible inmunidad parlamentaria del ex presidente como actual diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), la decisión fue que los legisladores nacionales y regionales pueden ser procesados por la CSJ según la Ley.

Martinelli está bajo protección electoral por tres meses después de concluido el proceso, cuyo cierre oficial fue el pasado 30 de enero.

A petición de la CSJ, el Tribunal Electoral acordó levantar el fuero, decisión que deberá comunicar personalmente al interesado que se encuentra en el extranjero, y en ese punto está detenida la causa.

Guardia ha sido tajante al declararse culpable y explicar a los fiscales que recibía órdenes de Martinelli, muchas veces a través del Secretario de la Presidencia, de cómo actuar con cada caso de sobreprecios, facturaciones falsas o desvíos de dinero para uso de campañas políticas.

Desde el propio ex presidente y algunos de sus allegados, hasta una treintena de empresarios, pasando por similar cantidad de diputados de varios partidos políticos, son o serán llamados a indagatorias sobre su participación directa o conocimiento de dádivas y comisiones.

Paralelo al escándalo de corrupción, también se desarrollan averiguaciones por el espionaje telefónico ilegal que desde el Consejo de Seguridad Nacional (CSN) se hacía contra personalidades de casi todos los sectores de la política y la sociedad civil, durante el gobierno anterior.

Por ello responden actualmente el ex director de la Policía, Gustavo Pérez, y Alejandro Garuz, ambos secretarios del CSN, quienes guardan prisión preventiva y son acusados por delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad, informó la Fiscalía.

Los suministros para espionaje y seguridad estuvieron a cargo de las empresas israelí M.L.M. Protection Ltd. y la estadounidense Command Panamá, S.A.

M.L.M. vendió en 2010 un sistema de escucha telefónica por 13,4 millones de dólares a través del entonces Fondo de Inversión Social, actualmente PAN, en esa época en manos de Tamburrelli.

El equipamiento fue desmantelado del lugar donde se cree estuvo y desapareció, aunque declaraciones de políticos locales aseguran que Ronny Rodríguez, un ex comisionado de la Policía buscado por la justicia, escapó con esos medios al extranjero. (Redacción Central-Voz del Sandinismo-Agencias de Noticias)

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