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Aumentan indagatorias sobre los escándalos de corrupción en Panamá

La madeja delictiva entre funcionarios del gobierno de Martinelli alcanza ya la malversación de unos 100 millones de dólares de los fondos públicos

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Rafael Guardia Jaén permanece bajo arresto, imputado por el delito de peculado |

Redacción Central |

Las indagatorias sobre los escándalos de corrupción en Panamá avanzaron este lunes cuando las dos personas claves en el delito de peculado del Programa de Ayuda Nacional (PAN)  decidieron  colaborar con la justicia y revelar nombres de implicados.

Los  ex directores del PAN Rafael Guardia  Giacomo Tamburrelli, son investigados por irregularidades en los contratos y compras de la entidad, procesos en los que han implicado al ex presidente de la República, Ricardo Martinelli.

Ambas investigaciones se iniciaron bajo la administración de la anterior procuradora, Ana Belfon, y han continuado con las nuevas autoridades, que empiezan a develar la madeja de corrupción que hasta el momento alcanza la malversación de unos 100 millones de dólares de fondos públicos.

La cifra final del escándalo en el PAN aún es desconocida. Lo cierto es que solo a Rafael Guardia se le han incautado 18 millones de dólares, depositados en bancos locales y extranjeros. Esta cifra debió aumentar el pasado viernes, cuando el acusado confesó a la Fiscalía Primera Anticorrupción de cuentas bancarias desconocidas por las autoridades, cuyos montos no fueron revelados.

A esto se le suman 19 propiedades incautadas a este funcionario, entre ellos una casa en Costa de Este y un yate.

Guardia ya fue indagado el pasado viernes en la Fiscalía Primera Anticorrupción, que investiga la compra de arroz, frijoles y lentejas con sobreprecios, y este lunes hizo lo mismo en la Fiscalía Tercera Anticorrupción, que instruye la sumaria por compra de neumáticos.

El exfuncionario no solo se declaró culpable de los hechos, sino que mencionó al menos a 12 personas que están involucradas en el manejo fraudulento que se dio dentro de este organismo y aseguró que recibía órdenes del entonces Presidente.

Tamburrelli, por su parte, acudió  a la Fiscalía Segunda Anticorrupción a ampliar su indagatoria por las investigaciones en la compra de comida deshidratada para centros escolares, también con supuestos sobrecostos.

Tamburrelli, que mantiene la medida de casa por cárcel, estaba incapacitado hasta el pasado jueves, tras ser sometido a una intervención quirúrgica por dolencias cardiacas.

Igualmente,  señaló en sus declaraciones que solo cumplía disposiciones que venían ‘de arriba’, al referirse a que solo Martinelli decidía qué hacer en el PAN.

Por este caso, la Fiscalía Segunda Anticorrupción también procesa al empresario Rubén De Ycaza, presidente de Lerkshore International Limited, quien importó el producto desde Brasil.

La investigación a Tamburrelli implica la suma de $45 millones, pagados por el PAN a la empresa Lerkshore International Limited.

En esta historia no solo el nombre del ex presidente Martinelli se repite. Su secretario, Adolfo ‘Chichi’ De Obarrio, ha sido mencionado por los dos ex funcionarios como una de las personas claves en los procesos para las compras del PAN.

La lista de personas involucradas en los escándalos fue ampliada el pasado viernes por Guardia, quien mencionó al hermano del ex mandatario, Mario Martinelli, y a otros funcionarios del anterior gobierno.

También en las próximas horas, la ex ministra de Educación Lucy Molinar, investigada por la Fiscalía Segunda Anticorrupción por la compra de mochilas con fondos del PAN, deberá acudir a firmar, como ordena la medida cautelar de país por cárcel.

Mientras tanto, este lunes  la Fiscalía Anticorrupción inició también las indagatorias con los ex jerarcas del Consejo de Seguridad Nacional, Gustavo Pérez y Alejandro Garuz, (consuegro de Martinelli) por el caso de las escuchas telefónicas ilegales y la desaparición del costoso sistema de espionaje.

Hasta el momento 33 personas establecieron querellas como víctimas del espionaje, al tiempo que continúan las acciones de otros de los 150 “pinchados” por los servicios especiales del anterior Gobierno.

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