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Peña Nieto anuncia medidas para enfrentar criminalidad en México

La estrategia, generada tras la crisis por la desaparición de 43 estudiantes, contempla 10 aspectos, además de otras disposiciones para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad

Presidente de México, Enrique Peña Nieto
Presidente de México, Enrique Peña Nieto |

LA VOZ DEL SANDINISMO |

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, anunció este jueves 10 medidas o estrategias para combatir la inseguridad, la corrupción y la impunidad, tras la crisis generada por la desaparición de 43 estudiantes hace dos meses en Iguala, estado de Guerrero.

En un mensaje a la nación desde el Palacio Nacional, donde estuvo acompañado por miembros de los poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, empresarios y organizaciones sociales, Peña Nieto dejó claro que los estados con mayor debilidad institucional son Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas, donde centrará los esfuerzos en una primera etapa.

Señaló que comparte la exigencia de justicia de la sociedad ante lo sucedido en Iguala (Guerrero), que consideró uno de los ataques más cobardes y crueles del crimen organizado en complicidad con policías corruptos, saldados con seis muertos, una veintena de heridos y 43 estudiantes desaparecidos.

“No pueden quedar impunes estos actos de barbarie”, apuntó tras reconocer que en las últimas semanas la sociedad ha alzado “su voz para decir ya basta”.

El mandatario concordó en que esas personas que han salido a las calles “tienen razón: después de Iguala, México debe cambiar”’,  y  asumió el compromiso público de realizar todos los esfuerzos necesarios para liberar al país “de la criminalidad, combatir la corrupción y la impunidad”.

Para ello, el Ejecutivo informó que este lunes presentará al Congreso tres reformas constitucionales: una para crear policías únicas en los 32 estados del país, otra para combatir la infiltración del crimen organizado en las alcaldías y una más para definir la competencia de cada autoridad en la lucha contra el delito.

Explicó que la primera tiene como objetivo pasar de más mil 800 policías municipales débiles, que con facilidad pueden ser corrompidas por la delincuencia, a 32 sólidas corporaciones de seguridad estatal, que sean más confiables, más profesionales y más eficaces.

La iniciativa, que consideró un enorme reto presupuestario, se centrará en los cuatro estados de Guerrero, Jalisco, Michoacán y Tamaulipas,  y prevé sanciones para los alcaldes “que no entreguen el mando policial, así como para los gobernadores que no lo ejerzan”, añadió.

La segunda reforma prevé la disolución de un ayuntamiento cuando existan indicios suficientes de que la autoridad local está involucrada con la delincuencia organizada, como sucedió con el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, detenido en calidad de autor intelectual de los ataques a los estudiantes de Ayotzinapa.

Sobre la tercera iniciativa, Peña Nieto reveló que redefinirá las competencias de cada autoridad en el combate al delito, tomando en cuenta las fortalezas institucionales de los distintos órdenes de Gobierno: federal, estatal y municipal.

“Cuando la responsabilidad es de todos, en realidad no es de nadie”, subrayó el presidente al quejarse del  complejo sistema de competencias penales en México, que manifestó “genera dispersión de responsabilidades, confusión en la aplicación de la ley y, lo más grave, impunidad”.

Sobre las otras medidas, el mandatario señaló que se prevé, en cuarto lugar, crear un número telefónico único para casos de urgencia y que se pueda acceder a otros servicios de ayuda y orientación a fin de  ofrecer una respuesta rápida a la población y facilitar la denuncia ciudadana.

Como quinta medida, Peña Nieto anticipó constituir una clave única de identidad para un registro confiable de la población mexicana con vistas a dar certeza a actos jurídicos,  prestación de servicios, y labores de seguridad pública.

Asimismo, en sexto lugar, ordenó al gabinete de seguridad un operativo especial en la región conocida como Tierra Caliente, Guerrero y Michoacán, para ampliar el despliegue de las fuerzas federales en los municipios de ambos estados de Guerrero y Michoacán, a la vez que instruyó se refuercen en Jalisco y Tamaulipas.

Dijo que como parte del punto séptimo se llevarán a cabo la proposición de una ley sobre tortura y desaparición forzada, y protocolos de procedimiento para investigaciones oportunas e imparciales, así como la creación de un sistema de búsqueda de personas desaparecidas y un sistema nacional de información genética.

La octavo medida comprende publicar de inmediato el reglamento de la ley general de víctimas, poner en operación el fondo de ayuda, asistencia y reparación integral, además de establecer el registro nacional de víctimas, y un consejo consultivo en materia de derechos humanos.

En el noveno aspecto se programa promover la pronta aprobación de leyes y reformas de leyes de combate a la corrupción, con esquemas para la vigilancia ciudadana de las autoridades, auditorías, tribunal imparcial para sanciones administrativas y fiscal anticorrupción para casos individuales y empresas.

En la décima medida, el presidente mexicano dijo que su administración continuará promoviendo los principios de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana, en un gobierno abierto con un portal de información sobre proveedores y contratistas de toda la administración pública federal

El gobernante reveló por último la creación de tres zonas económicas especiales que abarcan Guerrero, Michoacán, Chiapas y Oaxaca, los estados más pobres del país, a través de una iniciativa legal que será enviada al Congreso en febrero de 2015.

Las tres zonas económicas especiales son: el Corredor Industrial Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec; Puerto Chiapas, y los municipios colindantes al puerto Lázaro Cárdenas, tanto de Guerrero, como de Michoacán.

El mandatario dijo que aunque es un caso inédito en México, “la  experiencia internacional confirma que las zonas económicas especiales son eficaces para atraer inversión nacional y extranjera, contratar servicios locales y aumentar competitividad de las empresas”.

El objetivo es incentivar la inversión y empleos bien remunerados con infraestructura moderna, condiciones de seguridad, facilidades adicionales para el comercio exterior, así como descuentos en impuestos y contribuciones, explicó.

El plan de desarrollo del sur del país incluye, además, un decreto de medidas de apoyo fiscal para el centro turístico de Acapulco, en Guerrero y la atención a sus problemas sociales y del desarrollo económico.

“El desarrollo del Sur no puede seguir esperando más”, expresó tajante el mandatario.

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