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Argentina congela bienes de exrepresores

Unidad de Información Financiera busca cortar sustento ilegal de colaboradores de la dictadura

Argentina represión
Represión - Los integrantes de la nómina son ex militares y policías que permaneces prófucos de la justricia por delitos de lesa humanidad |

Redacción Central |

La Unidad de Información Financiera (UIF) de Argentina congeló los bienes de 17 represores prófugos de la justicia acusados por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico-militar.

La UIF adoptó la decisión tras recibir los pronunciamientos penales de varios tribunales de la nación sudamericana y de inmediato facilitó a entidades bancarias y registros de la propiedad la relación de nombres de los exmiembros de la dictadura en un intento por evitar eventuales financiamientos.

Medios de prensa difundieron detalles de la determinación financiera y revelaron que más de la mitad son exmilitares y policías de la ciudad de Mendoza, con dos otroras integrantes del entramado represivo en la localidad bonaerense de Olavarría.

Expertos destacan que es la primera vez que se lleva a cabo en Argentina una inhibición de bienes tan grande en el marco de las causas vinculadas a Derechos Humanos.

El dictamen de la Unidad de Información Financiera que lucha contra el lavado de dinero y el delito económico logra inmovilizar activos que les permitan a estos reos subsistir mientras permanecen fuera de la ley.

La decisión afecta a exmiembros del Ejército, la Policía Federal, los servicios de Inteligencia de las fuerzas de seguridad de las provincias, de la Infantería y hasta Buzos Tácticos de la institución castrense.

Uno de los requeridos es el excapitán Alberto Candioti quien fue asesor del finado Julio Grondona en la Asociación del Fútbol Argentino, donde estuvo hasta hace cinco años, cuando pasó a las carreras de caballo, para ocultar su pasado como integrante del Batallón de Inteligencia 601.

Luego de 463 días prófugos, Candioti fue detenido en Montevideo, Uruguay, en mayo de 2013 y es reclamado en extradición por el tribunal de La Chaca, en La Plata, por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar.

Asimismo, el cerco judicial se cierra en torno al sacerdote Emilio Teodoro Grasselli, exsecretario del vicario castrense Adolfo Tórtolo, comprometido en la causa de la antigua Escuela de Mecánica de la Armada, entre ellas que facilitó una residencia de su propiedad para ser utilizada como centro clandestino de detención.

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