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Ley de secretos hondureña potencia corrupción

Constituye, además, un cerrojo a la libertad de expresión

Redacción Central |

El articulado de la nueva ley de secretos oficiales de Honduras constituye un cerrojo a la libertad de expresión, potencia la corrupción y vuelve secreta información pública hasta por 25 años en materia de defensa y seguridad, denunció la agencia Inter Press Service (IPS) tras tener acceso a un informe con carácter reservado.

Luego de una sesión parlamentaria maratónica de dos días a finales de enero pasado se sancionaron un centenar de decretos y leyes que allanaron el camino al nuevo Gobierno hondureño. Entre ellas está la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos relacionados con la Seguridad y la Defensa Nacional, más conocida como ley de secretos oficiales.

La ley se había bloqueado en octubre de 2013 por la reacción de la Asociación de Medios de Comunicación y presiones internacionales, que la consideraron lesiva al derecho a la información y la libertad de expresión, pero se retomó en enero, sin que se sepa bien cómo, porque en los archivos del parlamento no aparecen registros de audio que indiquen cuando se reintrodujo el proyecto de ley, según confiaron a IPS funcionarios legislativos que pidieron el anonimato.

Un informe elaborado por un equipo de expertos para el estatal y autónomo Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), revela que la ley de secretos carece de una definición clara sobre qué se entiende por seguridad nacional y esa ambigüedad abre la discrecionalidad para que todo aquello que consideren sensible se tipifique como secreto.

La norma divide la clasificación de información en: reservada, confidencial, secreto y ultra secreto. Tienen un período de reserva de cinco, 10, 15 y 25 años que serán prorrogables si así lo determina el Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, responsable de clasificar o desclasificar.

Este Consejo lo integran los tres poderes del Estado, la Fiscalía General de la República, los titulares de Defensa y Seguridad, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y el Jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

Omar Rivera, del Grupo de Sociedad Civil, que aglutina a organizaciones de incidencia política y de derechos humanos, comentó que esta “amplia discrecionalidad de la ley preocupa mucho, porque así todo puede ser secreto”.

El informe del IAIP subraya, precisamente, la peligrosidad de esas discrecionalidades, al afirmar que puede clasificarse como “ultra secreto” cualquier información en la cual un funcionario público resulte implicado en actos de corrupción.

“Esa clasificación sería por 25 años, termino en el cual prescribe la acción penal en contra de los servidores públicos por actos de corrupción, volviendo así imposible la deducción de responsabilidades”, expresa el análisis de la ley.

La nueva norma lesiona directamente la Ley de Transparencia, vigente desde hace cinco años, al quitar al IAIP la potestad de clasificar la información considerada secreta, así como contradecir artículos que garantizan la libertad de expresión e investigación periodística.

Doris Madrid, presidenta del IAIP, destacó que han tratado de promocionar  una reforma a la ley de secretos, al entrar en contradicciones con la Constitución y tratados internacionales, pero  ya el Congreso desestimó una propuesta de revisión o derogación de la norma.

Honduras es considerada una de las naciones más opacas de América Latina por la percepción de corrupción y por su manejo de la materia de seguridad. En abril, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito indicó que este país de 8,4 millones de personas tiene la tasa de homicidios más alta del mundo.

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