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Ser violada en México puede llevarte a la cárcel

En cinco años los femicidios aumentaron 40 por ciento y el sistema de justicia no actúa debidamente

Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México
Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México | Cosecha Roja

LA VOZ DEL SANDINISMO |

En México cada día se producen 6,4 asesinatos de mujeres,  la mitad femicidios, al ser motivados por sexismo o misoginia (sentimiento de odio o de rechazo hacia las mujeres).

El término prendió socialmente a raíz de los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el estado norteño de Chihuahua, en 1993, donde la criminalidad contra mujeres es 15 veces mayor que el promedio mundial.

La agencia Inter Press Service (IPS) recuerda que el fenómeno de Ciudad Juárez se expandió y entre 2006 y 2012 los femicidios en México aumentaron 40 por ciento, según indica el informe “De sobrevivientes a defensoras: Mujeres que enfrentan la violencia en México, Honduras y Guatemala”.

Cada año, se denuncian 15 mil  violaciones en México, pero solo dos mil  llegan a juicio y poco menos de 500 culminan en una condena, según el Informe de la Violencia Feminicida en México 1985-2010, realizado por el parlamento y el gobierno con ONU-Mujeres.

La situación real es peor porque solo entre 12 y 15 por ciento de las niñas o mujeres violadas lo denuncian, según el reporte que presentó Amnistía Internacional en julio de 2012 al Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación Contra la Mujer.

Para los colectivos de defensa de los derechos de las mujeres en México, el reciente caso de una joven  se ha convertido en un emblema contra el machismo que impera en las instituciones que imparten justicia, donde el principio es desestimar lo que digan las mujeres violadas.

“Miles de mujeres han sido asesinadas luego de ser violadas y los femicidas siguen libres. Pero una mujer violada que se defiende de la muerte termina en la cárcel y uno de sus violadores queda libre”, escribió la periodista y activista Lydia Cacho.

El caso  en cuestión ha mostrado todas las deficiencias del sistema de justicia frente a una violación.

Por ejemplo, los funcionarios del Ministerio Público tardaron nueve días en abrir una investigación sobre la violación y pasar el expediente a una fiscalía especializada en género.

Tampoco  la joven violada fue revisada por una ginecóloga, no le dieron atención psicológica, ni pastillas para evitar un embarazo, como establece la legislación del Distrito Federal, asiento de Ciudad de México.

El insólito caso

La agencia IPS  realizó recientemente un reportaje en la capital mexicana donde destaca la situación de la joven Yakiri Rubí Rubio Aupart, quien  desde diciembre de 2013 enfrenta un juicio por el asesinato de su violador.

Yakiri, de 21 años, vive en el populoso barrio de Tepito, una de las zonas más peligrosas de la capital de México.

La tarde del 9 de diciembre, iba a reunirse con su novia cuando fue interceptada por dos hombres en la calle, que la raptaron, amenazándola con una navaja, la subieron a una motocicleta y la llevaron a un hotel, según la versión que ella ha defendido durante el proceso.

Según su testimonio, los dos hombres la golpearon. Uno de ellos, la violó, mientras su hermano, salía a fumar. La joven se defendió e hirió a su agresor en el vientre y el cuello con su propia navaja. El hombre comenzó a desangrarse, pero tuvo tiempo de salir del hotel y huir en su moto.

Ella también salió corriendo del hotel y pidió ayuda a unos policías. Sangrando y semidesnuda llegó a una oficina del Ministerio Público (fiscalía), a tres cuadras del lugar.

Mientras esperaba que la atendieran varias heridas, una de ellas de 14 centímetros en un brazo, llegó su segundo agresor y la acusó de asesinar a su hermano por un pleito de amantes, algo que su condición de lesbiana desmonta, según su defensa.

Yakiri fue trasladada a una prisión de mujeres ya sentenciadas, acusada de homicidio calificado, un delito penado con cárcel de 20 a 60 años.

La redactora de IPS destaca cómo tres meses después, un juez reclasificó el delito por el de “legítima defensa con exceso de violencia”, asignó una fianza, que a la familia le costó mucho reunir, del equivalente a 10 mil dólares y le permitió seguir el juicio en libertad bajo presentación semanal ante el tribunal.

Ahora, vive encerrada en su casa, debido a las constantes amenazas que han recibido ella y familia. Sólo sale acompañada de sus padres.

Si el juez no hubiera establecido el exceso de violencia al reclasificar el delito, la joven habría sido exonerada; en cambio, si el juez determina que es culpable de un exceso de violencia, la joven deberá pagar a la familia de su agresor más de 28 mil dólares para “reparar el daño”.

En contraparte, la denuncia por la violación está bloqueada porque, para la fiscalía del Distrito Federal, el agresor ya pagó. Los fiscales no han considerado la reparación del daño, ni la participación del segundo agresor.

Seis meses después de la violación, Yakiri y su familia mantienen dos batallas: una legal, para ser exonerada del asesinato y para que haya una reparación del daño, y otra personal, para vivir sin miedo y recuperar sus vidas.

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