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Convocan huelga general en España

Los sindicatos plantan cara a las medidas del gobierno

Redacción Central |

Los sindicatos plantan cara a las medidas del gobierno

Las centrales sindicales españolas Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores presentaron este martes ante el ministerio de Trabajo la convocatoria a la huelga general prevista para el 29 de septiembre, en protesta por una reforma laboral «inoportuna, injusta y lesiva».

Se tratará así de la primera huelga general a la que se enfrenta el Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero desde 2004.

Para el secretario general de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, la reforma del mercado de trabajo aprobada en julio da un «poder coercitivo a las organizaciones empresariales que jamás habían soñado». También esa reforma, según Fernández Toxo, «impulsa con renovados bríos la contratación temporal».

Tras la presentación de un documento de 10 páginas presentado al ministerio de Trabajo, el secretario de Unión General de Trabajadores, Cándido Méndez, le reprochó al Ejecutivo que la nueva regulación del mercado laboral precarizará el trabajo. «Será un instrumento que puede producir una gigantesca operación de sustitución de los empleados más maduros por otros de contratos en precario», sostuvo Méndez. Además, Méndez consideró que «nunca antes» se había producido en el país una «mezcla de imposición de decisiones de recortes de derechos de trabajadores y gasto público».

En ese sentido, estimó que la huelga es una necesidad para «que el futuro sea mejor, o al menos no sea peor que el presente ni el pasado».

Al respecto, Fernández Toxo opinó que los recortes suponen «sacrificios injustos» y «desdicha económica», por lo que, a su juicio, hay que «movilizar recursos públicos, escasos pero disponibles, al servicio del empleo».

«Entre déficit y empleo, nosotros nos quedamos con el empleo», agregó el dirigente de Comisiones Obreras.

El Ejecutivo español aprobó en mayo un plan de ajuste que implicó, entre otras cosas, reducciones de salarios de trabajadores estatales y recortes en obras públicas.

Acompañado luego por una reforma laboral que contempla la posibilidad de que empresas acrediten pérdidas para justificar despidos, el llamado «plan de austeridad» significó también la suspensión de la revalorización de las pensiones.

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