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Presentan en Argentina demanda por crímenes del franquismo

Alegan los demandantes el principio de jurisdicción universal

Redacción Central |

Alegan los demandantes el  principio de jurisdicción universal

Organizaciones humanitarias de Argentina y España y el Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel han presentado este miércoles en los tribunales de Buenos Aires una demanda para que se investiguen crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Francisco Franco.

La denuncia ha quedado en manos de la jueza federal María Servini de Cubría, según los demandantes, quienes expresaron su confianza en que «víctimas de la dictadura franquista» se sumen paulatinamente a esta querella.

Un total de 10 asociaciones y dos particulares suscribieron esta querella contra lo que calificaron de genocidio cometido contra miles de personas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista en España, en virtud del principio de jurisdicción universal.

En su denuncia, solicitan que se pida a España la identificación de todos sus presidentes y ministros entre 1936 y 1977, en el marco de la investigación que ayude a identificar a los responsables de estos crímenes y la detención de los que continúen vivos.

Los denunciantes alegan que los crímenes cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, constitutivos de un delito de genocidio y/o de lesa humanidad, «nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española». «Hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad», afirman.

La denuncia fue presentada por las organizaciones no gubernamentales -Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica, española; Abuelas de Plaza de Mayo; Liga argentina por los Derechos del Hombre; Comisión Provincial por la Memoria; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; Centro de Estudios Legales y Sociales; Asociación de ex detenidos-desaparecidos; Federación de Asociaciones Gallegas de la República de Argentina; Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y el Comité de Acción Jurídica- y por dos particulares, Darío Rivas Cando e Inés García Holgado.

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