Opinión

El odio al elemental derecho de ser País tiene un nombre: Nica Act

Los tiempos han cambiado y los sectores más conservadores también deberían actualizarse

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Bandera de la República de Nicaragua |

Redacción Central |

I

Nicaragua es un baluarte de la paz y la seguridad internacionales, como mandatan las Naciones Unidas. Sus 130 mil 373 kilómetros cuadrados, 6.3 millones de habitantes, tres puentes a desnivel, un solo rascacielos y ningún cazabombardero en los escasos hangares de la Fuerza Aérea, no pueden constituir la más mínima amenaza para una súper potencia mundial como los Estados Unidos.

Desestabilizarla, infamarla, embestirla, cortándole los préstamos de los organismos multilaterales, como pretende un grupo dirigido por la última sobreviviente de la política de la Guerra Fría, es inicuo. Los mismos directores ejecutivos internacionales corroboran la administración impecable de los desembolsos financieros.

Los tiempos han cambiado y los sectores más conservadores también deberían actualizarse. Pero no ha sido así. No quieren comprender que Nicaragua ya no puede orbitar en aquella funesta historia en la que la metrópoli impidió el desarrollo normal de una nación a cambio de obligarla a desempeñar el degradante papel de “patio trasero”. Apenas nos estamos recuperando.

En vez de aceptar que Nicaragua, en este siglo XXI, entró a la edad irreversible en que las páginas fatales de su historieta bananera llegaron a su fin, solamente reconocen a algunos nicaragüenses que alcanzan el nirvana con tutelajes foráneos. Al carecer de pueblo y de toda dignidad nacional, su anhelada vía para obtener el poder no es la democracia, sino su antípoda: el intervencionismo.

Que la nación que más agresiones ha sufrido en la región latinoamericana sea forzada de nuevo a entrar en el pernicioso ciclo de guerras, invasiones, filibusterismos, ocupaciones, injerencismos, a partir de cualquier falacia y con sus incondicionales de siempre, como sucedió en el pasado, es una atrocidad.

La Nica Act no responde a la grandeza de los Estados Unidos de George Washington y Martin Luther King. No responde a los valores nacionales y democráticos defendidos por los senadores Burton K. Wheeler, del Partido Demócrata (1923-1947) y William E. Borah, del Partido Republicano (1907-1940) y presidente de la Comisión de Relaciones, que cuestionaron la injusta guerra contra el general Augusto César Sandino.

La iniciativa únicamente responde a las bajezas de Joseph Raymond McCarthy.

II

Inexcusable es que los proponentes de la Nica Act eleven a canon el triste expediente antidemocrático de sentirse muy bien con Nicaragua solo cuando sus empleados o adictos a la vieja escuela intervencionista son los “ungidos” para ser “electos” presidentes de la República y jefes de la Guardia Nacional, como ocurrió hasta 1979.

Para los firmantes, fuera de ese “modelo de perfección de la democracia”, todo lo demás es “perverso”, “un ataque a los valores occidentales” y “un riesgo inminente a la seguridad de los Estados Unidos”.

Ya sabemos, por experiencia desde la Nota Knox en 1909, que de cualquier excusa los sectores extremistas se valen para luego imponer sus criterios, políticas y patrones de comportamiento que producen subalternos pero nunca ciudadanos: que “estadounidenses corren peligro”, que “deben protegerse las propiedades…”.

Hoy, cuando hay inversionistas y vienen cientos de turistas de la Unión Americana a disfrutar de un país con la mejor seguridad ciudadana de la región, se fabrican otros pretextos. Tal diatriba está fuera de la realidad sociopolítica, pero muy adentro de la campaña de distorsión de “medios independientes” y ciertas oenegés políticas que sin censuras hablan de “dictadura”, “violación de derechos humanos”, “deterioro de la libertad de prensa”, etc.

III

La Enciclopedia de la Política de Rodrigo Borja, al definir el Intervencionismo, describe la esencia de la Nica Act: “es la tendencia de un Estado a irrumpir en los asuntos internos de otro Estado, ya con finalidades de dominio político o ideológico, ya con propósitos de control de los recursos naturales, ya con el objetivo de conquistar mercados para sus manufacturas. Por lo general todos estos propósitos están enlazados en las operaciones intervencionistas”.

Asimismo, el libelo reactivado se opone enfáticamente a la Declaración sobre principios de Derecho Internacional que rigen las relaciones de amistad y cooperación entre los Estados, adoptada en 1970 mediante la resolución 2625 (XXV) por la Asamblea General de las Naciones Unidas.

“Ningún Estado o grupo de Estados —dice la Declaración— tiene derecho de intervenir directa o indirectamente, y sea cual fuere el motivo, en los asuntos internos y externos de cualquier otro. Por lo tanto, no solamente la intervención armada sino también cualesquiera otras formas de injerencia o amenaza atentatoria a la personalidad del Estado, o de los elementos políticos, económicos y culturales que lo constituyen, son violaciones del Derecho Internacional. Ningún Estado puede aplicar o fomentar el uso de medidas económicas, políticas o de cualquier otra índole para coaccionar a otro Estado a fin de lograr que subordine el ejercicio de sus derechos soberanos y obtener de él ventajas de cualquier orden. Todos los Estados deberán también abstenerse de organizar, apoyar, fomentar, financiar, instigar o tolerar actividades armadas, subversivas o terroristas encaminadas a cambiar por violencia el régimen de otro Estado y de intervenir en la guerra civil de otro Estado. El uso de la fuerza para privar a los pueblos de su identidad nacional constituye una violación de sus derechos inalienables y del principio de no intervención” (EP).

IV

Los hombres y mujeres de buena voluntad en el Capitolio deben mandar el documento de doña Ileana Ros-Lehtinen, Marcos Rubio y Albio Sires, a la Historia Universal de la Infamia, de Jorge Luis Borges.
La desgraciada relación Estados Unidos-Nicaragua nunca fue causada por el país centroamericano. Lo que ha demandado la patria de Rubén Darío es ser tratada con el decoro que merece un Estado Nacional, no como la antigua caricatura de república que añora la hiperderecha en sus diversas presentaciones, ora siglas políticas deshabitadas, ora oenegé, ora “prensa independiente”.

Nuestro país respeta lo que deciden en su propia nación los norteamericanos y sus instituciones, admira sus logros formidables y comprende hasta sus errores humanos. Lo que no celebra es la abominable intención de un pequeño grupo de congresistas de querer reciclar los evitables horrores de antaño que ahora, bajo el nombre de Nica Act, estarían al servicio del odio obsesivo de la señora Ros-Lehtinen. Ella y su núcleo no representan los sentimientos del noble e inteligente pueblo estadounidense.

Nicaragua, además, no solo saluda sino que ejercita la citada Declaración sobre Principios de Derecho Internacional asumida por la ONU: “Todo Estado tiene el derecho inalienable a elegir su sistema político, económico, social y cultural, sin injerencia en ninguna forma por parte de ningún otro Estado”.

¿Acaso es un delito cumplir con el deber elemental de ser País?
mem/es

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