Opinión

Un nuevo capítulo en busca de la paz

Las conversaciones entre las FARC-EP y el gobierno colombiano entran en una etapa crucial

Diálogo de paz FARC-EP y gobierno colombiano
Diálogo de paz FARC-EP y gobierno colombiano |

Joaquín R. Hernández |

El martes próximo se reiniciarán en La Habana los diálogos de paz que desde noviembre de 2012 sostienen las representaciones de la organización guerrillera más antigua de América Latina, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia–Ejército del Pueblo (FARC-EP) y el Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, ahora reelecto.

Todos los temas hasta ahora debatidos han alcanzado un punto de consenso. Éste que se inicia es probablemente uno de los más difíciles e imprevisibles.

Hasta la fecha, los dialogantes han encontrado acuerdos en un asunto tan sensible como el agrario, en un país donde, como en casi toda América Latina, las estructuras económicas y sociales predominantes en el campo son causa de opresión y desigualdad.

Otro tema difícil -ninguno es sencillo- sobre el que se debatió con amplitud y también se alcanzó un consenso fue el narcotráfico. Un punto de vista central defendido por la guerrilla fue que las culpas y las consecuencias de este dilema no debían pagarlas quienes menos responsabilidad tienen en él: los campesinos. De no existir el gigantesco mercado para las drogas que representa Estados Unidos, ni Colombia ni otro país hoy desangrado por la dinámica del narcotráfico, México, tendrían este problema en su agenda.

También se abordó en otro ciclo un tema de futuro: la participación política, los derechos y las garantías, una vez acordada la paz, con que podrían actuar en el escenario nacional los nuevos movimientos políticos que necesariamente surgirán.

Al final, se debatirán los detalles sobre la conclusión del conflicto y se elaborará un acuerdo de paz global, que será el realmente válido.  Mientras este no se haya acordado, han dicho repetidamente los participantes en la mesa de conversaciones, no hay nada acordado.

Pero antes debe despejarse un asunto raigal, en el ciclo que se iniciará la próxima semana: el delicado y sensible de las víctimas del conflicto. En este punto, comenzarán a escucharse a quienes en tal calidad han sufrido los embates del largo estado de guerra.

Sin embargo, este ciclo es mucho más que un ejercicio testimonial. De la definición de víctimas y victimarios surgirá una u otra narrativa, una u otra forma de historiar el conflicto que ha desangrado durante más de medio siglo al gran país sudamericano.
Un despacho de la agencia española EFE refiere que en el enfrentamiento entre guerrillas, paramilitares y las fuerzas armadas colombianas se han contabilizado 220,000 muertos, unos 25,000 desaparecidos, 5,7 millones de desplazados y 27,000 secuestrados, además de unas 2,000 masacres, según datos del Centro de Memoria Histórica.

En tal sentido, las FARC-EP han planteado que si el Gobierno pretende que se escuche a sus militares y policías en las audiencias, debe tener “plena disposición a que se escuchen también a los combatientes guerrilleros, e incluso, los representantes de aquellos que como el comandante Alfonso Cano, fueron asesinados, convirtiéndose también en víctimas del conflicto”.

Y reclamaron que se ofrezca la posibilidad de participar a “integrantes de la insurgencia que hoy se encuentran en estado de hacinamiento, varios de ellos heridos, mutilados, algunos peligrando su vida por problemas de salud en las cárceles de Colombia”. Según noticias preliminares, unas 60 personas se presentarán, en cinco grupos, ante ambas delegaciones.

El nuevo escenario interno

Otro nuevo elemento dará una tónica diferente y más compleja a esta ronda de diálogos.

Las conversaciones se reiniciarán luego de una larga pausa, durante la cual se celebraron las elecciones presidenciales colombianas, que otorgaron un segundo mandato al presidente Juan Manuel Santos.

Pero que vieron también el surgimiento, con gran vigor, de una fuerza uribista en el Congreso, que indudablemente condiciona la capacidad de maniobra del gobierno.

Dos hechos recientes muestran ya las dificultades del nuevo ambiente.  El primero, la negativa del Congreso de abordar el tema de las víctimas, al descartar una propuesta de un parlamentario izquierdista.  Si bien los términos planteados eran radicales, al centrarse en los orígenes del narco militarismo y en las responsabilidades uribistas, el órgano legislativo renunció siquiera a rebatir los planteamientos del congresista.

El segundo hecho fue la anulación por la Corte Suprema de Justicia de una providencia de la Sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín que, entre otras cosas, ordenaba una investigación penal contra el exmandatario Álvaro Uribe Vélez.

Y el proceso tendrá que abrirse paso enfrentando los avatares de otra condición que lo acompaña desde su inicio: se negocia la paz, mientras se sigue combatiendo.

Por esto puso en tensión a todas las partes implicadas e interesadas en el diálogo -es decir, toda la sociedad colombiana- la reciente amenaza del presidente Santos de abortar el proceso de paz en respuesta a una cadena de acciones guerrilleras.

Afortunadamente, la reacción de las fuerzas a favor de la paz se impuso, desde aspirantes a la presidencia que contendieron contra Santos en las elecciones pasadas, hasta monseñor Luis Augusto Castro, presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, quien hizo un serio llamado a que continuaran las conversaciones.

El diálogo se reiniciará el martes a puertas cerradas, discutiendo aspectos procesales previos. Luego comenzará el ciclo, el cual, según un documento de ambas delegaciones, escuchará a los representantes de quienes “tienen derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición”.

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