Opinión

Manifestaciones y diálogos en la escena colombiana

Otro paro nacional agrario se cruza en el tiempo con los diálogos de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano

Joaquín R. Hernández |

Nuevamente la actualidad colombiana, siempre pródiga en noticias, vuelve a titular con las manifestaciones campesinas en la mayor parte de los departamentos del país.

El nuevo paro nacional agrario surge a casi un año de otro similar anterior, que abarcó veinticinco de los departamentos colombianos y que dio lugar a numerosos actos de represión.

Aquel paro tuvo un claro origen en el impacto de las economías neoliberales en la tierra colombiana:  la entrega de recursos naturales a transnacionales extranjeras o asociadas con empresas nacionales, medidas tributarias lesivas para los campesinos, inversiones en minería que afectaban al campesinado, la mayoría de estas causas amparadas por la sombrilla de los tratados de libre comercio.

Al final, el gobierno colombiano buscó arreglos territoriales con los campesinos, e hizo promesas que, como muchos dijeron, no iba a cumplir.

Y ese es el origen del paro agrario nacional actual: la protesta por el incumplimiento de aquellas promesas y sus correspondientes acuerdos, a los que los dirigentes campesinos calificaron de “pañitos de agua tibia”.

A las protestas agrarias se han unido las de otros sectores.  Los estudiantes bogotanos escenificaron manifestaciones y quemaron llantas, lo que provocó la suspensión de las clases.  Los transportistas anunciaron su incorporación a las protestas, en su caso pidiendo la rebaja del precio del combustible.

Como era de esperarse, los sectores más reaccionarios intentaron de inmediato establecer una vinculación entre las manifestaciones campesinas y las guerrillas colombianas, a las que acusaron de estar detrás de algunas de las acciones.

Y ciertamente, hay vinculación entre una cosa y la otra, entre las quejas más esenciales de los campesinos, y lo que se discute en La Habana entre las FARC-EP y el gobierno de Juan Manuel Santos: no es por gusto que la agenda del diálogo habanero haya comenzado por donde mismo comenzó la insurgencia armada en Colombia: por el crucial tema agrario.

Tampoco es por acaso que coincidan los críticos más fuertes del proceso de paz, representantes de la ultraderecha y las oligarquías, con quienes buscan algún enlace entre las manifestaciones campesinas y las organizaciones guerrilleras.

Con una superficie que sobrepasa el millón de kilómetros cuadrados y más de 46 millones de habitantes, Colombia es uno de los países más ricos de América Latina, y uno de los peores en la distribución de la riqueza:  el uno por ciento de los colombianos es propietario de la mitad de la tierra.

El gasto militar colombiano es de los más elevados del planeta respecto a su PIB, y su alianza con Estados Unidos en la llamada guerra contra las drogas lo convierte en uno de los principales receptores, junto con Israel y Egipto, de ayuda bélica estadounidense.

Concluyendo un tema y anunciando el próximo

En los diálogos de La Habana se llegó a consenso entre la guerrilla y el gobierno sobre aspectos vinculados con el escenario rural, como el desarrollo territorial, creación de infraestructuras, extensión de los servicios de salud y educación, construcción de viviendas, estímulos a la producción agropecuaria, políticas alimentaria y nutricional y, en general, la erradicación de la pobreza en el campo.

Posteriormente, fue objeto de acuerdo otro tema jerarquizado en el diálogo: las modalidades que adoptaría, una vez establecida la paz, la participación política de todas las fuerzas en el nuevo escenario.

Y desde hace siete meses, las partes dialogantes debaten el tema de las drogas y del narcotráfico, cuyo planteamiento supone un enfoque mucho más amplio que el meramente represivo.  Durante las discusiones, los representantes de las FARC han insistido en la necesidad de que se tenga en cuenta la solución a la economía de los campesinos que hoy cultivan la coca, así como  la consideración de su producción con fines médicos.

El tema está llegando a su momento conclusivo.  Un acuerdo en este delicado asunto es de extraordinaria importancia para Juan Manuel Santos, “porque haría que el proceso sea irreversible”, dijo.

Por lo cual se va anunciando ya el complejísimo escenario que provocará el siguiente punto, que ha recibido varios nombres, entre ellos “los derechos de las víctimas”.

Que obliga a definir quiénes son las víctimas y, por lo tanto, a enunciar una narrativa del proceso de cincuenta años de confrontación armada, donde se pongan en su lugar las responsabilidades de los distintos sectores de la sociedad colombiana a lo largo de este medio siglo.

Las FARC han indicado claramente que jamás rehuirán sus responsabilidades en el conflicto colombiano ni desean “pactar impunidades”.

En La Habana expresaron la necesidad de que a la discusión del nuevo punto preceda una llamada “comisión de esclarecimiento de la historia”, que defina un “relato histórico con conclusiones y efectos políticos” del conflicto colombiano.

“Con ello”, indicaron, “estamos mostrando nuestra disposición a asumir las responsabilidades políticas que se desprendan de una verdad construida con los instrumentos de las ciencias sociales”.

Esta narrativa, dicen las FARC, resulta necesaria para definir la “multiplicidad de actores” que han intervenido en el conflicto, incluidos el Estado y las fuerzas militares y paramilitares.

Tarea difícil, en una escena política y en una sociedad sometidas durante décadas a una constante tergiversación de la verdad sobre los movimientos y los luchadores por el establecimiento de la verdadera justicia y por las medulares transformaciones que urgen a la sociedad colombiana.

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