Opinión

La larga mano de Adam Smith

Conocimos en esta columna de la expansión económica de Estados Unidos hacia el Atlántico. No se queda atrás su proyección hacia el Pacífico

Monumento a Adam Smith
Monumento a Adam Smith | Wikipedia

Joaquín R. Hernández |

Un ilustrado economista, funcionario del Banco Mundial, me dijo una vez: toda la teoría económica (capitalista), son notas al margen de la obra de Adam Smith.

Keynesianos y neoliberales hallan, en último extremo, un punto de encuentro en la maximización de los beneficios, con mayor o menor pudor, por encima de cualquier prioridad. Incluyendo la soberanía de las naciones.

Bajo el ropaje del intercambio comercial beneficioso para todas las partes, el llamado Acuerdo Estratégico Trans Pacífico de Asociación Económica encubre un surtido de herramientas que potencian los intereses económicos fundamentales de Estados Unidos y sus corporaciones, que podrían imponerse sobre las legislaciones de los países participantes.

En otra lectura, el Acuerdo forma parte de un nuevo entramado que la gran potencia americana lleva años preparando para ocupar nuevos espacios, frente al ascenso de la poderosa China y de otras economías emergentes, señaladamente los BRICS, en la zona que en poco tiempo se convertirá en el centro de su atención: el Asia y el Pacífico.

Durante su mandato como secretaria de Estado, Hillary Clinton anunció que, en la próxima década, Estados Unidos realizará la mayor inversión “diplomática, económica, estratégica y demás, en la región Asia-Pacífico”.

Retirados de Iraq, retirándose de Afganistán, su intervención en los conflictos actuales de Oriente Medio consiste en apoyos logísticos y de inteligencia. El desarrollo impetuoso de la extracción de petróleo a toda costa -el fracking- en su propio territorio, es decir, su independencia petrolera, anuncia una retirada norteamericana de esta región para desplazar su centro de interés hacia la región asiática.

Y es aquí donde se inserta el mecanismo Trans Pacífico, en vías de constitución.

El proyecto nació con bajo perfil en 2005 entre Brunei, Chile, Nueva Zelanda y Singapur, solo con fines de liberalizar el comercio entre estos países.

En su configuración actual, participan en las negociaciones Estados Unidos, Perú, Chile, Australia, Nueva Zelanda, Brunei, Malasia, Singapur, Vietnam, Canadá, Japón y México.

Como en el caso del tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea, la falta de transparencia caracteriza sus encuentros y sus documentos. No obstante, se conocen algunos resultados. Alarmantes.

Son críticos dos temas fundamentales: la protección de la propiedad intelectual y la protección de las inversiones. Ambos resultan altamente complejos, y los puntos de vista impulsados por Estados Unidos, amenazantes.

El tema de la propiedad intelectual ha trabado las negociaciones entre Estados Unidos y otros países en numerosas ocasiones. De aceptarse sus pretensiones, los perjudicados serían los pobladores de los países menos desarrollados del conjunto de participantes.

Tras esta defensa a ultranza de la propiedad intelectual está, por ejemplo, la protección a las industrias farmacéuticas. Se protegerían y facilitarían, por ejemplo, los estándares para patentar o renovar las patentes, por ejemplo, de medicamentos, de forma que se retrase la utilización de genéricos, mucho más baratos, vitales para los sistemas de salud de los países menos desarrollados.

La propuesta de extender el período de protección de los derechos de autor a un mínimo de setenta años tras la muerte del autor, o a no menos de 95 desde la primera publicación autorizada, es una exageración interesada. El cobro de estos derechos, que incluye a los audiovisuales, es una de las grandes fuentes de ingresos de Estados Unidos.

Por otra parte, el Consejo de Canadienses y OpenMedia, organizaciones que velan por la libertad en Internet, señalan que el acuerdo, al amparo de la protección a los derechos intelectuales, “criminalizaría algunos usos comunes de Internet”, incluyendo la descarga de música. “Obligará a los proveedores de servicios a recoger y suministrar datos privados sin protección de la privacidad y dará a los conglomerados mediáticos más poder para enviar multas por correo, eliminar contenidos en línea –incluyendo páginas web completas– e incluso cortar el acceso a Internet”.

La información que se comparte en las redes sociales podría ocasionar que los usuarios de Internet sean multados, que se les confisquen sus ordenadores, se les suspenda el acceso a Internet e incluso se les sentencie a prisión.

Las inversiones, dicen los documentos conocidos, gozarían de una protección especial. De tal forma, las corporaciones podrían liberarse de constricciones locales establecidas para proteger, desde el derecho al trabajo, hasta la protección del medio ambiente o la seguridad del consumidor.

Tribunales especiales se constituirían para conocer las reclamaciones y, de seguro, serían un arma para proteger los intereses corporativos cuando entren en conflicto con los estados, que cederían visiblemente una buena parte de su soberanía.

Las negociaciones marchan en secreto. Es obvio que tales políticas enfrentarán reacciones vigorosas por parte de las sociedades perjudicadas. La propia población de Estados Unidos se ha pronunciado contra los efectos de los tratados de libre comercio, como la deslocalización de puestos de trabajo a países pobres: el 86 por ciento de los encuestados por NBC y el Wall Street Journal afirma que esta es una de las principales causas de sus problemas económicos, y el 69 por ciento piensa que los “acuerdos de libre comercio entre EE.UU. y otros países cuestan puestos de trabajo en EE.UU.”

Otra expansión transoceánica en curso, al son de una combinación poderosa, que no podía prever Adam Smith: el afán irrefrenable de ganancias, unido a la arrogancia de un imperio de proporciones que el viejo economista no pudo imaginar.

también te puede interesar