Opinión

Impuestos ilegales financian a soldados y rebeldes en la República Democrática del Congo

El grupo rebelde M23 también es acusado de extorsionar a la población civil

Redacción Central |

Taylor Toeka Kakala

IPS

Denise Mambo, residente de Kitshanga, en la oriental provincia de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo (RDC), se dirige a sus campos y se detiene ante una cuerda que se interpone en su camino.

“Nadie puede pasar este cordel si no paga el ‘lala salama’”, explica a IPS un sargento del ejército congoleño conocido por el sobrenombre de Django.

El “lala salama” (duerme en paz, en swahili), es un impuesto ilegal exigido por el ejército y los rebeldes en los campos de batalla de las orientales provincias de Kivu del Norte, Kivu del Sur, Maniema, Alto Katanga y, particularmente, la región de Ituri, en el noreste.

Inicialmente, “lala salama” era el nombre de un programa transmitido en 2000 por Radio Liberté, desde Kisangani, en el noreste de la RDC.

El programa era producido por un grupo político aliado con Uganda, país que acusó a Ruanda y a sus representantes en la RDC de alimentar el conflicto en suelo congoleño.

Ahora “lala salama” se refiere más a dinero que a ideología.

Cada persona que se dirige a trabajar sus tierras debe pagar un dólar o el equivalente a dos o tres kilos de sus cosechas a los uniformados en esos puestos de control informales. A este tributo ilegal a veces se le llama “contribución a la seguridad”.

“A veces el ejército y la milicia combaten solo para controlar un mercado o un camino que lleva a los campos”, dijo Jean Ngoa, líder tradicional de la localidad de Kitshanga, en diálogo con IPS.

Los grupos armados también recaudan en los mercados un impuesto paralelo al exigido por las autoridades. Los gravámenes van de los 20 centavos a los 10 dólares, dependiendo de la cantidad de la mercancía de cada vendedor.

Este dinero es recolectado los días de mercado, generalmente dos por semana.

Desde que en 2009 fracasó el programa de integración de exrebeldes al ejército congoleño, la población civil se convirtió en una de las principales fuentes de ingresos de las fuerzas del gobierno, los grupos insurrectos y las milicias ruandesas.

Aquel fracaso derivó en la insurgencia del Movimiento 23 de Marzo en abril de 2012.

Hoy, diversas milicias pululan en las cinco provincias del este de la RDC, y miles de civiles han sido víctimas de saqueos, violaciones y asesinatos, según Juvenal Munubo, parlamentario de Walikale, en Kivu del Norte, y miembro del Comité de la Asamblea Nacional para la Defensa y la Seguridad.

“Los civiles son víctimas de una insoportable explotación financiera”, dijo a IPS.

El general François Olenga fue designado jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de la RDC en noviembre de 2012, luego de que un informe de la Organización de las Naciones Unidas acusara a su predecesor, Gabriel Amisi, de venderle armas a rebeldes.

Olenga reconoció la ineficiencia del ejército e intentó darles seguridad a sus tropas. “Personalmente me aseguraré de que cada soldado reciba su paga”, prometió al asumir.

Aunque los jefes del ejército destacan que el salario promedio de un uniformado se incrementó de 10 a 60 dólares mensuales entre 2006 y 2013, los soldados insisten en que la paga es insuficiente e irregular.

Los civiles se convirtieron en la presa más fácil para recaudar impuestos ilegales. “Si tenemos suerte, podemos recolectar 60.000 dólares para pagarles a 1.000 hombres, oficiales incluidos”, dijo a IPS el capitán George Sakombi, del regimiento número 810 en Masisi, en Kivu del Norte.

“Estamos en un ejército sin paga alguna”, dijo por su parte a IPS el teniente coronel Vianney Kazarama, portavoz del M23, que tomó control de Goma en noviembre de 2012.

El impuesto “lala salama” estimuló la formación de milicias. En Kivu del Norte, por ejemplo, el número de grupos armados pasó de 12 a 25 desde 2008, según organizaciones de la sociedad civil. En Kivu del Sur, creció de 11 a unos 20.

Bajo anonimato, un maestro de otra localidad de Kivu del Norte, Kashuga, dijo a IPS que su aldea fue atacada 12 veces entre abril y julio de 2012 por las fuerzas armadas congoleñas, por la rebelde Alianza de Patriotas para un Congo Libre y Soberano, y por el grupo insurgente M26.

Este último, es una nueva organización armada que demanda la plena implementación del acuerdo de paz de marzo de 2009 entre el gobierno y la organización rebelde Resistencia Patriótica Congoleña, que ahora es un partido político.

“Cuando tomó control de Kashuga, el M26 obligó a cada persona mayor de 13 años a pagar 1.200 francos congoleños (poco más de un dólar)”, indicó. El impuesto se llama “rengera buzima”, que significa “protección de vida” en kinyarwanda, la lengua local.

A diferencia del “lala salama”, que no ofrece comprobante de pago, “la milicia M26 fue a campamentos de desplazados, escuelas e iglesias a obligar a todos que presentaran sus recibos de ‘rengera buzima’”, contó.

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