Opinión

Guerra despiadada contra hackers y denunciantes

¿Qué pensar de un sistema legal con un doble standard: uno para los pobres y discrepantes y otro, muy diferente, para los ricos?

Redacción Central |

Christian Christensen

Counterpunch


En el auge de la supuesta “epidemia” de cocaína que tuvo lugar en la década del 80 en EE.UU., tanto políticos como responsables de hacer cumplir la ley sintieron que debían hacer algo. El Congreso aprobó el Acta contra el Abuso de Drogas en 1986: una de las leyes más draconiana y abiertamente racista de la historia de EE.UU. La ley introdujo sentencias mínimas obligatorias, incluyendo la sorprendente condena a cinco años en prisión federal por la posesión de cinco gramos de la cocaína barata llamada “crack”. Lo que hizo que esta ley dejara de ser meramente medieval para ser abiertamente racista fue el hecho de que, para que la condena por posesión de cocaína fuera de cinco años, la persona debía tener en el momento de su detención 500 gramos de la sustancia. En otras palabras, había una disparidad de 100:1 entre las sentencias por posesión de crack versus cocaína en polvo. La cocaína por su alto precio tendía a ser la droga preferida por los jóvenes de clase media y los banqueros de traje y corbata, mientras que el crack, mucho más barato, era la escogida por los adictos más pobres. A pesar de este descarado factor discriminatorio, pasaron 26 años antes de que se aprobara el Acta de Sentencias Justas en 2010, con lo que la relación pasó de ser extravagantemente racista con un ratio de 100:1 a uno escandalosamente racista de 18:1.

¿Qué tiene que ver esto con los hackers y los denunciantes de conciencia?

Mucho. Al nivel más básico, el Acta contra el Abuso de Drogas de 1986 dejó al descubierto la ceguera de la justicia en EE.UU., o que la escala no estaba calibrada de manera de que no beneficiara a ningún ciudadano por raza o estatus socio-económico. La ley envió un mensaje claro y rotundo de que hay dos conjuntos de leyes en el país: uno para los que detentan el poder y el capital, y otro para el resto. Por ello, cuando se reportó, después del suicidio del hacker y diseñador de programas Aaron Swartz, que este enfrentaba la perspectiva de 35 años de cárcel por bajar de internet ilegalmente artículos académicos del sistema JSTOR, quedó claro para mucha gente que no estaba familiarizada con el caso, cuán torcido es el sistema legal de EE.UU., y la dimensión que pueden alcanzar los fiscales ansiosos de “dar un ejemplo” usando a alguien cuyo mayor delito fue bajar de internet artículos que los académicos entregan gratis a las editoriales, y, que a su vez, son vendidos a esos mismos académicos haciendo un buen negocio. JSTOR no presentó cargos pero la fiscalía avanzó con el juicio, en el que un hacker enfrentaba más años de prisión por bajar artículos sobre Emily Dickinson y teoría cinematográfica que un ejecutivo de Wall Street o de la firma de mercenarios Blackwater o un político corrupto.

Cuando hablamos de violencia estatal, tendemos a pensar en actos de violencia física perpetrados contra el cuerpo: la pena de muerte, la brutalidad policial o las guerras son ejemplos clásico. La violencia, sin embargo, no se limita a causar sufrimiento sino que también incluye la restricción de la libertad física y psicológica. Por ello, el encarcelamiento es un acto significativo de violencia, y es, junto a la posibilidad de quitarle la vida a una persona mediante la pena de muerte o la guerra, un poder importante que detentan los estados. Las sanciones económicas pueden destruir económicamente a una persona, pero aún así esa persona es libre para caminar por las calles, jugar con sus hijos o realizar algunos de los múltiples actos de la vida diaria de un ser humano, por lo tanto el individuo retiene los elementos centrales de su dignidad y condición humana. No puedo creer que a alguien se le nieguen esos derechos durante un cuarto de siglo por haber bajado artículos académicos de internet, no; y ya que estamos en el caso, tampoco puedo entender cómo Gran Bretaña pudo condenar a los hackers de Anonymous Christopher Weatherhead y Ashley Rhodes a 18 años y a 7 meses de prisión respectivamente, por el delito de ataques de “denegación de servicio” (DDoS, según sus siglas en inglés) contra PayPal, Visa y Mastercard. Esto sucede, mientras que el ex director del Royal Bank de Escocia, Sir Fred Goodwin, camina libremente por las calles después de haber percibido un salario de 1,3 millones de libras esterlinas como jefe de la mayor pérdida económica en la historia de las corporaciones británicas, 24 mil millones de libras esterlinas.

Además de los hackers, están los denunciantes de irregularidades o delitos, de los cuales el más famoso es Bradley Manning, quien también enfrenta la posibilidad de pasar la mayor parte de su vida entre rejas. Estuvo confinado por casi 1000 días, y, al principio, en aislamiento total. A Manning se lo acusa de poner en riesgo la seguridad de EE.UU. al haber filtrado documentos secretos a WikiLeaks. Una parte de la información que filtró fue material de video (ahora conocido como “Video de asesinatos colaterales”). La ironía es que si Manning hubiera sido un soldado chino, iraní o cubano, que revelara potenciales crímenes de guerra cometidos por su gobierno, su detención en solitario y la perspectiva de condena perpetua serían exhibidas como evidencia del barbarismo y las tendencias antidemocráticas de los “regímenes” mencionados, y se harían llamados reclamando su liberación citando “razones humanitarias”. Pero tanto Manning como Swartz han recibido el mismo tratamiento que los adictos a la variedad barata de la cocaína, en contra de la ley y la lógica, con el fin de destruir al individuo bajo ataque.

Si el mensaje del Acta contra el Abuso de Drogas de 1986 fue que los pobres y las minorías deben ser puestos en su lugar en un país regido por las élites blancas, entonces, ¿cuál sería el mensaje transmitido en relación a Manning, Swartz y los dos hackers de Anonymous en Gran Bretaña? Muy similar. Mientras que EE.UU. y Gran Bretaña proclaman a los cuatro vientos la defensa de la libertad de expresión y la democracia basados en términos geopolíticos, los disidentes y los activistas deben ser puestos en su lugar. Son útiles para que el proyecto neoliberal muestre que tolera el disenso; pero una vez que los disidentes cruzan la línea y traspasan el espacio sagrado de las ganancias corporativas y el poder militar, entonces es hora de detenerlos. Si para hacerlo, hay que enviar a una persona a la cárcel de por vida por revelar crímenes de guerra, o empujarla al suicidio por bajar de internet artículos académicos, que así sea.

Christian Christensenes profesor de Estudios de Periodismo y Medios de Comunicación en la Universidad de Estocolmo, Suecia.

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