Nicaragua: La restitución de derechos a los pueblos originarios

(Por Alfredo G. Pierrat, corresponsal de Prensa Latina en Nicaragua) Las condiciones de vida de los pueblos originarios comenzaron a cambiar realmente después que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asumió por segunda vez el gobierno de Nicaragua, en enero de 2007

Al igual que en otros muchos países latinoamericanos y caribeños, la historia de los pueblos originarios de lo que hoy es Nicaragua fue marcada por la colonización europea del entonces llamado Nuevo Mundo.

Fue Cristóbal Colón, en su cuarto y último viaje, el primer europeo en hacer contacto con esta tierra, el 12 de septiembre de 1502, tras rodear lo que después se conoció como Cabo Gracias a Dios, en la costa caribeña.

Diez años más tarde, España inició la conquista del territorio caribeño de la actual Nicaragua, mucho antes de que Gil González Dávila, en representación de la Corona española, iniciara en 1522-1523 la colonización de las tierras ubicadas a orillas del océano Pacífico.

Pero desde mucho antes de la llegada de los conquistadores europeos, esta parte del istmo centroamericano estaba habitada por pueblos descendientes de los toltecas, aztecas y mayas, agrupados en las regiones del Pacífico y del norte en las etnias náhuatl, chorotegas y sutiabas, entre otras, mientras en el Caribe predominaban los miskitos, mayagnas y ramas.

A diferencia de lo que ocurrió en las zonas del Pacífico, donde los colonizadores hispanos lograron afianzarse y fundaron Granada y otras ciudades, los intentos de ocupar el territorio caribeño fracasaron una y otra vez frente a la férrea resistencia de la población nativa.

España nunca pudo conquistar esa parte de lo que hoy es Nicaragua, aunque le perteneciera desde 1494, cuando los reyes católicos y el monarca portugués se repartieron el Nuevo Mundo en el Tratado de Tordesillas.

España nunca dejó de reclamar su dominio sobre el territorio caribeño de lo que hoy es Nicaragua, pero fueron los ingleses quienes colonizaron esa región, y aliados con la población autóctona crearon el reino de La Moskitia en 1661.

La dinastía miskita experimentó una gran expansión durante los siglos XVII y XVIII gracias a su alianza con los bucaneros ingleses, quienes les proporcionaban armas que les permitieron controlar un territorio extendido hasta partes de Costa Rica por el sur y Honduras por el norte.

Una de las consecuencias del dominio inglés sobre la región caribeña fue la introducción en la zona de gran número de esclavos negros provenientes de Jamaica, quienes hoy constituyen allí el grueso de la población afrodescendiente nicaragüense.

El último rey miskito de la época colonial fue Stephen (1816-1820), pero la región continuó bajo el dominio inglés hasta 1860, cuando Londres reconoció la pertenencia del territorio caribeño a Nicaragua, que ya había logrado la independencia de España desde 1821, pero impuso una autonomía para esa zona en relación con el resto del país.

Como resultado, la zona atlántica de Nicaragua se convirtió más tarde en el departamento de Zelaya, y en 1987, durante el primer gobierno sandinista, fue aprobada la Ley de Autonomía, mediante la cual se crearon las actuales Región Autónoma del Atlántico Norte (RAAN) y Región Autónoma del Atlántico Sur (RAAS), con capitales en Wilbi (Puerto Cabezas) y Bluefields, respectivamente.

Durante los algo más de cinco siglos transcurridos desde que el Gran Almirante cruzara el cabo de Gracias a Dios, los pueblos originarios del territorio nicaragüense, a los que se añadieron por el camino los afrodescendientes, componen hoy, con los provenientes de Europa, una heterogénea población en la que predomina la mezcla, pero donde se distinguen claramente también las etnias autóctonas.

En ese largo proceso de evolución, los pueblos indígenas fueron como regla preteridos y explotados, y han debido luchar tenazmente por la preservación cultural, por la posesión de sus tierras ancestrales y por el uso y conservación de sus recursos naturales.

En las regiones caribeñas, por ejemplo, donde se localizaban las áreas de mayor cobertura forestal de Nicaragua, las concesiones a compañías madereras extranjeras provocaron una reducción considerable de las extensiones de bosques y por ende de la fauna que lo habitaba, y otro tanto ocurrió por la tala masiva de árboles para explotaciones agrícolas o ganaderas.

Las condiciones de vida de los pueblos originarios comenzaron a cambiar realmente después que el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) asumió por segunda vez el gobierno de Nicaragua, en enero de 2007.

Desde entonces, el gobierno sandinista, encabezado por el presidente Daniel Ortega, colocó las facultades y libertades de los pueblos indígenas y el uso, disfrute y manejo de sus recursos naturales y tierras ancestrales, a la cabeza de la política de restitución de derechos a todos los nicaragüenses.

Toda acción del gobierno está dirigida a hacer justicia en la restitución y reconocimiento de los derechos ancestrales que por cientos de años fueron negados a los pueblos originarios, proclamó Evelyn Taylor, viceintendente de la Propiedad.

Taylor representó al gobierno de Managua en la sesión del Foro Permanente para Asuntos Indígenas, efectuada a mediados de mayo de este año en la sede de la ONU, en Nueva York.

En Nicaragua, dijo la funcionaria gubernamental, esos conglomerados tienen el derecho de ser consultados mediante los mecanismos tradicionales acorde con sus costumbres y tradiciones para poner en práctica el concepto de consentimiento previo, libre e informado, defendido por las Naciones Unidas.

El gobierno asegura que este año deberá concluir la demarcación y la entrega de títulos de propiedad de las tierras de las comunidades indígenas en las dos regiones caribeñas, con lo que sumarán 36 mil kilómetros cuadrados de territorio demarcados y restituidos, y resuelta una reivindicación histórica de los pueblos originarios.

Vale la pena señalar que sólo los 22 mil 546 kilómetros de tierra demarcados y titulados hasta 2010 constituyen una extensión mayor que la ocupada por la República de El Salvador y equivalen al 18 por ciento de todo el territorio nacional, donde se beneficiaron 103 mil 790 pobladores de 214 comunidades.

Pero la mejoría de las condiciones de vida de los pueblos originarios en el Caribe nicaragüense no sólo tiene que ver con la restitución de los derechos sobre sus tierras ancestrales.

Es enorme el esfuerzo que se realiza desde hace cuatro años desde el gobierno central para hacer llegar la energía eléctrica a las zonas más apartadas -aún lejos de concluir-, o el desplegado en las áreas de educación y salud.

O para estimular la producción con programas como Hambre Cero y Bono productivo, ambos vinculados con el objetivo a largo plazo de eliminar la pobreza en que vive la gran mayoría de la población del país.

En reconocimiento a los resultados de esos esfuerzos, la comunidad internacional designó en mayo de este año a una indígena de la etnia miskito, la nicaragüense Mirna Cunningham, como presidenta del Foro Permanente para Asuntos Indígenas de Naciones Unidas.