La libertad de los patrones

Están enfermos de odio. Sus propias culpas y temores les hacen ver diablos azules. Sufren de delirio de persecución. Reaccionaron como cuando al diablo le muestran la cruz. Ningún funcionario del gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional se había atribuido su autoría. Pero la dictadura mediática anticipadamente acusó a la administración del presidente Daniel Ortega de “amenazar” la libertad de expresión y de prensa.

La causa: un proyecto de reforma a la Ley de Colegiación que nació como un mandato de los últimos dos congresos del Colegio de Periodistas de Nicaragua (CPN), e impulsada por su directiva nacional en conjunto con el Comité de Ética y Honor, integrado por la diputada y periodistas Martha Marina González, William Briones y quien escribe.

Esta iniciativa es apenas una propuesta, no un producto acabado, que debe ser sometida al escrutinio de los agremiados. Claro que contiene errores, somos humanos y nos equivocamos. Pero no hubo dolo, ni intencionalidad política en su elaboración a como malignamente lo ha manipulado la derecha mediática. Mucho menos se pretenda obligar a alguien a pertenecer a nuestra organización que tanto costó su aprobación en la Asamblea Nacional en 1997.

Martha Marina presentó la iniciativa de Ley, porque el procedimiento legislativo establece que un diputado debe hacerlo. Pudo hacerlo cualquier otro. Existe la alternativa que sea presentada por los proyectistas acompañada con cinco mil firmas de ciudadanos que la respalden, para ser sometida ante primera secretaría del Parlamento.

Por esa razón, es justa la reacción del jefe de la bancada sandinista, Edwin Castro, rechazando la autoría del proyecto y sentando la posición de que el Frente Sandinista, no apoyará ninguna iniciativa que vaya en perjuicio de los periodistas nicaragüenses.

El anteproyecto de Ley tiene el propósito de adaptar la legislación vigente a los actuales tiempos, considerando que algunos aspectos de su contenido están desfasados. Todos los señalamientos que sean válidos tienen que recogerse, incluyendo la rectificación del artículo 6, referido a la supuesta obligatoriedad.

Entre los artículos que deben eliminarse están los referidos a la integración del Colegio de Periodistas, por cuanto dejó de tener vigencia a partir del primer congreso del CPN, entre otros.

Los legisladores están obligados a consultar la iniciativa entre los afiliados del CPN para que expresen sus puntos de vista, y en caso que no haya consenso sencillamente no se aprueba y punto.

El interés de someter el proyecto con premura ante primera secretaría de la Asamblea Nacional, obedeció a que se quería evitar que su discusión se contaminara con temas políticas, habida cuenta que en el 2010 será un período preelectoral, o que se quedara engavetada a como sucedió con la legislación vigente.

Autocríticamente reconozco que uno de los errores que cometimos, sin haber tenido la intención de dañar al gremio, fue no haber distribuido masivamente el borrador del proyecto, vía correo electrónico o al menos colocarlo en nuestra página Web, para que la mayoría de periodistas lo conociese y pudieran presentar sus consideraciones, aportes y sugerencias.

Allí se habría acabado la alharaca emprendida por los enemigos del gremio, entre ellos algunos colegas que en su afán de protagonismo no les importa perjudicar a todo un gremio.

La dictadura mediática no desaprovechó la ocasión. Se montó sobre la “advertencia” de nuestros colegas, aprendices de patrones, quienes no tienen autoridad para reclamar porque ni siquiera han  querido afiliarse al CPN, pese a que se convirtieron en “asesores” de la anterior junta directiva.

Los patrones lanzaron a todo un ejército de entrevistados para acusar al Gobierno de promover una reforma a la Ley de Colegiación “excluyente y represiva”. No obstante, el intento de aclaración de nuestra colega González.

Periodistas desinformados, diputados del montón, “especialistas” en materia laboral, fueron entrevistados para descalificar el proyecto de reformas a la Ley de Colegiación.

Solamente faltó que abordaran al gato de su casa para que también emitiera su opinión sobre el tema.

El colmo del cinismo de los patrones  es que invocan el artículo 49 de la Constitución que consigna la libertad de todos los nicaragüenses de afiliarse o no a cualquier organización social o gremial.

Claro que todos debemos respetar ese sagrado principio constitucional y no pretendemos violentarlo. Pero sería bueno que los patrones empiecen a respetarlo, permitiendo que los trabajadores de sus empresas se organicen en sindicatos, cuyo derecho les han negado  históricamente.

¿Qué corona tienen?

Como gallinas cacaraqueando salieron los representantes de los organismos de “derechos humanos”, en férrea defensa de los “pobres” empresarios para que  no les pusieran “un bozal”.

Como si no fueran éstos los que permanentemente sabotean la información que emana de la gestión de la administración del presidente Daniel Ortega, al publicar solamente fallas, errores y algunos abusos de funcionarios gubernamentales.

El mismo fervor que utilizan las comisiones de los derechos humanos para defender a sus socios partidarios, igual deberían hacerlo con los trabajadores de los medios derechistas, quienes tienen que soportar el mal trato, explotación salarial, ausencia del pago de horas extras, y el abuso de esas empresas periodísticas con las famosas utilidades que entregan amañadamente cada año entre su personal como pretexto para evadir impuestos.

Allí podrán constatar in situ, la flagrante violación a los derechos humanos de sus trabajadores esclavos, pues esas empresas funcionan como si fuesen zonas francas.

Esos defensores de los derechos humanos tienen la oportunidad de enmendarse ante la ciudadanía. Investiguen el caso de Moisés López, fotógrafo de El Nuevo Diario, a quién lanzaron a la calle, negándole el derecho al trabajo, y se rehúsan a pagarle sus respectivas prestaciones, pese a que quedó incapacitado después de sufrir un accidente de tránsito mientras le servía a los patrones.

Si no actuaran como emisarios de los partidos políticos de la derecha, podrían observar el sostenido boicot informativo que le ha impuesto la dictadura mediática al quehacer gubernamental.

Todos los gobiernos por muy malos que sean, siempre harán algo bueno a favor del pueblo. Y este gobierno ha demostrado que lo está haciendo con sus programas sociales y económicos que benefician a miles de nicaragüenses pobres.

Los negociantes de la información no están interesados en mantener informado al pueblo, ni en la libertad del ejercicio profesional de los periodistas. Están preocupados por su propio libertinaje de prensa y por destruir al nuevo modelo que se está construyendo desde los cimientos de nuestro pueblo.