Dictaduras del Cono Sur: Asesinos al servicio del neoliberalismo

Durante la década del setenta las dictaduras militares arreciaron en el Cono Sur de América Latina, implementando planes económicos neoliberales, asesinando y encarcelando a miles de personas, y desmembrando a las organizaciones revolucionarias que tenían fuerte apoyo de las poblaciones

Los régimenes de facto que se desarrollaron en Argentina, Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay y Brasil tuvieron la colaboración y asistencia de Estados Unidos, ya sea a través de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por su sigla en inglés) o de los planes financieros diseñados en Washington que hicieron que esas naciones se endeudaran con créditos del Fondo Monetario Internacional (FMI) o del Banco Mundial (BM).

Las dictaduras suramericanas tuvieron características similares y una estrecha colaboración en el marco del Plan Cóndor, que sirvió para que los represores coordinaran sus acciones de terrorismo de Estado.

La apertura de las fronteras para el secuestro, la tortura y la desaparición no sólo demuestra la profundidad de la represión militar, sino la complicidad de la mayor potencia del mundo, que en la actualidad se erige como portador de la verdad y con autoridad para juzgar quiénes violan los derechos humanos o no.

Antecendentes represivos

Las reuniones para crear el Plan Cóndor se produjeron entre 1974 y 1975, y por esos años ya comenzaron los asesinatos que no respetaban ninguna clase de fronteras, tanto físicas, como morales y éticas.

Entrevistada por la cadena BBC en 2001, la periodista chilena Patricia Verdugo sostuvo que la coordinación represiva comenzó en 1974, cuando los “los esbozos de la Operación Cóndor están a la vista”.

Como prueba de esto, recordó que en septiembre del 74 el general chileno Carlos Prats, ex comandante en jefe del ejército, es asesinado en Buenos Aires por agentes de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina) que con ese objetivo viajaron a Argentina.

Para Verdugo, el asesino de Prats contó “con la colaboración argentina”, mientras que para la hija del general, Angélica Prats, el asesinato de su padre “fue probablemente la primera incursión que hubo en este acuerdo para actuar. No dudamos que los servicios chilenos jamás podrían haber actuado sin la aprobación de algún sector de los servicios argentinos”.

El militar ultimado, que se opuso al golpe de Estado encabezado por el dictador Augusto Pinochet contra el presidente socialista Salvador Allende en 1973, fue tal vez el primero de una larga lista.

En 2007, la profesora estadounidense Patrice McSherry, de la Universidad de Long Island, a través de un documento secreto de la CIA, fechado en junio de 1976, confirmó el secuestro y tortura de refugiados chilenos y uruguayos en Buenos Aires.

Para la catedrática, dichos planes emanaron en los años sesenta de la Escuela de las Américas y las Conferencias de Ejércitos Americanos, mediante las cuales Estados Unidos enseñó a los oficiales acciones “preventivas” para la región.

En un documento desclasificado de la CIA con fecha del 23 de junio de 1976, se explicaba que ya “a principios de 1974, oficiales de seguridad de Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Bolivia se reunieron en Buenos Aires para preparar acciones coordinadas” en contra de organizaciones políticas de izquierda.

Es importante resaltar también que en Argentina, antes del golpe de Estado de 1976, funcionaba la Alianza Anticomunista Argentina (AAA o Triple A), organización parapolicial creada por el ministro de Bienestar Social del gobierno de Juan Domingo Perón, José López Rega.

A esta estructura represiva se le imputan más de quinientos asesinatos de dirigentes sociales, políticos y sindicales, aunque se sospecha que fueron muchos más.

Las cifras del terror

En la década del 90 se descubrieron en Paraguay documentos secretos de la policía política de ese país, denominados como los “archivos del terror”.

El material no sólo informaba sobre el accionar de la fuerza represiva paraguaya, sino que revelaba la coordinación de las dictaduras militares sudamericanas durante las décadas del 70 y 80 para perseguir, secuestrar y asesinar a opositores políticos.

El abogado Martín Almada, que integró el grupo que realizó el descubrimiento, explicó que en los archivos se encontró un documento que sintetiza “la reunión en Santiago de Chile a fines de noviembre, comienzos de diciembre de 1975. Se plasma en los papeles lo que ya se venía actuando en la práctica” en referencia al Plan Cóndor.

“Leyendo los archivos del terror, uno descubre que Paraguay era más o menos como el banco de datos del Plan Cóndor. Por eso están los papeles de Cóndor en Paraguay”, señaló Almada.

Bajo la protección de Estados Unidos y la acción directa de su entonces secretario de Estado, Henry Kissinger, se calcula que por medio del Plan Cóndor cientos de personas fueron trasladadas a través de las naciones suramericanas, torturadas y desparecidas en centros clandestinos de detención.

En agosto de 1978, los servicios de inteligencia estadounidenses enviaban a sus principales embajadas en el Cono Sur la siguiente advertencia: “La Operación Cóndor es un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión”.

Aunque en documentos del del Departamento de Estado, fechados en 1976, se afirma que Kissinger y otros oficiales del mismo departamento fueron alertados de “rumores” respecto de que el operativo conjunto suramericano incluía “asesinatos de subversivos, políticos y figuras prominentes tanto dentro de las fronteras nacionales como en países del Cono Sur y el extranjero”, la realidad es que Estados Unidos conocía a la perfección el accionar ilegal de las dictaduras.

Y si Kissinger conocía estos “rumores”, la pregunta que cabe es por qué razón festejó, junto a los generales de la Junta Militar argentina, el triunfo de la selección de fútbol en el Mundial de 1978 que se desarrolló en el país.

Un cable del embajador de Estados Unidos en Paraguay, Robert E. White, dirigido al Departamento de Estado en 1978, citó al jefe del Estado Mayor del dictador paraguayo Alfredo Stroessner diciendo que la instalación estadounidense en la Zona del Canal (de Panamá) fue “empleada para coordinar información de inteligencia” entre los países sudamericanos.

En el cable se sentenciaba: “Obviamente, esta es la red Cóndor, de la que todos hemos escuchado hablar en los últimos años”.

Mientras Argentina fue la zona donde el operativo conjunto de represión tuvo más víctimas, Chile funcionó como centro neurálgico de coordinación, mientras que en Bolivia se suministraba a los otros países información sobre los movimientos políticos insurgentes.

La colaboración entre Argentina y Uruguay fue la más fluida a la hora de secuestrar militantes, ya que varias causas judiciales demuestran cómo militares de ambas naciones participaron en sesiones de torturas en centro clandestinos de detención, como el tristemente célebre Automotores Orletti, en Buenos Aires.

Por su parte, en Brasil el aparato represivo “trabajó siempre muy vinculado con el aparato represivo argentino”, sostuvo en un entrevista al diario Página/12 en 2007, el fundador del Movimiento de Justicia y Derechos Humanos de Rio Grande do Sul, Jair Kirschke.

El defensor de derechos humanos también aseguró que la nación carioca implementaba el Plan Cóndor con anterioridad, ya que el embajador brasileño en Chile durante el gobierno de Allende, Antonio Cámara Canto, “invitó a varios embajadores a apoyar el golpe” que dio Pinochet.

Kirschke destacó que al diplomático lo llamaban “el quinto integrante de la junta”, que integraban el ejército, la marina, la aeronáutica y los carabineros de Chile.

En 2007, el magistrado argentino Sergio Torres elevó a juicio oral y público el expediente que investiga la acción represiva del Plan Cóndor, llevando al banquillo a 17 de los principales represores del país.

Aunque los tiempos de la justicia del Cono Sur se calculan a muy largos plazos, con los inconvenientes surgidos de su propio funcionamiento, que en la mayoría de los casos fue cómplice de las dictaduras, las continuas investigaciones de familiares de desparecidos, sumado al rechazo de la mayoría de la población a hechos como el Plan Cóndor, intentan llenar un vacío profundo.

Vacío dejado por cientos de personas que quisieron cambiar las estructuras políticas y económicas de sus países y enfrentaron una maquinaria de muerte y terror que, sin embargo, no logró silenciar sus voces.