Nicaragua

Nicaragua reitera ante La Haya su derecho a delimitar su plataforma continental

El embajador de Managua en Holanda, Carlos Argüello, consideró que la tesis de Bogotá de que la Corte Internacional de Justicia ya no es competente es una fuente de inestabilidad

Corte Internacional de Justicia de la Haya
Corte Internacional de Justicia de la Haya |

Redacción Central |

Nicaragua reiteró ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya que su demanda sobre las fronteras marítimas con Colombia no quedó zanjada en el fallo de 2012.

Ante la audiencia, el embajador de Managua en Holanda, Carlos Argüello, consideró que la tesis de Bogotá de que el principal órgano judicial de la Organización de Naciones Unidas ya no es competente es una fuente de inestabilidad.

Esta corte no rechazó la demanda de Nicaragua a reclamar una plataforma continental. Una cosa diferente es que no haya podido acoger la demanda, rememoró.

Defendió nuevamente que la plataforma continental de nuestro país se extiende más allá de las 200 millas náuticas desde su costa.

Managua ha actuado según las normas de la Convención sobre el Derecho del Mar y ha seguido los requerimientos de la Comisión de Límites de la Plataforma Continental, ante la cual presentó información definitiva el 24 de junio de 2013 en la que demuestra que la plataforma se extiende más allá de las 200 millas náuticas, destacó.

Argüello citó el fallo de noviembre de 2012, en el que el tribunal estableció que la nación sudamericana tiene soberanía sobre siete cayos del archipiélago de San Andrés, en tanto otorgó a Managua una franja marítima.

Después del fallo de 2012, el gobierno de Juan Manuel Santos denunció el Pacto americano de soluciones pacíficas que databa de 1948 y este lunes sus representantes ante la corte argumentaron que la CIJ ya no es competente para dirimir la demanda.

El agente de Colombia, Carlos Gustavo Arrieta, afirmó que ya la corte tomó la decisión de que Managua no tenía acceso a esa plataforma.

Nicaragua indica que si bien el pacto puede ser denunciado, la salida entra en vigor un año después de que el país la notifique, por lo tanto, las demandas aún pueden ser vistas por el máximo tribunal internacional.

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