Nicaragua

Discurso de Carlos Argüello, Agente de Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) con sede en La Haya, Holanda (29/09/2015) (Texto íntegro)

Colombia ha incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional que surge de la sentencia de la Corte Internacional de Justicia

Redacción Central |

Señor Presidente, Señores Jueces

Es un gran y renovado honor para mí estar ante ustedes en nombre de mi país.

2. El presente caso fue llevado ante la Corte el 26 de noviembre de 2013 y se refiere a las violaciones de los derechos soberanos y los espacios marítimos de Nicaragua por parte de Colombia. Estos derechos violados y los espacios marítimos no fueron resueltos por tratado, y fueron establecidos por la Sentencia de este Tribunal de 19 de noviembre de 2012. Por lo que esto también es violación a dicha sentencia.

En la presentación de sus excepciones preliminares, Colombia ha entrado en varios temas que se refieren a los méritos de este caso, por lo que Nicaragua de manera general se reserva sus derechos sobre todos estos asuntos y solo aborda lo que es pertinente en esta etapa preliminar.

Los acontecimientos posteriores a la Sentencia del 19 de Noviembre 2012.

El 19 de noviembre 2012 este Tribunal dictó sentencia en la controversia territorial y marítima (Nicaragua v Colombia) que implicó 10 años de litigio. Esta Sentencia atribuye la soberanía sobre todas las islas y cayos en disputa, además de los espacios marítimos muy sustanciales para estas pequeñas características, a Colombia. En muchos sectores la opinión era que Colombia había ganado el caso. Incluyendo las noticias de la ONU, cuyos titulares leen “Falla tribunal de la ONU Colombia tiene soberanía sobre las islas reclamadas por Nicaragua”.

Después de tales litigios prolongados en los que excepciones preliminares eran opuestas por Colombia y habían dos solicitudes de intervención, esto dio lugar a una decisión unánime de la Corte. Nicaragua tenía la esperanza de que se había vuelto una página importante en sus relaciones con Colombia y que este juicio se había puesto fin a una disputa ancestral. Por desgracia, hoy estamos aquí en contra de nuestros mejores deseos porque Colombia no sólo se niega a aceptar la sentencia como obligatoria de pleno derecho, Sino que ha tomado acciones que violan directamente los derechos y las áreas marítimas atribuidas por el fallo a Nicaragua. Ha incumplido sus obligaciones en virtud del derecho internacional que surge de esa misma sentencia, que debería haber puesto fin a la larga espera de Nicaragua.

Tras la sentencia de este Tribunal, el funcionario de más alto rango de Colombia, el Presidente Santos, anunció que Colombia “enfáticamente rechazó el aspecto de la sentencia dictada por el Tribunal” relacionada con la delimitación marítima que fue decida por unanimidad de sus miembros. El Presidente Santos continuó expresando que Colombia rechazó esa parte de la sentencia debido a “las omisiones, errores, excesos, e inconsistencias que [Colombia] no puede aceptar”, y afirmó que la Corte había “cometido errores graves” al decidir sobre la delimitación marítima. En contraste, Colombia ansiosamente aceptaba como “definitivo e inapelable” la sección de la sentencia que contiene la adjudicación de la soberanía territorial de Colombia sobre las islas y formaciones marítimas.

Este discurso del Presidente Santos fue seguido por declaraciones similares por las más altas autoridades civiles y militares en Colombia y se puede ver en la Memoria de Nicaragua. Esto además fue muy publicitado y cubierto por los medios de comunicación internacionales, y por lo tanto, la comunidad internacional y esta Corte están bien informados de tales declaraciones.

La denuncia del Pacto de Bogotá

Estas declaraciones fueron seguidas el 27 de noviembre 2012 por la denuncia del Pacto de Bogotá. El Presidente Santos declaró que Colombia lo había hecho para asegurarse de que “nunca más tendrán que experimentar lo que pasó a través de la Corte Internacional de Justicia Sentencia de 19 de noviembre”.

Incluso, después de todas estas declaraciones desafortunadas y la denuncia del Pacto de Bogotá, el Presidente de Nicaragua se dirigió públicamente al Presidente Santos y lo invitó a reunirse en un esfuerzo por forjar un diálogo constructivo. Esta primera reunión tuvo lugar el 1 de diciembre de 2012 en la Ciudad de México con motivo de la toma posesión del presidente electo de México Enrique Peña Nieto. La posición del Presidente Santos fue que su país no acataría la sentencia hasta que “veamos que los derechos colombianos que han sido violados, hayan sido restablecidos y garantizados en el futuro.”

Supuesta Inaplicabilidad del Fallo

Colombia sostiene que la sentencia no es aplicable sin un Tratado de conformidad con su legislación interna, esta es una interpretación especial que no es oponible a Nicaragua ni puede paralizar la aplicación de la Sentencia. El fallo fue dictado sobre la base de un importante tratado firmado y ratificado por Colombia y Nicaragua: este tratado es la Carta de las Naciones Unidas y el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el cual forma parte integrante de la misma. No hay más Tratado necesario en el derecho internacional para el cumplimiento de una sentencia de la Corte Internacional de Justicia.

Si la necesidad de un tratado de Colombia es cierta, entonces Nicaragua está abierta a su firma hoy mismo, o lo antes posible, de un tratado que incorpora el texto de la Sentencia de la Corte. Y que se realice y sea debidamente ratificado por el Congreso de la República y forme parte de la legislación colombiana, y que incluya consecuentemente la revisión del Decreto 1946, siendo así, Nicaragua solicitará de inmediato la suspensión de este caso.

Estas no son palabras vacías. El Presidente Daniel Ortega ha reiterado en varias ocasiones la voluntad de Nicaragua para iniciar conversaciones sobre diferentes temas relacionados con la ejecución de la sentencia. Se han propuesto pasos concretos como la creación de una comisión bilateral. Nicaragua también ha estado dispuesta a llegar a acuerdos para la población autóctona de San Andrés (los Raizales) para que pongan en práctica su pesca artesanal en aguas nicaragüenses. Todas estas posibilidades se propusieron en el contexto de un tratado que reconozca los derechos y la jurisdicción atribuidos a Nicaragua por el fallo, independientemente de que no existiesen derechos de pesca histórica en esas áreas.

La reacción de Colombia a estas ofertas ha sido negativa. Desde que Colombia considera que la sentencia del Tribunal es “inaplicable” debido a conflictos con su legislación interna que se requiere la firma de un tratado para modificar sus fronteras, el Presidente Santos procedió a instruir a la Armada de Colombia a implementar y defender los derechos de pesca de los buques colombianos “a capa y espada”. El Presidente Santos repudió a la Corte Internacional de Justicia con un paso más, al participar en un “ejercicio de la soberanía” sobre el Meridiano 82, el 18 de septiembre de 2013, enviando así un claro mensaje de desafío de Colombia a la decisión de este Tribunal.

Pero además de la declaración de la no aplicabilidad de la Sentencia de la Corte, las múltiples amenazas del uso de la fuerza con el fin de amedrentar a los pescadores nicaragüenses y otros inversionistas posibles en la explotación de los recursos naturales de Nicaragua en esos espacios marítimos, continuaron, lo que está bien documentado en la Memoria de Nicaragua.

Declaraciones de Funcionarios militares

Varias declaraciones de funcionarios militares nicaragüenses se han citado en la que expresaron que no había habido ningún conflicto con la Armada de Colombia. Aunque se trata de asuntos que por derecho pertenecen a la etapa de fondo de este caso, algunas observaciones se pueden anticipar. Estos comentarios reflejan simplemente el hecho de que nuestra pequeña Fuerzas Naval ha recibido la orden de evitar cualquier acción con Colombia y, de hecho, que se mantengan alejados de ellos en la medida de lo posible.

Esto puede ser fácilmente entendido de la simple lectura de las declaraciones de los altos funcionarios militares de Colombia incluso en fecha reciente.

En una entrevista con el Contra Almirante Luis Hernán Espejo Segura, Comandante del Comando específico de San Andrés y Providencia publicada en El Colombiano en el segundo aniversario de la sentencia, en respuesta a la pregunta de dónde se encontraban los buques de la Armada dijo:

“Están exactamente en las mismas aguas que estaban antes de la lectura de la sentencia. La Armada sigue patrullando, continúan presentes en cada uno de los espacios marítimos desde antes, durante y después del juicio. Para nosotros, el escenario jurisdiccional no ha cambiado. Entre otras razones, porque la directiva presidencial deriva de nuestra Carta Magna. Por esa razón, la jurisdicción de la Armada es exactamente la misma de antes y después del 19 de noviembre de 2012”.

El Ministerio de Defensa de Colombia anunció públicamente el 25 de junio 2015 que el Ministro de Defensa hará un sobrevuelo en el archipiélago y la zona marítima del meridiano 82 que representa la frontera con Nicaragua. También se informó de que iba a inspeccionar las islas menores en el norte, como Serrana y Serranilla y los buques de la Armada que ejercen soberanía sobre esa zona marítima.

El Ministerio de Defensa anunció más tarde en su cuenta de Twitter que: “Villegas (el Ministro) sobrevoló la zona marítima alrededor del 82 Meridian, zona fronteriza con Nicaragua”.

A partir de las recientes declaraciones del funcionario colombiano es evidente que no ha habido confrontación, porque la Fuerza Naval de Nicaragua no ha intentado interferir con la Armada Nacional de Colombia o tratar de poner fin a estas patrullas en aguas nicaragüenses. De paso solamente, porque esta pregunta se refiere al fondo: ¿Cómo puede ser concebible que los pescadores nicaragüenses puedan estar felizmente ignorando a la Armada de Colombia a su alrededor pescando al lado de sus destructores?

Decreto 1946 la creación de zonas especiales

Estas amenazas de uso de la fuerza y las medidas adoptadas por las autoridades colombianas y sus fuerzas navales recibieron una definición concreta de lo que Colombia considera aguas bajo su jurisdicción. El 09 de septiembre 2013 Colombia declaró mediante el Decreto Presidencial 1946, el establecimiento de lo que fue llamado “Zona Contigua Integral” de Colombia. En la pantalla se puede apreciar en color verde la extensión de esta zona. Superpuesta a estas zonas verdes, está el área de la delimitación como se ve en el mapa que se acompañó a la sentencia de 19 de la Corte de noviembre de 2012. Esta “zona contigua integral” se encuentra en las zonas que fueron determinadas por la Corte como aguas nicaragüenses. De acuerdo con este decreto esta extensa zona está bajo el control de la seguridad de Colombia, la salud, las autoridades fiscales y de otro tipo. El Profesor Lowe ampliará sobre la sustancia y el contenido del decreto.

Cuando se promulgó el Decreto 1946, Nicaragua se enfrentó a dos preguntas fundamentales con el fin de decidir cómo proceder en la defensa de sus derechos. Por una parte, este decreto se había convertido en una obligación interna legal para Autoridades colombianas, civiles y militares, la necesidad de actuar en aquellas zonas conforme lo dispuesto por el Decreto. El problema no podía solucionarse con una simple orden de los altos funcionarios de Colombia a los militares y las autoridades en razón de que se deben respetar los derechos de Nicaragua de sus zonas marítimas. El decreto tenía que ser revocado expresamente. El otro problema que se avecina en ese momento fue que Colombia había denunciado el Pacto de Bogotá el 27 de noviembre de 2012 y esto significó que esta denuncia entraría en vigor un año después, es decir, el 27 de noviembre de 2013. Después de esta última fecha Nicaragua quedaría sin derecho claro de recurrir a los instrumentos de resolución pacífica de conflictos, que son el corazón del Pacto de Bogotá. Y, ciertamente, sin posibilidad de recurso unilateral de una solución judicial.

En este punto, Nicaragua tuvo a regañadientes que tomar la decisión de acudir a la Corte antes que la denuncia del Pacto de Bogotá entrarse en vigor.

Pesca Ancestrales Derechos

Es sorprendente escuchar el énfasis dado en los alegatos de Colombia, incluyendo a mi colega el Agente de Colombia, refiriéndose a los derechos de pesca ancestrales de la población autóctona de San Andrés, los raizales. Sorprendente, no sólo porque estas audiencias no son apropiadas para la discusión de estos derechos, ya que deberían haber sido discutidos durante la fase de méritos de la causa relativa a la Controversia territorial y marítima. Pero más aún porque en los extensos argumentos en ese caso no hubo ninguna mención de los derechos de pesca ancestrales de los raizales.

Si el interés de la población autóctona de San Andrés, los raizales, estuviesen detrás de la renuencia de Colombia a aplicar la Sentencia, este problema podría ser muy fácil de superar. La población raizal está estrechamente vinculada con el pueblo nicaragüense que vive en la costa del Caribe y Nicaragua y en esto, tiene de corazón sus mejores intereses.

A pesar de esta omisión de Colombia, en el discurso del presidente Ortega después de dictarse la sentencia, dijo que Nicaragua estaba dispuesta a garantizar los derechos de pesca artesanal a los raizales en las aguas que la sentencia reconoce como nicaragüenses.

El Pacto de Bogotá

Después de escuchar la interpretación de Colombia del Pacto de Bogotá, uno puede preguntarse por qué este Pacto regional fue alguna vez considerado un hito en la solución pacífica de controversias de las Américas, incluyendo el país del cual el Pacto lleva orgullosamente su nombre. Después de todo, según Colombia, los procedimientos pacíficos que contempla sólo podían ser invocados si ambas partes en la controversia consideran que no podían ser resueltas por negociaciones directas. De ser cierto esto implicaría que cualquiera de los procedimientos que contempla como obligatorios sólo podían invocarse si ambas partes estaban de acuerdo. Por otro lado, si la interpretación de Colombia del artículo 56.2 del Pacto es correcta, entonces cualquier Parte en el Pacto podría denunciarlo con efectos inmediatos. Si se aceptaran estos puntos de vista, el Pacto se convertiría en tal ejercicio de futilidad tan sorprendente que Colombia consideró necesario denunciarlo

Yendo un poco más lejos en la necesidad de agotar las posibilidades de negociación antes de recurrir a los demás procedimientos previstos en el Pacto, es preciso recordar que Colombia envió su nota de la denuncia del Pacto el 27 de noviembre de 2012 y Nicaragua presentó su Solicitud el 26 de noviembre de 2013, es decir, un día antes de que el Pacto dejaría de estar en vigor para Colombia. ¿Era razonable suponer que Nicaragua tenía que seguir tratando de negociar antes de intentar procedimientos que dejará de estar en vigor un día después? Esta posibilidad no puede caber en cualquier definición de razonable.

La ausencia de una disputa

La existencia de una seria disputa entre las Partes ha sido de conocimiento público desde el día que la sentencia final fue dictada el 19 de noviembre de 2012. Las palabras del Presidente de Colombia en esa ocasión fueron reproducidas por la mayoría de los medios de comunicación y produjo una profunda consternación en América Latina y más allá. Entre otras cosas, dijo el presidente Santos, “La Corte ajustó la línea de delimitación, que separa los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo del resto del Archipiélago.”

Y entonces enfáticamente dijo:

“Teniendo en cuenta lo anterior, Colombia -representado por su Jefe de Estado -. Enfáticamente rechaza este aspecto de la decisión emitida hoy”

¿Qué significa esto? Es bastante obvio que Colombia no acepta la delimitación realizada por el Tribunal. ¿Acaso Nicaragua ha de informar expresamente a Colombia: que se trata de un fallo de la CIJ y sus sentencias son definitivas y tienen que ser cumplidas con el fin de que se establezca la existencia de una disputa?

Negociaciones

La cuestión de la posibilidad de las negociaciones no es susceptible de una respuesta de color negro o blanco. No hay impedimento legal para continuar, para tratar de negociar incluso, después de que un caso haya sido presentado. Hay muchos ejemplos de esto. Para no ir más lejos, en la reunión con el Presidente de la Corte, pidió escuchar la posición de los agentes de ambas Partes sobre los plazos de los escritos, se recordó a ambas partes que no había impedimento para llegar a acuerdos fuera de la Corte. Si la única manera de recurrir al Tribunal de Justicia es porque no había ninguna posibilidad de negociación, entonces sería impensable que las negociaciones pudiesen continuar pari passu (en igualdad de condiciones), con el litigio.

En las circunstancias de este caso, la cuestión de la posibilidad de éxito de las negociaciones se hizo claramente un caso cerrado cuando Colombia promulgó el Decreto 1946, que, en efecto, tiene por objeto someter a la jurisdicción de Colombia la mayoría de los espacios marítimos atribuidos por la Corte a Nicaragua. Asumir la existencia de siquiera una remota posibilidad de negociaciones se volvió totalmente inviable después que la denuncia del Pacto de Bogotá entró en vigor. Insistir en que las negociaciones fueron posibles después de estos acontecimientos no se le puede dar una seria consideración.

La competencia inherente de esta Corte

Señor presidente,

Nicaragua ha invocado dos fuentes de jurisdicción. La primera es el Pacto de Bogotá, y la segunda es competencia inherente de la Corte para conocer de las controversias relativas al cumplimiento de sus decisiones.

Nicaragua considera que siendo la solución pacífica de controversias el objetivo principal de este tribunal, es lógico para ello que conserve su jurisdicción cuando el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la sentencia es el objeto de un caso. Si el Tribunal puede ordenar medidas para preservar los derechos de las Partes antes que de la sentencia definitiva se emita, no puede haber ningún impedimento para tomar estas decisiones a fin de garantizar los derechos determinados en la Sentencia. No serviría de justo ni compatible con el carácter de órgano judicial de este Tribunal si se tratara de impedir a si misma hacer frente a tales situaciones.

A pesar de que Nicaragua considera que es cierto que la competencia de la Corte está totalmente comprometida por el Pacto de Bogotá, también considera que las circunstancias particulares de este caso, garantizan a ésta Corte poder hacer uso de su jurisdicción inherente para hacer frente a una situación en la que existe una verdadera amenaza para la paz. Se debe de evitar a toda costa, una regresión en el respeto del derecho internacional.

Aunque el profesor Pellet aclarará sobre este tema, permítanme aprovechar esta oportunidad para aclarar que si los derechos y obligaciones que conforman la materia de este caso surgen directamente de la Sentencia de 19 de noviembre de 2012 de la Corte sobre la Controversia territorial y marítima, como sostiene Colombia, es en gran medida irrelevante para el caso. Por lo tanto Nicaragua no está tratando de ocultar ese hecho. Nicaragua hace no más que afirmar lo obvio, que es que dicha sentencia produjo obligaciones vinculantes para Colombia, que han sido y siguen siendo violadas y esto también conlleva la responsabilidad de Colombia.

El orden de las presentaciones será el siguiente:

Profesor Remiro elaborará sobre interpretación forzada y errónea de Colombia del Pacto de Bogotá y demostrar que no se ajusta al texto del Tratado, las reglas de interpretación de los tratados, ni el objeto y fin del Pacto de Bogotá.

Profesor Lowe mostrará la existencia de una disputa objetivo antes de la presentación de la solicitud.

Por último, el profesor Pellet abordará la segunda fuente de jurisdicción que argumenta Nicaragua, a saber, la competencia inherente de la corte sobre las obligaciones derivadas de sus juicios.

Esto termina mi presentación. Gracias por su amable atención.

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