Nicaragua

Defiende presidenta de la Corte Suprema de Justicia Ley 779

La doctora Alba Luz Ramos Vanegas afirmó que la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer y de reforma la Ley 641 está sustentada en principios legales

Ramos Vanegas
Defiende presidenta de la Corte Suprema de Justicia Ley 779. | Internet

Redacción Central |

La doctora Alba Luz Ramos Vanegas afirmó que la Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer y de reforma la Ley 641 está sustentada en principios legales

La Ley Integral Contra la Violencia Hacia la Mujer y de reforma a la Ley 641 está sustentada en principios legales planteados por tratadistas penales internacionales de renombre mundial, afirmó la doctora Alba Luz Ramos Vanegas, presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua.

La magistrada Ramos Vanegas expresó, durante una reunión de jueces, magistrados especializados y habilitados para conocer los delitos de la Ley 779 que los recursos por inconstitucionalidad introducidos en contra de la ley, sólo están sustentados por el desconocimiento y hasta indiferencia de un fenómeno cultural producto del sistema patriarcal en que actualmente vivimos.

En el centro del debate hay una posición ideológica, producto de una cultura patriarcal que justifica y acepta que las desigualdades existentes son naturales y normales, desde esta concepción solamente existen las necesidades del grupo de hombres, pero no todos los hombres, sino de los que tienen poder, afirmó.

Según la magistrada Ramos Vanegas, diversos tratadistas penales abordan doctrinariamente las razones del porqué se debe penalizar la violencia hacia las mujeres.

Laurenzo Copelo, señala que el Derecho Penal tiene como objetivo primordial tipificar determinadas conductas que puedan lesionar o poner en peligro ciertos bienes jurídicos. En la labor preventiva, es preciso tomar en consideración, que no todos los miembros de la sociedad se encuentran en la misma situación, sino que existen grupos que, en razón a determinados factores de identidad, tales como sexo, religión o ideología, se encuentran desvalorados por la cultura dominante en una situación de subordinación, colocando a las personas de esos colectivos en situación desventajosa con respecto a quienes se encuentran en posición de poder, dijo Ramos, de acuerdo con un reporte de Canal 15.

La presidenta explicó que según el experto penalista, ante los desajustes anteriormente planteados, es preciso establecer los mecanismos que tiendan a garantizar que los grupos desfavorecidos no resulten discriminados, y ello sólo puede hacerse en sentido unidireccional, es decir, protegiendo de manera específica a los referidos colectivos y no a quienes ocupan las posiciones de dominio, pues los intereses de éstos ya se encuentran salvaguardados por las disposiciones generales.

Agregó que frente a las dudas existentes de quienes han atacado la Ley 779, debemos considerar que en la legislación se produjo un cambio del significado de la igualdad, la cual ya no es un punto de partida, sino una finalidad donde la acción del Estado debe fomentar la igualdad en la realidad social, mediante leyes, políticas o acciones administrativas diferenciadoras, que faciliten la inclusión de grupos excluidos al desarrollo humano, social y político, e incentiven su participación en la toma de decisiones.

La magistrada concluyó diciendo que en consecuencia, los fundamentos jurídicos de la Ley 779 que se encuentran en la Exposición de Motivos, señalan el mandato constitucional que establece el reconocimiento de los derechos humanos, los derechos individuales, el derecho a la vida, a la integridad física, psíquica y moral, el derecho a no estar sometida a torturas, el derecho a la honra, a la dignidad, a la libertad personal, a la seguridad, a la capacidad jurídica.

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