Nicaragua

Establecen mediante decreto reglamento para Unidad de Análisis Financiero

El gobierno establece un reglamento para UAF, el cual expresa la obligatoriedad de entrega de información financiera de persona natural o jurídica. Las instituciones públicas y privadas, de cualquier persona natural o jurídica, están obligadas a la entrega de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el propósito preventivo del lavado de dinero, […]

Redacción Central |

El gobierno establece un reglamento para UAF, el cual expresa la obligatoriedad de entrega de información financiera de persona natural o jurídica.

Las instituciones públicas y privadas, de cualquier persona natural o jurídica, están obligadas a la entrega de información a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), con el propósito preventivo del lavado de dinero, bienes y activos provenientes de las actividades ilícitas más diversas, señala una información publicada en La Gaceta, diario oficial, el pasado 8 de febrero.

La obligatoriedad se establece a través del decreto gubernamental número 07-2013, firmado por el presidente Daniel Ortega, el cual establece el Reglamento para la aplicación de la Ley No. 793, mediante la cual se creó la UAF, mediante la cual se plantea evitar el financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

El documento señala que entre las facultades de la UAF se encuentra solicitar información, de interés para esa institución, a instituciones públicas y privadas, de cualquier persona natural o jurídica, la que le será remitida con carácter obligatorio en un plazo no mayor de tres días hábiles. Solo cuando se requiera tendrán un máximo de siete días.

Asimismo se señala que en el caso de reportes de operaciones sospechosas, de transacciones en efectivo y cualquier otro que surja en el ejercicio de las funciones de la UAF, se presentarán conforme a los formatos diseñados para tal efecto.

El reglamento señala que entre las obligaciones de la UAF está que la información que reciba, requiera y produzca, será única y exclusivamente para el cumplimiento de sus objetivos y funciones, garantizando confidencialidad, la integridad de sus funcionarios y eficaces mecanismos de seguridad en su análisis, procesamiento y resguardo, así como en el acceso a las instalaciones y sistemas tecnológicos.

La UAF elaborará, modificará, supervisará y controlará la aplicación de la Normativa para el Resguardo de Planes, Reportes y Demás Documentos e Informaciones Recibidas y Despachadas, para cumplir con el principio de confidencialidad.

El Capítulo V estipula las infracciones y multas a las entidades públicas y privadas, de cualquier persona natural o jurídica, que no cumplan con lo solicitado. Señala que entre las infracciones graves está la manipulación de la información, negarse a entregar información, negarse a la aplicación de medidas enviadas por la UAF, así como impedir o dificultar la supervisión o evaluación de la Unidad de Análisis Financiero.

Según el caso, por reincidencia se recomendará al ente regulador la suspensión o cierre de la entidad infractora. En caso de los sujetos obligados no regulados, la UAF procederá a la suspensión o cierre de los mismos.

Añade que la UAF coordinará y cooperará con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Democrática, en actividades que contribuyan al análisis y procesamiento de información en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento al terrorismo y su proliferación, a fin de coadyuvar al mantenimiento de la seguridad democrática de la Nación, de conformidad a lo establecido en la Ley No. 750.

El Decreto el Reglamento señala que la UAF debe elaborar, ejecutar y dar seguimiento a la Estrategia y Plan Nacional antilavado de dinero, bienes y activos, financiamiento al terrorismo y su proliferación.

Se recuerda que la Ley 793 fue publicada en La Gaceta, diario oficial, No. 117, del 22 de junio de 2012 y su Reglamento específico entró en vigencia a partir del 8 de febrero del presente año, el cual se basa en las leyes nacionales, así como en los convenios y tratados internacionales ratificados por Nicaragua.

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