Publicada en el diario oficial La Gaceta Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer

El Estado pretende garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos y fortalecer e impulsar campañas en los distintos medios de comunicación que permitan concientizar sobre el fenómeno

La Gaceta - Diario Oficial
Publicada en el diario oficial La Gaceta Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer. LVDS

El Estado pretende garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos y fortalecer e impulsar campañas en los distintos medios de comunicación que permitan concientizar sobre el fenómeno

La Ley Integral Contra la Violencia hacia la Mujer (Ley 799) fue publicada en el diario Oficial La Gaceta luego de ser sancionada por el presidente Daniel Ortega.

El Estado pretende garantizar a todas las mujeres el ejercicio efectivo de sus derechos, fortalecer e impulsar campañas en los distintos medios de comunicación que permitan concientizar y sensibilizar a la población sobre el tema de la violencia hacia la mujer.

De la misma forma se pretende mejorar las políticas públicas de prevención de la violencia y erradicar la discriminación de género.

La nueva Ley establece que las personas que resulten culpables de delitos de violencia hacia las mujeres, niñas niños y adolescentes deberán participar obligatoriamente en talleres de orientación, prevención, dirigidos a modificar sus conductas violentas.

Tipifica el “femicidio” como el delito que comete el hombre que dé muerte a una mujer, en público o en privado, como resultado extremo de la violencia, y también castiga diversos tipos de maltrato, como el físico, psicológico, sexual y patrimonial.

Según lo dispuesto, en Nicaragua un hombre será objeto de sanciones penales y pecuniarias cuando dé muerte a una mujer, practique sobre ella ritos de maras o pandillas que provoquen lesiones físicas o sicológicas, o menosprecie el cuerpo de la víctima para satisfacer sus instintos sexuales.

La ley permite imponer penas de entre uno y 30 años de prisión a los hombres que ejerzan violencia de cualquier tipo sobre las mujeres, así como sanciones de entre 100 y 500 días de multa salarial.

A continuación el texto íntegro de la Ley 799

ASAMBLEA NACIONAL

Ley No. 779

El Presidente de la República de Nicaragua

A sus habitantes, Saber:

Que,

LA ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO

I

Que la normativa existente para frenar la violencia de género en contra de las mujeres, no ha obtenido los resultados buscados para la efectiva protección de su vida, libertad e integridad personal, por lo que resulta indispensable la promulgación de una Ley autónoma de carácter especial, que aborde en forma integral este problema, tipificando y sancionando las diferentes manifestaciones de violencia hacia la mujer.

II

El Estado de Nicaragua ha suscrito y ratificado diversos instrumentos internacionales como la “Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”, la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra la Mujer”, la “Convención sobre los Derechos del Niño”, y la “Convención internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad”, entre otras. Estos instrumentos obligan al Estado a establecer normas especiales que aseguren una efectiva igualdad ante la Ley, a eliminar la discriminación y prohibir explícitamente la violencia hacia la mujer en cualquiera de sus manifestaciones.

III

Que la Constitución Política de la República de Nicaragua consagra el reconocimiento constitucional de los derechos humanos, los derechos individuales, el derecho a la vida, la integridad física, psíquica moral, a no estar sometida a torturas, a la honra, a la dignidad, a la libertad personal, la Seguridad, la capacidad jurídica; también reconoce ampliamente los derechos de las personas detenidas y las procesadas; sin embargo, es necesario establecer garantías mínimas para las personas víctimas de delitos.

POR TANT0

En uso de sus facultades,

HA DICTAD0

La siguiente:

LEY INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA HACIA LAS

MUJERES Y DE REFORMAS A LA LEY No. 641, “CODIGO

PENAL”

TÍTULO I

DISPOSICIONES Y PRINCIPIOS GENERALES

Capítulo I

Del objeto, ámbito y políticas

Artículo 1 Objeto de la Ley

La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que se ejerce hacia las mujeres, con el propósito de proteger los derechos humanos de las mujeres y garantizarle una vida libre de violencia, que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y no discriminación; establecer medidas de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia y prestar asistencia a las mujeres victimas de violencia, impulsando cambios en los patrones socioculturales y patriarcales que sostienen las relaciones de poder.

Art. 2. Ámbito de aplicación de la Ley

La presente Ley se aplicará tanto en el ámbito público como en el privado a quien ejerza violencia contra las mujeres de manera puntual o de forma reiterada. Los efectos de esta Ley, serán aplicables a quien se halle 0 hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuge, ex-cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad, desconocidos, asi como cualquier otra relación interpersonal que pueda generar este tipo de violencia. Violencia en el ámbito público: Es la que por acción u omisión dolosa O imprudente, tiene lugar en la comunidad, en ámbito laboral e institucional 0 cualquier otro lugar, que sea perpetrada en contra de los derechos de la mujer por cualquier persona o por el Estado, autoridades o funcionarios públicos.

Violencia en el ámbito privado: La que se produce dentro del ámbito familiar o en cualquier otra relación interpersonal, ya Sea que el agresor comparta O haya compartido el mismo domicilio que la mujer. Art. 3. Políticas públicas de protección integral hacia la víctima de violencia

El Estado a través del órgano competente debe:

a) Garantizar a todas las mujeres, el ejercicio efectivo de sus derechos, asegurando su acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

b) Fortalecer e impulsar campañas de difusión, sensibilización y concientización sobre la violencia hacia las mujeres, informando sobre los derechos, recursos y servicios públicos y privados para prevenirla, sancionarla y erradicarla.

c) Mejorar las políticas públicas de prevención de la violencia hacia las mujeres y de erradicación de la discriminación de género; elaborar, implementar y monitorear un plan de acción para la prevención, sanción, atención y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

d) Garantizar recursos económicos, profesionales, tecnológicos, científicos y de cualquier otra naturaleza, a las instituciones del Estado, para asegurar la atención, prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres, así como la sanción adecuada a los culpables de la misma y la implementación de medidas socioeducativas que eviten su reincidencia.

e) Generar y reforzar los estándares mínimos de detección precoz y de abordaje de la violencia, de acuerdo con el objeto de la Ley, en los servicios de información, de atención, de emergencia, de protección, de apoyo, de refugio y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal, departamental, regional y nacional.

f) Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia hacia las mujeres.

g) Fomentar la capacitación permanente y la especialización de las y los operadores de justicia, que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las victimas.

h) Fomentar la capacitación permanente y especialización de las y los funcionarios de la Comisaría de la Mujer y Niñez, y del Ministerio Público.

i) Establecer y fortalecer medidas de protección de emergencia y cautelares que garanticen los derechos protegidos en la presente Ley, asi como la protección personal, física, emocional, laboral y patrimonial de la mujer víctima de violencia.

j) Abrir una línea telefónica gratuita y accesible conectada a las instancias policiales y al Ministerio Público, destinada a dar infomiación y brindar asesoramiento sobre recursos existentes en materia de prevención de la violencia hacia las mujeres y asistencia a quienes la padecen.

Capitulo II

Principios, fuentes y derechos

Art. 4. Principios rectores de la Ley

Los principios rectores contenidos en el presente artículo, Se establecen con el fin de garantizar la igualdad jurídica de las personas, conforme los instrumentos internacionales suscritos y ratiñcados por la República de Nicaragua:

a) Principio de acceso a la justicia: Las Instituciones del Estado, operadores del sistema de justicia y las autoridades comunales deben garantizar a las mujeres, sin ninguna distinción, el acceso efectivo a los servicios y recursos que otorgan, eliminando todo tipo de barreras y obstáculos de cualquier índole que impidan este acceso.

b) Principio de celeridad: El procedimiento que establece la presente Ley, deberá tramitarse con agilidad, celeridad y sin dilación alguna, hasta obtener una resolución en los plazos establecidos, el incumplimiento de las responsabilidades de las y los ñmcionarios conlleva a hacerse merecedores de medidas administrativas o sanciones que le corresponda.

c) Principio de concentración: Iniciado el juicio, éste debe concluir en el mismo día cuando se presente toda la pmeba aportada por las partes. Si ello no fuere posible, continuará durante el menor número de días consecutivos conforme lo dispuesto en los artículos 288 y 289 de la Ley No. 406, “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua”.

d) Principio de coordinación interinstitucional: Asegurar que los prestadores del servicio de la Comisaria de la Mujer y la Niñez, Ministerio Público, Defensoría Pública, Instituto de Medicina Legal, Poder Judicial, Procuraduría Especial de la Mujer, Procuraduría Especial de la Niñez, Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez, Instituto Nicaragüense de la Mujer, Sistema Penitenciario Nacional y autoridades comunales coordinen las acciones que requiera la protección de las personas afectadas por violencia.

e) Principio de igualdad real: Toda actuación del sistema de justicia procurará alcanzar la igualdad de las personas sin distinción alguna por razones de género, edad, etnia y discapacidad. Asegurando el respeto y tutela de los derechos humanos, tomando en cuenta las diferencias culturales, económicas, físicas y sociales que prevalecen entre sí, para resolver con criterios de igualdad.

f) Principio de integralidad: La protección de las mujeres que viven violencia requiere de atención médica, jurídica, psicológica y social de forma integral y oportuna para detectar, proteger y restituir derechos.

g) Principio de la debida diligencia del Estado: El Estado tiene la obligación de actuar con debida diligencia para prevenir, investigar, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, con el fin de garantizar la vida, Seguridad yprotección de las víctimas de violencia.

h) Principio del interés superior del niño: Se entiende por interés superior de la niña, niño y adolescente todo aquello que favorezca su pleno desarrollo físico, psicológico, moral, cultural y social, en consonancia con la evolución de sus facultades que le beneficie en su máximo grado y en especial el reconocimiento, vigencia, satisfacción y disfrute de sus derechos, libertades y garantías de forma integral.

i) Principio de no discriminación: Es la eliminación de toda distinción, exclusión o restricciones basadas en el nacimiento, nacionalidad, credo político, raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión, origen, posición económica, condición social, discapacidad, que tenga por objeto o resultado, el menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades fundamentales. También es discriminación las acciones u omisiones que no tengan intención de discriminar pero sí un resultado discriminante.

j) Principio de no victimización secundaria: El Estado deberá garantizar que las autoridades que integran el sistema de justicia y otras instituciones que atienden, previenen, investigan y sancionan la violencia, deberán desplegar medidas especiales de prevención, para evitar situaciones de incomprensión, reiteraciones innecesarias y molestias que pueden ser aplicadas a las víctimas.

k) Principio de no violencia: La violencia contra las mujeres constituye una violación de las libertades fundamentales limitando total o parcialmente el reconocimiento, goce y ejercicio de los derechos humanos.

l) Principio de plena igualdad de género: Las relaciones de género deben estar basadas en la plena igualdad del hombre y la mujer, no debiendo estar fundadas en una relación de poder o dominación, en la que el hombre subordina, somete o pretende controlar a la mujer.

m) Principio de protección a las victimas: Las víctimas de los hechos punibles aquí descritos tienen el derecho a acceder a los órganos de justicia de fomia gratuita y deberán ser atendidas de for’ma expedita, sin dilaciones indebidas 0 formalismos inútiles y obtener una resolución en los plazos establecidos por la Ley, Sin menoscabo de los derechos de las personas imputadas o acusadas.

n) Principio de publicidad: El juicio será público, salvo que a Solicitud dela víctima de violencia, el tribunal decida que éste Se celebre total 0 parcialmente a puerta cerrada, debiendo informársele previa y oportunamente a la víctima, que puede hacer uso de este derecho.

ñ) Principio de resarcimiento: La administración de justicia garantizará los mecanismos necesarios para asegurar que la víctima de violencia tenga acceso efectivo al resarcimiento y reparación del daño u otros medios de compensación justos y eficaces como parte del proceso de restauración de su bienestar.

Art. S. Fuentes de interpretación

Constituyen fuentes de interpretación de esta Ley, la Constitución Política de la República de Nicaragua, Códigos, Leyes e Instrumentos lntemacionales de Derechos Humanos suscritos y ratificados por el Estado de Nicaragua.

En particular, Serán fuentes de interpretación de esta Ley:

a) La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer; y

b) La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer.

Art. 6. Participación de la sociedad

La sociedad a través de sus Organizaciones tiene el derecho y el deber de participar de forma protagónica para lograr la vigencia plena y efectiva de la presente Ley.

Art. 7. Derechos protegidos de las mujeres

Todas las mujeres tienen derecho tanto en el ámbito público como en el privado a vivir una vida libre de violencia, a su libertad e integridad sexual y reproductiva, así como al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos sus derechos humanos y libertades consagradas en la Constitución Política de la República de Nicaragua, en el ordenamiento jurídico nacional e Instrumentos Intemacionales sobre derechos humanos. ’

Estos derechos comprenden, entre otros:

a) El derecho a que Se respete su vida; y a vivir sin violencia y sin discriminación;

b) El derecho a la salud y a la educación;

c) El derecho a que se respete su integridad física, psíquica, moral, sexual, patrimonial c económica;

d) El derecho a la libertad, a la Seguridad personal, a la intimidad;

e) El derecho a la libertad de creencias y pensamiento;

t) El derecho a no ser sometida a torturas, ni a tratos crueles, ni degradantes;

g) El derecho a que se respete la dignidad inherente a su persona y que se proteja a Su familia;

h) El derecho a igualdad de protección ante la Ley y de la Ley;

i) El derecho a recibir información y asesoramiento adecuado;

j) El derecho a un recurso sencillo y con celeridad ante las instituciones del sistema de justicia y otras Instituciones del Estado para que la ampare contra actos que violen sus derechos; y

k) El derecho a tener igualdad en la función pública y a participar en los asuntos públicos incluyendo la toma de decisión.

Art. 8. Formas de violencia contra la mujer

La violencia hacia la mujer en cualquiera de sus formas y ámbito debe ser considerada una manifestación de discriminación y desigualdad que viven las mujeres en las relaciones de poder, reconocida por el Estado como un problema de salud pública, de Seguridad ciudadana y en particular:

a) Misoginia: Son conductas de odio hacia la mujer y se maniñestan en actos violentos y crueles contra ella por el hecho de ser mujer.

b) Violencia física: Es toda acción u omisión que pone en peligro o daña la integridad corporal de la mujer, que produzca como resultado una lesión física.

C) Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer: Aquella realizada por autoridades o funcionarios públicos, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano O institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar, denegar o impedir que las mujeres tengan acceso a lajusticia y a las políticas públicas.

d) Violencia laboral contra las mujeres: Aquella que discrimina a [as mujeres en los ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, contratación, salario digno y equitativo, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos sobre estado civil, matemidad, esterilización quirúrgica, edad, apariencia física, realización de prueba de embarazo o de Virus de Inmunodeficiencia Humana VIH/SIDA u otra prueba sobre la condición de salud de la mujer. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral.

e) Violencia patrimonial y económica: Acción u omisión que implique un daño, pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción en los objetos, documentos personales, valores, derechos patrimoniales O recursos económicos destinados a Satisfacer sus necesidades, bienes de una mujery los recursos propios o compartidos en el ámbito familiar 0 de pareja.

También constituye violencia patrimonial y económica el control de los bienes y recursos financieros, manteniendo así el dominio sobre la mujer, Ia negación de proveer los recursos necesarios en el hogar, desconocimiento del valor económico del trabajo doméstico de la mujer dentro del hogar y la exigencia para que abandone o no inicie un trabajo remunerado.

f) Violencia psicológica: Acción u omisión destinada a degradar 0 controlar las acciones, comportamientos, decisiones y creencias dela mujer por medio de la intimidación, manipulación, coacción, comparaciones destructivas, vigilancia eventual o permanente, insultos, amenaza directa O indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud mental, la autodeterminación 0 su desarrollo personal.

g) Violencia sexual: Toda acción que obliga a la mujer a mantener contacto sexual, físico o verbal, o participar en otras interacciones Sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, sobomo, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad o su libertad sexual,independientemente que la persona agresora pueda tener con la mujer una relación conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco,

TÍTULO III

DE LOS DELITOS Y DE LAS PENAS

Capitulo Único

Delitos de violencia contra las mujeres y sus penas

Art. 9 Femicidio

Comete el delito de femicidio el hombre que, en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, diere muerte a una mujer ya sea en el ámbito público o privado, en cualquiera de las siguientes circunstancias:

a) Haber pretendido infructuosamente establecer o restablecer una relación de pareja o de intimidad con la víctima;

b) Mantener en la época en que se perpetre el hecho, o haber mantenido con la víctima, relaciones familiares, conyugales, de convivencia, de intimidad o noviazgo, amistad, compañerismo, relación laboral, educativa o tutela;

c) Como resultado de la reiterada manifestación de violencia en contra de la víctima;

d) Como resultado de ritos grupales, de pandillas, usando o no armas de cualquier tipo;

e) Por el menosprecio del cuerpo de la víctima para satisfacción de instintos sexuales, o la comisión de actos de mutilación genital o cualquier otro tipo de mutilación;

f) Por misoginia;

g) Cuando el hecho se cometa en presencia de las hijas O hijos de la víctima;

h) Cuando concurra cualquiera de las circunstancias de calificación contempladas en el delito de asesinato en el Código Penal.

Cuando el hecho se diera en el ámbito público la pena será de quince a veinte años de prisión. Si ocurre en el ámbito privado la pena será de veinte a veinticinco años de prisión. En ambos casos si concurriera dos o más de las circunstancias mencionadas en los incisos anteriores se aplicará la pena máxima.

Las penas establecidas en el numeral anterior serán aumentadas en un tercio cuando concurra cualquiera de las circunstancias del asesinato, hasta un máximo de treinta años de prisión.

Art. 10. Violencia física

Si como consecuencia de la violencia ñsica ejercida por el hombre en el marco de las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, causare a la mujer cualquiera de las lesiones ñsicas tipificadas en la presente Ley, Se le aplicará la pena siguiente:

a) Si se provoca lesiones leves, será sancionado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión;

b) Si se provoca lesiones graves, será sancionado con pena de dos años y ocho meses a seis años y ocho meses de prisión;

c) Si se provoca lesiones gravísima, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

Art. 11. Violencia psicológica

Quien mediante acción u omisión con el propósito de denigrar, controlarlas acciones, comportamientos y creencias de la mujer que haya sido o sea su cónyuge, ex cónyuge, conviviente en unión de hecho estable, ex conviviente en unión de hecho estable, novio, ex novio, ascendiente, descendiente, pariente colaterales por consanguinidad, añnidad y cualquier otra relación interpersonal; ejerza amenaza directa o indirecta, intimidación, manipulación, humillación, aislamiento, ofensas, vigilancia, comparaciones destructivas, chantaje, acoso, hostigamiento y cualquier otra circunstancia análoga que tenga como resultado un perjuicio en la salud psicológica, por la devaluación de su autoestima o el desarrollo personal, será sancionado de la siguiente manera:

a) Si Se provoca daño a su integridad psíquica que requiera, tratamiento psicoterapéutico, será sancionado con pena de ocho meses a un año y cuatro meses de prisión;

b) Si se causara disfunción en cualquiera de las áreas de funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social que requiera un tratamiento especializado en salud mental, sera sancionado con pena de dos años y ocho meses a seis años y Ocho meses de prisión;

c) Si se causara una enfermedad psíquica que aún con la intervención especializada la persona no pueda recuperar su salud mental de manera pern1ar1e11te, será sancionado con pena de siete años y seis meses a trece años y cuatro meses de prisión.

Art. 12. Violencia patrimonial y económica

Es violencia patrimonial y económica, la acciónu omisión ejercida por un hombre en contra de la mujer, con la que se halle O hubiere estado ligada por relación de consanguinidad, afinidad, cónyuges, ex?cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novias, ex novias, relación de afectividad, y que dé como resultado cualquiera de las conductas siguientes:

a) Sustracción patrimonial: Quien sustraiga algún bien O valor de la posesión O patrimonio de una mujer O sustraiga bienes, independientemente de su titularidad, sera sancionado con pena de dos a cinco años de prisión. Todo ello siempre que el valor delbien O bienes sustraídos sean mayores a la suma resultante de un Salario mínimo mensual del sector industrial.

b) Daño patrimonial: Quien destruya, inutilice, haga desaparecer o deteriore en cualquier forma un bien 0 bienes independientemente de la posesión, dominio 0 tenencia, será sancionado con pena de dos a cinco años de prisión. Todo ello siempre que el valor del bien o bienes sean mayores a la suma resultante de un salario mínimo mensual del sector industrial.

c) Limitación al ejercicio del derecho de propiedad: Quien impida, limite o prohiba el uso, el disfrute, la administración, la transformación o la disposición de uno 0 varios bienes que formen parte del patrimonio familiar o del patrimonio de la mujer, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.

d) Sustracción de las utilidades de las actividades económicas familiares: Quien sustraiga las ganancias derivadas de una actividad económica familiar o disponga de ellas para su exclusivo beneticio personal y en perjuicio de los derechos de la mujer, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

e) Explotación económica de la mujer: Quien mediante violencia, amenazas, intimidación o cualquier tipo de coacción, se haga mantener, total 0 parcialmente, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.

f) Negación del derecho a los alimentos y al trabajo: Quien se negare a proveer los recursos necesarios en el hogar o le obligue a la mujer que abandone O no inicie un trabajo remunerado, será sancionado con pena de uno a tres años de prisión.

Art. 13. Intimidación o amenaza contra la mujer

El hombre que mediante expresiones verbales, escritos, mensajes electrónicos 0 cualquier otro medio intimide O amenace a una mujer con la que Se halle O hubiere estado ligado por relación de consanguinidad, afinidad, sujetos a tutela, cónyuges, ex-cónyuges, convivientes en unión de hecho estable, ex convivientes en unión de hecho estable, novios, ex novios, relación de afectividad; con causarle un daño grave y probable de carácter ñsico, psicológico, sexual, laboral O patrimonial, será sancionado con prisión de seis meses a un año.

La pena será de seis meses a dos años de prisión, cuando se dé una de las siguientes circunstancias:

a) Si la intimidación 0 amenaza se realizare en el domicilio 0 residencia de la mujer, en el domicilio de familiares, amistades o cualquier lugar donde se haya refugiado;

b) Si el hecho se cometiere en presencia de las hijas O hijos de la víctima;

c) Si el autor del delito se valiere del cargo como funcionario público o de su pertenencia al cuerpo policial O militar;

d) Si el hecho Se cometiere con armas cortopunzantes, contundente, de fuego u objeto capaz de causar daño a la integridad ñsica o a la salud.

Art. 14. Sustracción de hijos 0 hijas

Cuando el padre u otro familiar ejerza o haya ejercido violencia contra la mujer y como un medio de continuarejerciendo violencia hacia ésta, sustraiga a su hijo o hija del poder de su madre que legalmente esté encargada de la custodia, del tutor o persona encargada de su crianza y lo retenga sin su consentimiento, será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.

Art. 15. Violencia laboral

Quien impida o limite el ejercicio del derecho al trabajo de las mujeres, a través del establecimiento de requisitos referidos a sexo, edad, apariencia física, estado civil, condición de madre o no, sometimiento a exámenes de laboratorio, prueba del Vims de Inmunodeñciencia Humana (VIH/SIDA) O de otra índole para descartar estado de embarazo, obstaculice O condicione el acceso, salario, ascenso o la estabilidad en el empleo de las mujeres, será sancionado con cien a trescientos dias multa.

Si se trata de una política de empleo de una institución pública 0 privada, quien ejerza la discriminación, se impondrá la pena máxima. Todo ello sin perjuicio de la corresponsabilidad establecida en el artículo 125 de la Ley No. 641, “Código Pena1.”

Art. 16. Violencia en el ejercicio de la función pública contra la mujer.

Quien en el ejercicio de la función pública, independientemente de su cargo, de forma dolosa, retarde, obstaculice, deniegue la debida atención o impida que la mujer acceda al derecho a la oportuna respuesta en la institución a la cual ésta acude, a los fines de gestionar algún trámite relacionado con los derechos que garantiza la presente Ley, será sancionado con pena de doscientos a quinientos días multa e inhabilitación especial en el ejercicio del cargo por un período de tres a seis meses. Sin perjuicio de las responsabilidades administrativas que correspondan.

Si los actos anteriores se cometen por imprudencia la pena será de cien a doscientos días multas e inhabilitación del cargo por un período máximo de tres meses.

Si como resultado de las conductas anteriormente señaladas, se pusiesen en concreto peligro la vida e integridad de la mujer, la pena será de seis meses a un año de prisión e inhabilitación especial para ejercer el cargo por el mismo periodo.

Art. 17. Omisión de denunciar

Las personas que de acuerdo a la legislación procesal penal tengan obligación de denunciar los delitos de acción pública, una vez que tengan conocimiento que una mujer, niño, niña o adolescente ha sido víctima de violencia, deberán denunciar el hecho ante la Policía

Nacional 0 al Ministerio Público dentro del término de cuarenta y ocho horas. El que incurra en esta omisión se sancionará con pena de doscientos a quinientos dias multa.

Art. 18. Obligación de denunciar acto de acoso sexual Toda autoridad jerárquica en centros de empleo, de educación 0 de cualquier otra índole, que tenga conocimiento de hechos de acoso Sexual realizados por personas que estén bajo su responsabilidad o dirección y no lo denuncie a la Policía Nacional o al Ministerio Público, será sancionada con pena de cincuenta a cien dias multa.

TÍTULO III

DE LAS MEDIDAS DE ATENCION, PROTECCION, SANCION,

PRECAUTELARESY CAUTELARES

Capítulo I

De las medidas de atención, protección y sanción

Art. 19. Medidas de atención y prevención Las medidas de atención y prevención que Se establezcan son el conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia, como parte de la obligación del Estado, de garantizar a las mujeres su Seguridad y el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Dichos modelos deberán tomar en consideración:

a) Proporcionar servicios de atención, asesoría jurídica y tratamiento psicológico, especializado y gratuito a las víctimas que reparen el daño causado por la violencia.

b) Brindar servicios reeducativos integrales, especializados y gratuitos, a la persona agresora, para erradicar las conductas violentas, a través de una educación que elimine los estereotipos de supremacía masculina y los patrones machistas que generaron su violencia.

c) Evitar que la atención que reciba la víctima y la persona agresora sea proporcionada por la misma persona y en el mismo lugar. En ningún caso podrán brindar atención, aquellas personas que hayan sido sancionadas por ejercer algún tipo de violencia.

d) Garantizar la separación y alejamiento de la persona agresora respecto a la víctima.

e) Habilitar y fortalecer la instalación y el mantenimiento de refugios para las victimas y sus hijas e hijos, que proporcionarán apoyo psicológico y legal especializados y gratuitos.

Art. 20. De las medidas para la atención a las victimas Las medidas para la atención a las víctimas son las siguientes:

a) Promover la existencia de servicios públicos y privados que brinden atención integral, interdisciplinaria para las mujeres víctimas de violencia;

b) Asegurar que los servicios de captación o referencias públicos y privados brinden a las víctimas un servicio seguro, digno, en un ambiente de privacidad y de contianza, que tome en cuenta la situación de vulnerabilidad física y emocional de las víctimas;

c) Prestar servicios de salud integral para las mujeres, en particular para atender las enfermedades originadas por la violencia de género, d) Detectar, documentar y brindar la información a la autoridad competente sobre los hallazgos tisicos y psíquicos, ocasionados por la violencia en las víctimas, que acuden a los servicios de salud pública iy de justicia para la sanción y recuperación del daño.

e) Brindar a las víctimas en los servicios de salud, de investigación, asesoría o acompañamiento, información de las consecuencias de los hechos de violencia vividos debiendo remitirla sin demora al servicio de salud O de justicia que requiera.

Art. 21. De las medidas de protección y sanción

Para las medidas de protección y sanción se deben:

a) Cumplir con la obligación de informar a la víctima de los alcances que tienen la interposición de su denuncia; corresponde al personal que recibe e investiga denuncias de violencia contra la mujer, tomar las medidas preventivas y solicitar las medidas de protección en el menor tiempo posible, conforme lo establecido en esta Ley;

b) Asegurar la ejecución de las medidas precautelares y cautelares dictadas por las autoridades competentes, implementando controles para el agresor, reportes telefónicos de las víctimas, controles de asistencia obligatoria a tratamiento profesional;

c) Garantizar que el sistema nacional forense cumpla con los estándares que proporcionen los elementos técnicos y cientíñcos, para el peritaje forense integral e interdisciplinario de las personas afectadas por la violencia de género;

d) Ampliar el acceso a la justicia mediante la asistencia jurídica, médica y psicológica gratuita de las mujeres en situación de violencia;

e) Capacitar desde un enfoque de género, al personal y funcionarios que integran el sistema de justicia;

f) Fortalecer programas de sensibilización y capacitación con perspectiva de género dirigidos a operadores de justicia que aseguren una atención de calidad y eliminen la violencia institucional contra las mujeres;

g) Incorporar en las políticas de Seguridad ciudadana medidas específicas para prevenir, investigar, sancionary erradicar el femicidio, entendidos como la forma más extrema de violencia de género contra las mujeres; h) Promover albergues, grupos de autoayuda y recuperación de daños dirigidos a proteger a las mujeres en las familias, en la comunidad; y i) Adoptar las medidas necesarias y eficaces para prevenir, investigar, sancionar y erradicar todas las formas de trata, tráfico de mujeres, niñas, adolescentes para la explotación sexual y laboral.

Art. 22. Acciones de los programas

Los programas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres contendrán las acciones siguientes:

a) Impulsar y fomentar el conocimiento y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres;

b) Incidir en la transformación de los modelos socioculturales de conducta de mujeres y hombres, incluyendo la fonnulación de programas y acciones de educación formal y no formal en todos los niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar las conductas estereotipadas que pemiiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres;

c) Dotarles de instrumentos que les permitan la atención y el juzgamiento con perspectiva de género, de acuerdo a lo previsto en esta Ley, educar, capacitar y sensibilizar en materia de derechos humanos de las mujeres a:

1. Operadoras y operadores del sistema de justicia, incluyendo Jueces y Juezas, personal del Poder Judicial, fiscales, policías; y

2. Funcionariasy funcionarios encargados de las políticas de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia hacia las mujeres.

d) Brindar servicios especializados y gratuitos de atención y protección a las víctimas, pormedio de las autoridades y las instituciones públicas o privadas;

e) Promover que los medios de comunicación no utilicen la imagen de la mujer como obj eto sexual comercial, ni fomenten la violencia hacia las mujeres, para contribuir a la erradicación de todos los tipos de violencia hacia las mujeres y fortalecer el respeto a los derechos humanos y la dignidad de las mujeres;

t) Diseñar programas de atención y capacitación a víctimas que les permitan participar plenamente en todos los ámbitos de la vida;

g) Garantizar la investigación y la elaboración de diagnósticos estadísticos sobre causas, frecuencias y consecuencias de la violencia hacia las mujeres, con el tin de definir las medidas a implementar para prevenir, atender, sancionar y erradicar todo tipo de violencia;

h) Publicar semestralmente la infomiación general y estadística sobre los casos de violencia hacia las mujeres; y

i) Promover la cultura de denuncia de la violencia hacia las mujeres en el marco de la eficacia de las instituciones, para garantizar su Seguridad y su integridad.

Las instituciones del Estado dentro del marco de su competencia deberán cumplir con las medidas establecidas en la presente Ley, sin detrimento de la participación de la sociedad civil para el cumplimiento de las mismas.

Capítulo II

Naturaleza y acciones de las medidas precautelares y cautelares

Art. 23. Naturaleza preventiva

Las medidas precautelares y cautelares son de naturaleza preventiva, para proteger a la víctima mujer agredida en su integridad física, psicológica, sexual y patrimonial, así como de toda acción que viole o amenace los derechos contemplados en esta Ley, evitando así nuevos actos de violencia.

Art. 24. Medidas precautelares

Cuando se estuviere en presencia de acciones u omisiones que puedan cOnstituar:ir delitos a que se refiere esta Ley, la Policía Nacional a través de la Comisaria de la Mujery la Niñez, losjefes de delegaciones distritales y municipales o el Ministerio Público, podrán ordenar y adoptar las medidas precautelares siguientes:

a) Ordenar el abandono inmediato del hogar al presunto agresor, independientemente de su titularidad, en tanto la violencia es un riesgo para la integridad, ñsica, psíquica, sexual y el patrimonio de la mujer. El agresor no podrá retirar los enseres domésticos 0 menaje de casa. Únicamente se le autorizará llevar sus bienes de uso personal, instrumentos, herramientas de trabajo y estudio;

b) Prohibir O restringir la presencia del presunto agresor en la casa de habitación, centro de trabajo, estudio, lugares habitualmente frecuentados por la mujer O cualquier lugar donde ella se encuentre, dentro de un radio mínimo de doscientos metros. Cuando el presunto agresor y la víctima laboren o estudien en el mismo centro, se ordenará esta medida adecuándola para garantizar la integridad de la mujer;

c) Ordenar el reintegro de la mujer al domicilio donde se le impida su ingreso o de donde fue expulsada con violencia, intimidación o cualquier medio de coacción, independientemente de la titularidad del bien inmueble. En la misma resolución se ordenará la salida del presunto agresor;

d) Garantizar a la víctima la atención médica, psicológica y psiquiátrica necesaria;

e) Ordenar el examen médico, psicológico y social a los niños, niñas y adolescentes víctimas directas e indirectas en hechos de violencia y brindarles su debida atención;

t) Solicitar la intervención del Ministerio de la Familia, Adolescencia y Niñez en caso de denuncia de vulneración de derechos de niños, niñas. Así mismo se podrá solicitar la colaboración de organismos especializados que brinden apoyo, protección, asesoría, consejería y seguimiento necesario;

g) Prohibir al presunto agresor realizar actos de intimidación, persecución, acoso o perturbación contra la mujer, cualquier miembro del grupo familiar o las personas relacionadas con la denunciante, ya sea por sí mismo O a través de terceros, por cualquier medio electrónico, escrito y audio visual;

h) Secuestrar y retener inmediatamente las armas de fuego o armas cortopunzantes y contundentes que Se encuentren en manos del presunto agresor, independientemente de que porte o no pemiiso; y de su profesión u oficio. En todos los casos las annas retenidas deberán ser remitidas a la Policía Nacional y su destino se determinará de acuerdo a las disposiciones de la Ley No. 510, “Ley Especial para el Control y Regulación de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados”, Ley No. 228, “Ley de la Policía Nacional”, Ley No. 406, “Código Procesal Penal de la República de Nicaragua’? y Ley No. 641, “Códig0 Penal”;

i) Prohibir al presunto agresor que introduzca o mantenga armas en la casa de habitación para intimidar, amenazar o causar daño a alguna de las personas integrantes del grupo familiar.

j) Levantar un inventario de los bienes muebles existentes en el domicilio familiar, a fin de salvaguardar el patrimonio de la mujer y sus hijos. Esta medida se ejecutará cuando se aplique la medida del literal a) y c) de este artículo; y

k) Ordenar que la mujer pueda llevar consigo, aquellos bienes que garanticen su bienestar y del grupo familiar, cuando decida, por razones de segxridad, salir del hogar que comparte con el agresor. Las medidas anteriores solamente podrán Ser adoptadas observando criterios de proporcionalidad, racionalidad, necesidad y urgencia.

Art. 25. Medidas cautelares

El Juez, Jueza o Tribunal a Solicitud del Ministerio Público o de la víctima constituido en acusador particular, podrá decretar las siguientes medidas cautelares:

a) Ordenar al presunto agresor someterse a la atención psicológica o siquiátrica que el juez 0 jueza estime necesaria;

b) Imponer al presunto agresor, preste las garantías suficientes que determine el Juez o Jueza para compensar los posibles daños ocasionados a la mujer;

c) Conceder provisionalmente la tutela de los niños, niñas, adolescentes O personas con discapacidad a quien considere idóneo para tal función, si estaba confiada al presunto agresor, en caso de que estén involucrados a la hora de la Comisión de alguno de los delitos contenidos en la presente Ley;

d) Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a la mujer víctima de violencia, el sustento necesario para garantizar su subsistencia, en caso que ésta no disponga de medios económicos para ello y exista una relación de dependencia con el presunto agresor. La aplicación de esta medida será de carácter provisional de acuerdo al tiempo fijado para su vigencia en la presente Ley;

e) Imponer al presunto agresor la obligación de proporcionar a los hijos e hijas alimentos provisionales que garanticen su subsistencia, hasta que la autoridad competente dicte la forma de tasar los alimentos en armonía a lo establecido en la Ley de la materia;

I) Suspender al presunto agresor el derecho de visitara sus hijos e hijas e interferir en el ejercicio de la tutela, cuido, crianza y educación, cuándo éstos hayan sido víctimas de violencia o cuando se encuentren bajo la tutela de la madre que ha sido víctima de violencia, ya sea que estén en su casa, albergue O en cualquier otro lugar que les brinde seguridad;

g) Emitir una orden judicial de protección y auxilio dirigida a la autoridad policial. La víctima portará copia de esta orden para que pueda acudir a la autoridad más cercana en caso de amenaza de agresión fuera o dentro de su domicilio;

h) Garantizar el ejercicio de las acciones legales en materia de alimentos prohibiendo al agresor la celebración de actos y contratos sobre bienes muebles e inmuebles, así como el desplazamiento de los bienes muebles de la residencia común hacía otro lugar cualquiera. El juez o jueza realizará inventario de dichos bienes, tanto en el momento de dictar estas medidas como al suspenderlas;

i) Prohibir al agresor que se aproxime a la persona protegida en cualquier lugar donde se encuentre, así como acercase a su domicilio, a su lugar de trabajo o cualquier otro que sea frecuentado por ella. El juez ojueza ñjará una distancia mínima entre el agresor y la víctima que no se podrá rebasar bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal. La medida de alejamiento podrá acordarse con independencia de que la persona afectada o que aquellas a quienes se pretenda proteger hubieran abandonado previamente el lugar;

j) Prohibir al agresor toda clase de comunicación con las personas que se indique, bajo apercibimiento de incurrir en responsabilidad penal;

k) Inhabilitar a la persona agresora para la portación de armas;

l) Suspender al investigado en el desempeño de su cargo público, cuando el hecho por el cual se le investiga tiene que ver con las funciones que desempeña; y

m) Ordenar la retención migratoria del presunto agresor.

TÍTULO IV

PROCEDIMIENTO Y APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS

PRECAUTELARESYCAUTELARES

Capitulo I

De la duración de las medidas precautelares

Art. 26. Duración de las medidas precautelares

Las medidas precautelares se aplicarán a solicitud de la víctima u ofendida o por cualquier persona o Institución actuando en nombre de ella, de forma preventiva por un plazo máximo de veinte dias, el cual podrá ser prorrogado por una sola vez. La resolución que ordena las medidas o la prórroga de éstas, deberá dictarse de forma motivada. Iniciado el proceso correspondiente, sea en la vía penal o de familia, a petición de parte el Juez O Jueza resolverá sobre el mantenimiento de todas O alguna de las medidas precautelares aplicadas, de acuerdo a la naturaleza del proceso que es objeto de su competencia.

En su resolución el Juez o Jueza al ratificar las medidas precautelares y ordenar las medidas cautelares, lo hará bajo la debida motivación, justificando que sean proporcionales y necesarias, estableciendo el plazo de duración, que no podrá ser mayor de un año.

El Juez 0 Jueza deberá examinar la necesidad del mantenimiento de las medidas cada tres meses y cuando cesen O se modifiquen sustancialmente los presupuestos de su resolución, las sustituirá por otras menos gravosas. En cualquier momento procederá la revisión extraordinaria de medidas, a solicitud de parte.

Capítulo II

De la solicitud, aplicación y competencia de las medidas precautelares

Art. 27. De la solicitud de las medidas precautelares En el mismo acto de la denuncia la víctima u ofendido, cualquier persona o institución actuando en nombre de ella, podrá solicitar de manera oral o escrita la aplicación de las medidas precautelares ante la autoridad competente, en ambos casos la autoridad que la recibe, levantará un acta que deberá contener:

a) Nombres, apellidos y domicilio de la víctima u ofendida;

b) Datos de identificación del presunto agresor, y domicilio si se

conociere;

c) Relación de los hechos denunciados e indicar los elementos de

pmeba que lo sustente;

d) Descripción de las medidas precautelares aplicables; y

e) Lugar para recibir notificaciones.

Art. 28. Aplicación de lao medidas precautelares

Presentada la solicitud, la autoridad competente ordenará de inmediato la aplicación de cualquiera de las medidas solicitadas. No obstante, sin perjuicio de lo solicitado por la parte, la autoridad competente podrá ordenar de oficio la aplicación de otras medidas en función de la protección de la integridad fisica, psíquica, sexual y patrimonial de la víctima.

La resolución que ordena la aplicación de una medida precautelar, deberá notificarse y ejecutarse dentro de las siguientes veinticuatro horas de dictada y no cabrá recurso alguno contra ella. La resolución Se notificará al denunciado o acusado, de manera personal por medio de la Comisaria de la Mujer y la Niñez o de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional o el Ministerio Público. La notificación se podrá realizar en el domicilio o en cualquier lugar donde se encuentre el presunto agresor y a cualquier hora para los delitos establecidos en la presente Ley.

Art. 29. Órgano competente para la ejecución y vigilancia de las medidas precantelares y cautelares Durante el tiempo de la ejecución de las medidas precautelares y cautelares, la autoridad que las dicte deberá dar seguimiento a las mismas.

Para la ejecución y cumplimiento de las medidas cautelares dictadas por la autoridadjudicial, ésta se auxiliará de la Comisaria de la Mujer y la Niñez o dela Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional. En caso de incumplimiento de cualquiera de las medidas establecidas en la presente Ley por parte del presunto agresor, se abrirá investigación por el delito de desobediencia o desacato a la autoridad.

TÍTULO V

ÓRGANOS COMPETENTES EN MATERIA DE VIOLENCIA

HACIA LAS MUJERES

Capítulo I

De la creación y jurisdicción de los Órganos Especializados

Art. 30. Órganos especializados

Créense los Juzgados de Distrito Especializados en Violencia, integrados por un Juez o Jueza especializada en Ia materia. Deberá existir como mínimo un Juzgado de Distrito Especializado en Violencia en cada cabecera departamental y Regiones Autónomas y en los municipios en que, por su ubicación, sea diñcil el acceso a los Juzgados ubicados en las cabeceras departamentales.

Adscritos a los Juzgados de Distrito Especializado en Violencia, se crearán equipos interdisciplinarios integrad