Nicaragua

Sentencia sobre derecho a reelección de gobernantes es cosa juzgada

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló que tiene total validez y no puede ser revocada por ningún otro Poder del Estado

Francisco Rosales
Magistrado y presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales. | El 19 Digital

Redacción Central |

El presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia señaló que tiene total validez y no puede ser revocada por ningún otro Poder del Estado

El magistrado y presidente de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Francisco Rosales, subrayó el carácter de “cosa juzgada” de la resolución emitida reconociendo el derecho a cualquier gobernante a la reelección, de acuerdo con la Constitución Política de Nicaragua.

Rosales  afirmó que la sentencia de este Poder del Estado que establece iguales derechos a los ciudadanos a ser electos y al pueblo a elegir a sus gobernantes, tiene total validez y  ninguna otra  puede revertir su efecto jurídico.

Reiteró, una vez más,  que la sentencia 504 emitida por la CSJ el 19 de octubre de 2009,  tiene total validez y  brinda la oportunidad al pueblo a decidir libremente a sus autoridades.

El experto constitucionalista afirmó que, además, resolvió las contradicciones existentes entre los artículos 147 y 178 de la Carta Magna, y  se sustenta y se basa en el principio de la soberanía popular, la cual refiere que es el pueblo quien toma las decisiones.

“Esa iniciativa pueden llevarla, pueden presentarla, ya veremos si sale (si la aprueban)… En cuanto a la efectividad de una declaración, pues tiene muy poca, no tiene ningún carácter vinculante”, sostuvo Rosales al ser consultado sobre qué efecto tendría sobre la sentencia 504 una hipotética aprobación de una resolución legislativa destinada a ese objetivo.

“No hay ningún Poder encima de la Corte Suprema de Justicia, es decir aquí no hay ninguna otra vía, más que  cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, es decir la declaración la pueden hacer pero no tienen ningún efecto desde el punto de vista jurídico”, respondió Rosales.

Explicó que la Sala Constitucional dictó la sentencia y posteriormente la Corte Plena le dio carácter “erga omnes”.

“La sentencia de la sala ratificada en Corte Plena tiene carácter general, y ese carácter general la convierte prácticamente en una ley”, añadió.

En el 2009, el Presidente Daniel Ortega Saavedra y 105 alcaldes y vicealcaldes del país, recurrieron de amparo ante el Consejo Supremo Electoral (CSE) a fin que resolviera “una antinomia (contradicción)” entre el principio de la soberanía popular y el principio de igualdad ante la ley”.

En esa ocasión se solicitó la inaplicabilidad de ambos artículos, y se pidió al CSE resolver la antinomia, por lo cual, éste, al verse imposibilitado, recurre a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y ante la Sala de lo Constitucional, quien acoge el amparo.

La Sala Constitucional resolvió y estableció en la sentencia la inaplicabilidad de los artículos 147 y 178, porque ambos entran en contradicción con el principio fundamental de igualdad de los ciudadanos ante la ley y con el principio de soberanía popular, explicó Rosales.

La sentencia fue sometida a Corte Plena, quien le dio carácter “erga omnes”, es decir es válida para los recurrentes (presidente, alcaldes y vicealcaldes) y para todos los nicaragüenses, incluyendo al actual vicepresidente Jaime Morales Carazo.

“A partir del momento que se pronuncia la CSJ, esto produce un efecto, la sentencia tiene un carácter general y beneficia a todo el mundo, en este caso beneficia a Jaime Morales Carazo, beneficia a los alcaldes y vicealcaldes que no habían recurrido”.

Rosales señaló que los tratados de derechos no  disponen de ningún tipo de inhibición y quien estableció esa prohibición fueron los constituyentes derivados de 1995, trastocando lo realizado por los constituyentes originales de 1987.

“El recurrente decía que se había violado el principio de igualdad en y ante la ley, nosotros agregamos que no solo se viola eso, sino que se violaron los tratados incorporados en el artículo 46 y el preámbulo de la Constitución, el cual establece que se promulga esa Constitución por el respeto absoluto a los derechos humanos”, puntualizò.

“El constituyente primigenio del 1987 no estableció ninguna prohibición. La declaración universal de los derechos del hombre establece en el artículo 21 que es el pueblo que decide y que todos los ciudadanos pueden participar precisamente y pretender dirigir los destinos de un país  y que además los estados tienen la obligación de eliminar los obstáculos que tenga una persona para participar en la gestión pública de su país” dijo Rosales.

Ante esto, el magistrado señaló que la CSJ en su sentencia no ha inventado nada. “Ninguno de los tratados establecidos en el artículo 46 constitucional establece prohibición alguna, las únicas limitaciones que estableció en su momento el propio constituyente nuestro, fueron por razones de edad o porque se hubiese dictado sentencia declarando interdicto a alguien y que esa interdicción civil les eliminara los derechos políticos”.

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