Nicaragua

Libro Blanco de la Cancillería muestra transparencia de elecciones municipales

Es una publicación dirigida a los nicaragüenses y a la comunidad internacional demostrando la falsedad de los argumentos opositores contra esos comicios

Redacción Central |

Es una publicación dirigida a los nicaragüenses y a la comunidad internacional demostrando la falsedad de los argumentos opositores contra esos comicios

Desnuda también toda la campaña política y mediática llevada a cabo desde fechas muy anteriores a la celebración de las votaciones con el objetivo premeditado de desconocer sus resultados.

Igualmente, la injerencia extranjera para financiar a los defensores del neoliberalismo y la forma en que algunos pequeños partidos perdieron su personalidad jurídica.

A continuación, reproducimos el texto completo del Libro Blanco divulgado por el ministerio de Relaciones Exteriores:

LIBRO BLANCO

“La realidad del proceso electoral municipal del 2008 en Nicaragua” Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Nicaragua

Prólogo

Es deber del gobierno defender los intereses del pueblo y fundamentalmente sus decisiones.

Así, el pueblo nicaragüense a partir del año 1984, ha sido artífice de su destino y democráticamente ha marcado la ruta de sus gobiernos. Por ello el Frente Sandinista de Liberación Nacional, se dispuso a acatar la decisión popular y como fuerza que alcanzó el poder por las armas al derrocar a la dictadura somocista en 1979, estuvo dispuesto a entregar el gobierno pacíficamente en 1990.

El sandinismo, como expresión ideológica que se sustenta en la idiosincrasia de su pueblo, expresó durante la larga noche neoliberal, su compromiso con la lucha popular y se dispuso alcanzar nuevamente el poder por la vía electoral, animado por transformar la estructura del Estado en beneficio del pueblo.

Así, en noviembre del 2006 el pueblo volvió a ser Presidente y comenzamos a cambiar, una vez más, la historia de Nicaragua.

Después de casi dos años de gestión del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional, los beneficios y los logros alcanzados son evidentes y por ello la oposición exacerba sus críticas antes y después de las elecciones municipales, como un intento de demeritar y desprestigiar las victorias populares.

La manipulación individual que han hecho de las elecciones municipales del 2008 algunas personas y partidos políticos, han puesto en riesgo el apoyo y la cooperación internacional que recibe la población para avanzar en su lucha contra la pobreza y el atraso en que quedó sumido después de 16 años de neoliberalismo.

Por todo lo anterior, hemos realizado este trabajo que este martes presentamos, previa consulta y aprobación de los órganos del Estado correspondiente, tiene como finalidad dar a conocer a la comunidad nacional e internacional la realidad de las elecciones municipales del 2008.

I. Presentación

El objetivo del presente documento es dar a conocer a la comunidad nacional e internacional información sintetizada sobre el proceso de las Elecciones Municipales en Nicaragua celebradas el 9 de Noviembre de 2008.

La serie de eventos acaecidos en Nicaragua con motivo de las Elecciones Municipales de 2008, son resultado de la promoción de fuerzas externas para provocar la polarización política, que escudándose en un concepto de democracia partidarizada, no reconocen el derecho del pueblo de Nicaragua a forjar su propio destino, sobre la base de su participación activa en todas las esferas del quehacer de la nación.

Anima la elaboración del presente “Libro Blanco”, aclarar con fundamentos legales y sociales, la realidad acaecida en Nicaragua antes, durante y después de la celebración de las elecciones Municipales de Noviembre del año 2008, desde la óptica legal y social de dichos acontecimientos.

Esperamos que la información contenida y los documentos periodísticos que acompañan al presente, sirvan de fuente para que el lector o investigador conozca la verdad sobre la realidad de las pasadas Elecciones Municipales de Nicaragua.

II. Plan preparado por la oposición política y mediática

Plan de desestabilización orquestado y fraguado desde antes de las elecciones, lo cual fue denunciado con antelación.

Desde los primeros meses del año 2008, la oposición política y mediática al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN), iniciaron una campaña tendiente a la desestabilización del gobierno por la vía del cuestionamiento del Programa de Gobierno y el cumplimiento de las promesas de campaña del FSLN.

Tanto a nivel político, legislativo, así como en los diferentes medios de prensa, fue evidente la estrategia desplegada contra los avances sociales y económicos del GRUN, de acuerdo con los principios programáticos de la campaña, tratando de deslegitimar tales avances.

Los voceros de oposición a todos los niveles se dieron a la tarea de cuestionar el éxito del programa gubernamental y el concepto político-económico a implementarse, y con ello trataron de crear terreno fértil para sus posteriores operaciones desestabilizadoras.

Entre las tácticas utilizadas se encuentran: La campaña de deslegitimación anticipada de los resultados de las elecciones a través de una campaña orquestada por los medios nacionales e internacionales y la campaña dirigida a deslegitimar los avances del gobierno a nivel nacional, olvidándose de que el objetivo fundamental de la contienda electoral era “La campaña municipal”.

III. Cancelación de personería jurídica al Partido Conservador (PC) y al Movimiento Renovador Sandinista (MRS)

La cancelación de la personería jurídica a dos partidos políticos nicaragüenses: el Partido Conservador (PC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) fue una decisión del Consejo Supremo Electoral en estricto apego a lo dispuesto por la Ley Electoral.

Esto fue motivo de argumento de la campaña nacional e internacional de los opositores al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional para deslegitimar los resultados de las elecciones municipales de 2008.

El Consejo Supremo Electoral informó en tiempo y forma la situación legal del Partido Conservador y del Movimiento Renovador Sandinista, misma que describe a continuación.

Respecto al Partido Conservador, el doctor Wilfredo Navarro Moreira, en su carácter de representante legal de la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC), solicitó en el mes de Mayo del año pasado, previa verificación, se declarase sin ningún valor la participación e inscripción de candidatos de dicha organización política ya que no cumplió con el porcentaje de candidaturas establecido en el artículo 82 de la Ley Electoral1.

En consecuencia, y de acuerdo a lo solicitado, el Consejo Supremo Electoral (CSE), con fundamento en el artículo 75 de la Ley Electoral2, dio inicio al proceso de cancelación de personalidad jurídica del Partido Conservador (PC).

El 29 de mayo de 2008, la Dirección General de Atención a Partidos Políticos del Consejo Supremo Electoral, dictó auto en el que mandó a abrir a pruebas el caso de cancelación de personalidad jurídica al Partido Conservador, en cumplimiento del acuerdo de la máxima autoridad electoral de Nicaragua (CSE).

Con fecha 3 de abril de 2008, el Partido Conservador a través de su representante legal, presentó un total de 501 renuncias de candidatos, las que en correspondencia a sustituciones presentadas por el mismo partido, fueron ejecutadas un total de 400 renuncias, quedando sin sustituir candidatos cuyas renuncias fueron indebidamente presentadas.

Con lo anterior, el total de candidaturas presentadas por el Partido Conservador se redujo a 1,488 candidatos inscritos para un 75.08% de candidatos, porcentaje inferior al 80% establecido en el referido artículo 82 de la Ley Electoral y condición necesaria para la participación en el actual proceso electoral municipal, razón jurídica por la cual el 11 de junio de 2008, los Magistrados del Consejo Supremo Electoral en ejercicio de las atribuciones que le otorga el artículo 173 numeral 12 de la Constitución Política de Nicaragua y 10 de la Ley Electoral y artículo 63 numeral 8, 72, 75 y 82 de la Ley Electoral, resolvieron cancelar la personalidad jurídica del Partido Conservador.

Cabe destacar, que el Partido Conservador es reincidente en este tipo de situaciones, ya que anteriormente incurrió en una circunstancia similar, cuando en el 2002 el CSE le canceló la personalidad Jurídica por no haber obtenido el 4% mínimo del sufragio en las elecciones Presidenciales y legislativas celebradas en el 2001. Esta cancelación se hace el 21 de noviembre del 2001.

Actualmente, el Partido Conservador ha sometido ante el Consejo Supremo Electoral un recurso de revisión, el cual está pendiente de resolución por ese Poder del Estado.

En cuanto al Movimiento Renovador Sandinista, desde el año 2007, el mismo Movimiento Renovador Sandinista (MRS) ha venido incumpliendo con la Ley Electoral y con sus propios estatutos.

Aunque el Esquema inicia en el año 2007, realmente el proceso inicia en Febrero del 2006, cuando la Dirección de Atención a Partidos Políticos solicita, en base al artículo 63 de la Ley Electoral, la actualización de sus juntas directivas, los estatutos del partido actualizados y la publicación de los Estados Financieros a todos los partidos registrados en el CSE.

En Marzo de 2006, nuevamente se solicita la misma información.

El 18 de febrero de 2007, mediante la resolución número cinco de la VI Convención Nacional del MRS, este disuelve toda su estructura orgánica; al 11 de mayo de 2007 el MRS todavía no ha remitido sus estatutos aprobados ni los informes financieros y como se observa en el gráfico, durante todo el año 2007 se le requiere la información necesaria, estipulada en la Ley Electoral, para el cumplimiento de su deber como Partido Político.

El Partido MRS insistió en no informar al Consejo Supremo Electoral, a pesar de las reiteradas solicitudes de este Poder del Estado.

Es hasta el 22 de Mayo del 2008, dos años después de estar requiriendo la información al partido MRS, que se inicia el proceso de cancelación de la Personalidad Jurídica del Partido Movimiento Renovador Sandinista.

Este proceso se llevó a cabo conforme los procedimientos y términos establecidos en la Ley Electoral, la que conforme el Arto 184 de la Constitución Política de la República de Nicaragua tiene rango constitucional.

El Partido Movimiento Renovador Sandinista fue reiterativo, ya que en el 2006 (elecciones generales) también incumplió el contenido de la Ley electoral y las normas de su propio partido, razón por la cual, le fue cancelada su personalidad jurídica.

En consecuencia el partido MRS presentó Recurso de Amparo y es menester destacar que a pesar que el mismo se interpuso omitiendo requisitos indispensables, por lo que debió haberse declarado improcedente ad portas, la Corte Suprema de Justicia sin embargo, le dio el trámite ordinario que correspondería a un Recurso interpuesto que cumple. Actualmente, el Recurso de Amparo en mención, cuenta con un proyecto de sentencia en estudio.

IV. El caso del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y otras Organizaciones No Gubernamentales

De la misma manera, las actuaciones del Ministerio de Gobernación y del Ministerio Público respecto del Centro de Investigación de la Comunicación (Cinco) y unas pocas Organizaciones No Gubernamentales, fueron puestas en el contexto preelectoral con claros propósitos políticos, poniendo en evidencia, de nuevo, el sentido de la campaña que se fraguaba para afectar la imagen y la legitimidad del órgano electoral y los preparativos del proceso electoral, amén de afectar la imagen y legitimidad política del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Los hechos pueden describirse de la manera siguiente:

El Ministerio Público en fecha 8 de Septiembre del 2008, dio inicio a la investigación penal mediante comunicación escrita que trasladara el Ministerio de Gobernación en la que se relaciona operaciones irregulares con fondos provenientes del exterior que se canalizan entre entidades registradas como Organizaciones sin Fines de Lucro, entre estas el Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco).

Cabe destacar, que de las más de cuatro mil Organizaciones No Gubernamentales existentes en Nicaragua, solamente 8 de ellas estaban siendo investigadas a solicitud del Ministerio de Gobernación (MINGOB), es decir un 0.19% que es lo mismo que decir, menos de las dos décimas (2/10) partes del 1%.

Merece especial atención que de éstas 8 organizaciones, solamente 4 son entidades reguladas por el Ministerio antes mencionado, estando las otras 4, operando fuera del marco legal vigente nacional.

Ante la comunicación de los hechos referidos por el Ministerio de Gobernación, el Fiscal General de la República el 8 de Septiembre del 2008, ordena delegar en la Fiscal General Adjunta de la República, el conocimiento de los hechos informados, la dirección jurídica de la investigación, así como la determinación del ejercicio o no de la acción penal correspondiente.

En cumplimiento de dicho mandato, la Fiscal General Adjunta inició la investigación penal ordenando el citatorio para entrevistas de los representantes legales de Organismos No Gubernamentales y a los representantes de las Asociaciones sin Personalidad Jurídica, para conocer el procedimiento de sus actuaciones y el uso y destino que han tenido los recursos provenientes de fuentes internacionales.

Por las razones antes expuestas, fueron citados los representantes legales de esas organizaciones, a quienes al momento de comparecer ante el Ministerio Público se les advirtió de su derecho constitucional de abstenerse a brindar entrevista, y se les informó lo señalado en el reporte que el Ministerio de Gobernación había trasladado al Ministerio Público para dar inicio a las averiguaciones, todo lo anterior, de conformidad con lo establecido en el arto 26.4 constitucional.

Luego del análisis de las entrevistas a la cual acudieron todas las personas antes mencionadas, se determinó la necesidad de examinar los registros contables y demás documentos soportes de los fondos de los donantes, por lo cual se les requirió por escrito a los representantes de las organizaciones antes mencionadas, la presentación de los libros y demás documentos contables de sus representados conforme a la legislación nacional, que faculta la verificación de los controles fiscales y para fines de investigación.

Todos los representantes de los organismos antes mencionados expresaron por escrito su anuencia a la colaboración y a brindar la información requerida ante el Ministerio Público, excepto los representantes del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), Licda. Juana Antonia Jiménez Martínez, quienes a pesar de haber sido convocados en dos oportunidades, se negaron a presentarse ante el llamado de la Fiscalía, por lo que se procedió a tramitar la orden judicial de allanamiento y buscar la información del interés investigativo, de conformidad al arto. 250 del Código Procesal Penal.

De igual forma, se solicitó al Juez de Distrito de lo Penal competente a través de escrito presentado ante la Oficina de Recepción y Distribución de Causa, el levantamiento del sigilo bancario y tributario y habiéndose cumplido con los requisitos que establecen los artos. 210 y 211 del Código de Procedimiento Penal vigente, el Juez autorizó mediante orden judicial a la Superintendencia de Bancos y a la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el levantamiento del sigilo bancario y tributario, a las personas jurídicas y naturales investigadas.

En las investigaciones así como en la recolección de las evidencias que resultaran del caso, se requirió y obtuvo el apoyo de la Dirección de Auxilio Judicial de la Policía Nacional.

Ante la negativa de los representantes legales del Centro de Investigaciones de la Comunicación (Cinco), representado por el periodista Carlos Fernando Chamorro Barrios y del Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM), representado por la Licda. Juana Antonia Jiménez Martínez, casos únicos y aislados, se solicitó orden de allanamiento y el secuestro de la documentación contable y de los registros informáticos que estas organizaciones tuviesen en su haber, en los que registraban el curso de sus operaciones económicas, así como el destino de los fondos de los donantes.

Las diligencias antes mencionadas fueron autorizadas por autoridad competente tal y como ha sido señalado anteriormente. En consecuencia, emitida la orden judicial correspondiente, se procedió a ejecutarla conforme lo establecido en el arto. 26 de nuestra Constitución Política. Es preciso destacar que se ha actuado conforme a estricto derecho y que no existe encarcelamiento ni orden de arresto alguno en contra de los individuos mencionados ya que se está en la fase investigativa, no existiendo proceso ni penal ni civil abierto en contra de ellos.

El Ministerio Público ha reiterado que todo lo actuado en la investigación fue ejecutado conforme a las disposiciones contenidas en nuestra Constitución Política y en estricto apego a las leyes de procedimiento penal que regulan la materia, y en consecuencia, todos los actos del Ministerio Público han sido proporcionales a los hechos investigados por lo cual, en ningún momento se ha violentado el orden constitucional de la República.

V. Fundamentación jurídica y de hechos sobre el proceso de las elecciones municipales

La Constitución Política de Nicaragua en sus artículos 7 y 173 establece el carácter de Poder del Estado que tiene la Autoridad Electoral y le otorga la exclusividad en materia electoral; las resoluciones del máximo órgano de este Poder del estado no admiten ningún recurso ni ordinario ni extraordinario en el tema electoral como bien lo ha reafirmado la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en múltiples oportunidades, a través de varios procesos electorales (1996/2001/2006) etc.

El Poder Electoral por Constitución y por Ley está integrado por los siguientes órganos: Consejo Supremo Electoral, CSE (1), Consejos Electorales Departamentales, CED (12), Consejos Electorales Municipales, CEM (150)) y Juntas Receptoras de Votos, JRVs (12,000).

El párrafo 7 del artículo 16 de la Ley Electoral establece la forma del nombramiento de los miembros de los Consejos Electorales y Juntas Receptoras de Voto, describiendo que el Presidente y Primer Miembro “serán designados alternativamente de entre los partidos políticos que hubiesen obtenido el primer y segundo lugar, en las últimas elecciones generales que se hayan celebrado”.

Las últimas elecciones generales celebradas fueron las realizadas en el año 2006, el Partido Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) obtuvo el primer lugar y el Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) obtuvo el segundo lugar.

Para el caso de los segundos miembros estos serán designados de las ternas que para tal efecto presentaron las otras organizaciones políticas que participen en las elecciones previstas.

Efectivamente, para las elecciones municipales del 9 de Noviembre del 2008, conforme Ley, los presidentes y primeros miembros fueron designados alternativamente entre los partidos FSLN y ALN y los segundos miembros entre los partidos PLC, PRN y AC. Los cinco partidos políticos que participaron en el proceso electoral municipal.

La Ley Electoral también establece el proceso a seguir posterior a la realización de las votaciones. De forma paralela se producen dos procesos. El primero definido por la Ley Electoral en los artículos 128 y 129. Terminado el escrutinio, el Presidente de la JRV procederá a transmitir vía fax al CSE la copia del acta de escrutinio firmada por los miembros y los fiscales.

El CSE en la medida que va recibiendo estas actas dará publicidad a informes parciales provisionales, detallados por JRV. También se publicarán estos resultados mediante carteles en la propia Junta, siendo estos mecanismos que garantizan la transparencia del proceso electoral al dar a conocer inmediatamente finalizado el escrutinio los resultados en cada JRV.

Efectivamente la noche de la elección, el 9 de noviembre y la madrugada del 10 de noviembre, el CSE emitió informes parciales provisionales con la información que se recibía de los municipios y que se iba consolidando a nivel nacional.

El segundo proceso que se realiza de forma paralela y que define los resultados oficiales mediante la aplicación de la Ley, es el que realizan las JRV, los CEM y los CED en los momentos posteriores a la realización del escrutinio.

Tanto el material electoral como las actas originales se trasladan hacia los Consejos Electorales Municipales (CEM). Los CEM efectúan la sumatoria municipal de todas las JRV del municipio con las correspondientes correcciones aritméticas en su caso, y además se admiten o no a los recursos interpuestos por los fiscales de JRVs.

Por ley, hay un fiscal propietario y un suplente de cada organización política participante en cada una de las más de once mil JRVs y son ellos los encargados de interponer los recursos de impugnación ante los miembros de la JRV.

Posterior a esto, este material se traslada al Consejo Electoral Departamental (CED), órgano que resuelve de conformidad con la Ley, realiza la Sumatoria Departamental, corrigiendo nuevamente errores aritméticos y/o se anulan JRVs, si fuere el caso, de conformidad con el Artículo162 de la Ley Electoral. Estas decisiones son apelables ante el CSE.

Nicaragua tiene 153 municipios, de los cuales en 146 se realizaron las elecciones municipales el 9 de noviembre. En estas elecciones se abrieron 11,308 JRVs ubicadas en 4,047 Centros de Votaciones.

De este gran total de Juntas fueron impugnadas por los fiscales en las JRVs un total de 217 JRVs: PLC =79; FSLN=133; PRN=24; ALN=38; AC=21. En total suman 295 debido a que varios partidos coinciden en una misma JRV para resumir las 217, lo que constituye el 1,09% del total de mesas, y que fueron resueltas en su totalidad por los Consejos Electorales Departamentales (CED).

Solamente fueron apeladas 45 JRVs ante el Consejo Supremo Electoral, equivalente al 0,3%, correspondientes a 9 municipios de 4 departamentos de los 17 que tiene el país y se confirmó lo actuado por los CED.

En el caso de Managua, municipio con un total de 2,107 JRVs, fueron impugnadas 29, equivalentes al 1,3% del total de mesas resueltas por el CED, sin ser apeladas ante el CSE.

El CSE cumplió con las competencias que le otorga el texto constitucional validando los datos y la información que va de la JRVCEM-CED-CSE. Se publicaron los resultados provisionales el 14 de noviembre, realizándose la proclamación de electos el 20 de noviembre de 2008.

Desde meses anteriores a las Elecciones se desarrollaba una campaña dirigida a descalificar al CSE sobre un presunto fraude, acompañada de permanente información falsa a través de medios de comunicación, encuestas sesgadas, un sobredimensionado rol de la observación electoral internacional y nacional, y las acciones de organizaciones afines a partidos políticos y movimientos (Partido Liberal Constitucionalista y Movimiento de Renovación Sandinista), todo con el claro propósito de deslegitimar al Consejo Supremo Electoral .

A éstos se sumaron una serie de Organismos e Instituciones como el Departamento de Estado de los Estados Unidos, en la voz de Robert Wood, quien, el mismo 10 de noviembre, manifestó “su preocupación por anomalías en el proceso”, aún cuando no se había terminado de dar a conocer los resultados.

El 11 de noviembre correspondió el turno a la Conferencia Episcopal y al señor José Miguel Inzulsa, Secretario General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien se pronunció el propio día que los CEM estaban efectuando correcciones aritméticas, admitiendo o rechazando recursos y cuando el CSE aún no había recibido ni los datos, ni las actas originales.

El día 12 de noviembre, continuando con la campaña para deslegitimar el proceso electoral, el Organismo “civil” Ética y Transparencia, a quien no se habilitó para hacer observación nacional, presentó un conteo rápido que pretende desvirtuar los datos preliminares dados por el CSE. Lo mismo hace el Consejo Superior de la Empresa Privada y la Cámara de Comercio Americana.

En el ínterin, el día 12 de noviembre el candidato perdedor por la alianza Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y concejal de Managua por Ley, junto con su movimiento “Vamos con Eduardo”, desconoce los informes preliminares publicados por el CSE. De previo, desde el día 9 de noviembre horas antes de cerrarse las JRVs, el candidato Montealegre había declarado que no aceptaría los resultados que daría a conocer el CSE.

El día 13 de noviembre en un acto inusual no determinado por la Ley Electoral, el Consejo Supremo Electoral notificó a todos los partidos políticos participantes (5 organizaciones) de llevar a cabo un cotejo de las actas de escrutinio del municipio de Managua, presentándose 4 organizaciones políticas de las cinco participantes.

Con la sola excepción de la alianza PLC, que llevó como candidato al señor Eduardo Montealegre, las cuatro organizaciones políticas restantes ALN, PRN, AC Y FSLN ratifican y validan las actas de Managua al cotejar las copias recibidas por ellas en las JRVs con las originales en poder del Consejo Supremo Electoral, validándose de esta manera los resultados dados a conocer por del CSE.

VI. Observación electoral internacional y financiamiento de alta intensidad

La pretendida observación electoral de parte de organizaciones nacionales e internacionales no gubernamentales se constituyó en un elemento adicional de la campaña de desestabilización y deslegitimación del Consejo Supremo Electoral y del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.

Respecto a la observación internacional, la Ley Electoral, de rango constitucional, es clara en su contenido y concede al Consejo Supremo Electoral (CSE) la facultad exclusiva de “reglamentar la acreditación y participación correspondiente a los observadores electorales”. No existe en la ley nacional ninguna disposición jurídica que obligue al órgano electoral a aceptar per sé la observación electoral, ya bien sea nacional e internacional.

Por otra parte, se ha demostrado hasta la saciedad que agencias del gobierno de los Estados Unidos de América aprobaron y entregaron financiamiento a diversas organizaciones nacionales para llevar a cabo esa labor de “observación” en el contexto de la campaña de desestabilización y deslegitimación antes señalada.

La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo (USAID) entregó fondos a organismos civiles como la Red de Jóvenes Nicaragüita, Centro de Investigaciones de la Comunicación, Movimiento Autónomo de Mujeres, Centro para Programas de la Comunicación en asociación con el Movimiento por Nicaragua, Comisión Permanente de Derechos Humanos, Ética y Transparencia, Radio Corporación y Radio 15 de Septiembre, entre otras. La conducta de confrontación al Gobierno de parte de dichas organizaciones constituye su común denominador.

Según fuentes no oficiales, la USAID entregó al “Movimiento Vamos con Eduardo” (MVCE) un total de 475 mil dólares para ejecutar campañas de educación cívica, capacitación cívica electoral, edición de manuales electorales, cabildeo parlamentario y monitorio político, todo dentro de la misma estrategia desestabilizadora.

El National Endowment for Democracy (NED), a través del Instituto Republicano (IRI) canalizó fondos con los mismos fines. El financiamiento ilegal a partidos políticos se canaliza por medio de organismos como Hagamos Democracia, Juventud Demócrata Nicaragüense, Centro de Derechos Constitucionales, el Instituto José Dolores Estrada, entre otros, distribuyendo “información electoral” y desarrollando foros públicos sobre “democracia y justicia”.

La organización NED-PROVOTO fue creada en el Estado de la Florida, Estados Unidos, donde está registrada como fundación que aglutina a residentes nicaragüenses en el exterior. En Nicaragua no tiene registro ni personalidad jurídica, ni convocatoria ni presencia pública, aunque ha establecido alianzas “La realidad del proceso electoral municipal del 2008 en Nicaragua” con otras organizaciones civiles para promover acciones de confrontación al gobierno nacional.

Los mismos mecanismos de guerra de baja intensidad utilizados a finales de los 80 fueron utilizados en este proceso.

Cabe recordar que en los años de la Revolución Sandinista, particularmente durante los años 1985 a 1989, se aplicó contra Nicaragua el concepto denominado “Guerra de baja intensidad” que es una noción clave y vigente de la estrategia militar de Estados Unidos, para combatir las revoluciones, movimientos de liberación o cualquier conflicto que amenace sus intereses.

Sus objetivos principales son: Contrainsurgencia: Derrotar movimientos de rebelión popular. Reversión: Derrocar gobiernos revolucionarios o los que no se ajustan plenamente a los intereses estadounidenses. Prevención: Ayudar a gobiernos aliados de Estados Unidos a evitar su desestabilización.

La guerra de baja intensidad significa la intervención estadounidense en los asuntos internos de otros países, para lo cual están utilizando a los partidos políticos de oposición al Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional y sectores de Organismos No Gubernamentales contrarios al pensamiento político nacionalista y al concepto de desarrollo y modelo económico propiciado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional en el Gobierno.

Las formas de la guerra de baja intensidad son muchas, y en este caso, se asocian con situaciones de inestabilidad, contención agresiva, paz armada, conflictos internos.

VII. Observación electoral internacional legítima

El Consejo Supremo Electoral, en uso de las facultades que le confiere la Ley Electoral, de rango constitucional, acreditó a Observadores Electorales Internacionales cuyas credenciales son legítimas y cuya imparcialidad es reconocida en todas partes donde son invitados a observar elecciones.

Observadores internacionales del grupo Protocolo de Tikal (Organización Electoral de Centroamérica y el Caribe), integrado por expertos electorales de doce países de América Latina, manifestaron a medios de comunicación social internacionales que en los comicios municipales de Nicaragua:

“No existe fraude… no hemos encontrado ningún hecho en todos los lugares observados que pueda ser constitutivo de fraude en la realización del evento electoral y coincidimos que si algún partido político tiene algún elemento, está en la obligación de comprobarlo ante la autoridad competente, pero esta misión de observación no encontró ningún hecho que pudiera ser constitutivo de fraude”.

El Informe Final del grupo Protocolo de Tikal dice: “… No encontramos ningún elemento donde se vulnerara el secreto del voto para los ciudadanos, que es un principio importante para los procesos electorales”.

Por su parte, el jefe de la Misión Temporal del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), Wilfredo Penco, expresó que “… No hubo fraude electoral en Nicaragua, ningún elemento de los que pudimos verificar durante la jornada electoral y en los días previos nos pueden llevar a compartir una afirmación de esta índole”.

Como parte de la observación electoral internacional, participaron también, representantes de la Asociación de Organismos Electorales de América del Sur (Protocolo de Quito), de la Unión de Organismos Electorales que reúne al Protocolo de Tikal y de Quito junto a México y Canadá (UNIORE), y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de los Estados Unidos de México.

Todas estas organizaciones llevan realizadas cerca de 200 observaciones internacionales en el continente. El Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica ha observado elecciones nacionales, municipales, primarias de partidos políticos, prácticamente en todos los países del continente. Integran esas organizaciones de reconocida respetabilidad y credibilidad internacional, magistrados electorales, es decir, organizan y juzgan elecciones en sus respectivos países y son quienes más han observado elecciones en América Latina.

Es su experiencia, su calificación, la que les permite actuar fundamentalmente con una perspectiva técnica, alejada de los apasionamientos de la política interna de los países donde actúan.

VIII. Patrón repetitivo de conducta de Eduardo Montealegre ante derrotas electorales

Eduardo Montealegre está utilizando un patrón repetitivo de conducta ante su fracaso político.

En primer lugar debemos destacar que el fundador del Partido Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Eduardo Montealegre se presentó a la contienda electoral por la Presidencia de la República y perdió las elecciones del 2006 quedando en segundo lugar, correspondiéndole al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) el tercer lugar en las mismas.

Los resultados de las elecciones fueron cuestionadas por el fundador del ALN quien atrasó el proceso de legitimación de las mismas, en las que, el partido del tercer lugar (PLC) reconoció de inmediato.

En un caso sui-generis, el fundador del ALN Eduardo Montealegre abandonó el partido que fundó y se pasó al partido PLC para correr como candidato por la Alcaldía de Managua dejando a sus correligionarios y partidarios.

El partido ALN nombró su candidato, y ante los resultados de la justa electoral, el ALN reconoció los resultados y de nuevo el señor Eduardo Montealegre, ahora como candidato del PLC se dio a la tarea de no reconocer, los resultados, lo cual indica que es un problema de conducta electoral de no aceptar las derrotas, no obstante, la oposición política y mediática nacional e internacional, le hicieron el eco a su postura y se inició todo un proceso para deslegitimar las elecciones municipales.

Los voceros del Movimiento Vamos con Eduardo junto con la oposición mediática iniciaron una campaña incitando a la violencia callejera pretendiendo causar inestabilidad política y caos, mientras tanto, los partidarios del partido victorioso Frente Sandinista de Liberación Nacional, se volcaron a las calles a celebrar la victoria lo cual originó actitudes violentas y criminales de parte de algunos miembros del Movimiento Vamos con Eduardo, las que ejecutaban por medio de sus simpatizantes, militantes o sicarios, tanto en contra de la población civil, como en contra de partidarios del FSLN y periodistas.

Esperamos que la razón ilumine las mentes obnubiladas de los que tienen que aprender a querer a nuestra Nicaragua y respetar las reglas de la democracia burguesa que ellos mismos han impuesto.

IX. A manera de conclusión

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), desde 1984 y utilizando el andamiaje jurídico, social e institucional del país, instauró en Nicaragua por primera vez la verdadera democracia: Con auténticos procesos electorales con participación pluripartidista, con la convicción de que la democracia es esencial para nuestro desarrollo social, político y económico.

En 1990, por primera vez en la vida independiente y republicana de Nicaragua, cambia el partido en el Gobierno por la vía de los votos electorales. Ello fue posible por la voluntad auténticamente democrática del FSLN, transitando en medio de la mayor agresión militar de nuestra historia moderna, estimulada y financiada por el gobierno de los Estados Unidos de América.

Con el propósito de facilitar el proceso de paz en marcha, incluyendo su componente de elecciones anticipadas, el Gobierno de Nicaragua, presidido entonces por el Comandante Daniel Ortega Saavedra, y los diputados de la Asamblea Nacional, redujeron en nueve meses el período de sus cargos, sin que la Resistencia Nicaragüense, financiada por el gobierno estadounidense, se hubiese desarmado como se había acordado entre los actores políticos nacionales e internacionales que lo facilitaban.

Esta última circunstancia pudo haber constituido razón más que suficiente para que el Gobierno de Nicaragua y el FSLN pudieran haber desconocido las elecciones de 1990, cosa que no sucedió. Por el contrario, se reconocieron los resultados y fue posible realizar la primera transferencia pacífica de gobierno en Nicaragua. El Frente Sandinista daba una lección de vocación democrática al mundo.

En 1996, durante las primeras elecciones en un gobierno de la derecha política, el Consejo Supremo Electoral, manejado por expertos electorales nacionales teniendo al frente a doña Rosa Marina Zelaya, se dio el mayor fraude reciente en las elecciones nacionales para que el FSLN no se alzara con la victoria. Políticos internacionales observadores le plantearon a la Dirección del FSLN que en sus países, por menos irregularidades que las observadas, se anularían las elecciones, pero le solicitaban, al FSLN, que en aras del ‘fortalecimiento’ del proceso democrático, se reconocieran los resultados.

Con la división, recriminaciones y ataques mutuos entre las facciones liberales, no son de extrañar los resultados electorales de las elecciones municipales recién pasadas, resultados que fueron reconocidos y legitimados por nueve de diez Magistrados del Consejo Supremo Electoral, siendo la mayoría de ellos de orígenes diferentes al sandinismo y más bien, provenientes en su mayoría de las filas del liberalismo y sus aliados.

El Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional está comprometido con el fortalecimiento del Estado Nicaragüense y su institucionalización, tal y como lo demuestra la implementación de la Reforma al Sistema Judicial, reforma que ha sido financiada con fondos provenientes de Estados Unidos, Japón y algunos miembros de la Unión Europea.

Trabajamos también en todas aquellas reformas en los Poderes del Estado, incluyendo el Poder Electoral, igual que otras en el campo tributario y económico, que perfeccionen nuestras instituciones; algunas tienen carácter constitucional y demandan de una mayoría calificada de la Asamblea Nacional. Todas necesitan y deben buscar el más amplio consenso político y social de la población.

Estas Reformas tienen como objetivo fortalecer la participación ciudadana en el ejercicio del poder y la búsqueda de los consensos políticos que nos ayuden a enfrentar la crisis mundial por la que atravesamos y la lucha contra la pobreza en Nicaragua.

El GRUN y el FSLN, por historia y por principio, tienen su compromiso con el desarrollo democrático, participativo y pluripartidista a través de la democracia representativa y participativa, tal y como lo consagra nuestra Constitución Política.

Seguiremos apoyando la verdadera observación internacional, pero también nos opondremos y denunciaremos el financiamiento y la injerencia de países, embajadas acreditadas en nuestro país y organizaciones no gubernamentales, nacionales y extranjeras, en los asuntos internos de los nicaragüenses, los únicos que podemos decidir sobre nuestros propios asuntos y nuestro propio presente y futuro.

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