Nicaragua

Aprueban reforma a la Ley de Amparo en Nicaragua

Facultan a la Corte Suprema de Justicia como la única instancia para dirimir conflictos de competencia y constitucionalidad entre poderes públicos

Redacción Central |

Facultan a la Corte Suprema de Justicia como la única instancia para dirimir conflictos de competencia y constitucionalidad entre poderes públicos

La Asamblea legislativa de Nicaragua aprobó una enmienda a la Ley de Amparo, con lo que facultó a la Corte Suprema de Justicia como la única instancia para dirimir conflictos de competencia y constitucionalidad entre poderes públicos.

La reforma fue aprobada con los votos de 87 de los 91 diputados de la Asamblea Nacional (congreso unicameral), con lo que se destrabó la crisis institucional que enfrentaba el país desde noviembre pasado por las potestades entre los diferentes poderes.

Según la reforma, los únicos facultados para interponer un amparo contra una ley, decreto, reglamento, acto o resolución que se considere lesiona las facultades de su respectivo Poder son el presidente, la directiva del parlamento y los magistrados judiciales y electorales.

Estableció además que la Corte Suprema de Justicia tendrá 30 días para dirimir la pugna y un retraso significará una sanción pecuniaria con la retención de sus salarios.

También destacó que las leyes que sean objeto de una impugnación permanecerán suspendidas durante el lapso de estudio para permitir la actuación del máximo tribunal de justicia.

El coordinador de la bancada del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), Edwin Castro, dijo que con esta iniciativa se supera la crisis política y da lugar al inicio de las discusiones de temas económicos para sacar adelante al país.

El conflicto estalló en noviembre de 2007 por la creación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) que por sus facultades y su vínculo con el Ejecutivo, los partidos de oposición consideraban les quitaban su potestad para legislar.

El proyecto fue rechazado por los diputados, un tribunal ordenó no publicar ese edicto y luego de varias resoluciones en favor y en contra, el presidente nicaragüense Daniel Ortega los restituyó mediante la vía del decreto.

La Corte Suprema de Justicia de Nicaragua está conformada por 16 magistrados de manifiesta tendencia política, por lo que en la actualidad hay ocho del FSLN y ocho del derechista Partido Liberal Constitucionalista (PLC).

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