Nicaragua

Contraloría confirma El Fraude del Siglo

Robo asciende a 492 millones de dólares, revelan las investigaciones

El Fraude del Siglo
Eduardo Montealegre junto con los diputados que avalan la corrupción. | elpueblopresidente.com

Redacción Central |

Robo asciende a 492 millones de dólares, revelan las investigaciones

El presidente de la Contraloría General de la República, Luis Ángel Montenegro confirmó que las personas señaladas de la emisión de los Certificados Negociables de Inversión (CENIS), dejaron pérdidas superiores a los 492 millones de dólares, por lo que desde este viernes se creó una Comisión Interinstitucional para que investigue a “fondo” este escándalo financiero que tiene como principal autor de este acto de corrupción al presidente de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) Eduardo Montealegre.

Montenegro presentó un informe pormenorizado del “Fraude del Siglo” a los miembros de la Comisión Interinstitucional encabezado por el Ministerio Público.

El contralor señaló que cada una de las personas involucradas en estos “Actos de Corrupción” incurrieron en graves irregularidades, no solamente en la emisión de los CENIS, donde, según Montenegro el Banco Central no estaba facultado para emitirlos y tampoco en la clasificación de la cartera de los instituciones financieras quebradas fraudulentamente y mucho menos en la venta de los activos.

Explicó que si el proceso y la emisión de los CENIS fuesen hechos con los requisitos establecidos por la ley, el Estado solamente pudo haber perdido unos 70 millones de dólares para garantizar el dinero de los ahorrantes de los bancos desaparecidos.

“El Estado de Nicaragua nunca debió emitir más de 70 millones de dólares, pero ahora estamos hablando de un fraude al Estado de 492 millones de dólares”, afirmó el contralor.

“La cartera de créditos de los bancos quebrados fraudulentamente sumaba 151.6 millones de dólares, pero los emisores de los Cenis la vendieron en 4.8 millones de dólares, es decir en 3.2 centavos de dólar de su valor”, agregó.

Montenegro añadió que la cartera de activos de los bancos estaba valorada en 106.6 millones de dólares, pero los ex funcionarios señalados la vendieron en apenas 9.1 millones de dólares, según los estudios del ente fiscalizador.

En tanto el Fiscal General, Julio Centeno Gómez, anunció que la Comisión Interinstitucional amplió la investigación de los CENIS “a todos los particulares que se beneficiaron” con esos títulos valores.

Centeno Gómez ratificó que en esta operación “hubo irregularidades”, tanto en la emisión de los CENIS como en la subasta de los activos de los cuatro bancos quebrados, con graves perjuicios económicos para el Estado.

“El Estado de Nicaragua nunca debió emitir más de 70 millones de dólares, pero ahora estamos hablando de un fraude al Estado de 492 millones de dólares”, afirmó el contralor.

“Las otras tres personas involucradas en el escándalo de los CENIS nunca han dejado de estar por fuera de las investigaciones”, dijo Centeno Gómez, entre los que están el empresario Benjamín Lanzas, y el ex gerente del Banco Central, Mario Flores.

Hasta el momento, la Fiscalía no ha solicitado la suspensión del sigilo bancario a los movimientos de las cuentas de Montealegre, Lanzas y Flores.

La Superintendencia de Bancos ordenó a los bancos locales suspender el sigilo bancario a los ex miembros del Consejo Directivo del banco emisor Eduardo Montealegre, ex ministro de Hacienda y jefe de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el ex presidente del BCN, Mario Alonso, y el empresario Guillermo Cuadra.

Centeno Gómez anunció que la Comisión Interinstitucional, formada por la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría y la Policía Nacional, decidieron ratificar como fiscal especial al jurista penal Armando Juárez.

El titular del Ministerio Público insistió en “evitar posiciones injustas” durante la investigación, restándole importancia a las versiones de que se trata de “una persecución de carácter política, extorsión y chantaje, a Montealegre”.

Dijo que Montealegre “está mal asesorado” jurídicamente para pedir nulidad “de nulidad absoluta” de la suspensión del sigilo bancario y de la investigación de los CENI, porque se efectuó en base a la Ley 314, Ley General de Bancos, “ley inexistente”, porque la derogó la Ley General de Bancos, Ley 561.

Apuntó que el fiscal especial Juárez y el Juez Quinto de Distrito Penal de Audiencias, Julio César Arias, para pedir la suspensión del sigilo bancario, se basaron no en la Ley General de Bancos, si no en el Código Procesal Penal.

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