Nicaragua

Diputado FSLN rechaza campaña de la derecha con interpelaciones

Solamente el plenario de la Asamblea Nacional, y cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional presuma causas administrativas o penales, está facultado para interpelar a cualquier funcionario público, establece la Ley Orgánica del Parlamento, aseguró este martes el diputado Wálmaro Gutiérrez

Redacción Central |

Solamente el plenario de la Asamblea Nacional, y cuando la Junta Directiva de la Asamblea Nacional presuma causas administrativas o penales, está facultado para interpelar a cualquier funcionario público, establece la Ley Orgánica del Parlamento, aseguró este martes el diputado Wálmaro Gutiérrez

Según Gutiérrez, la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional es clara, y lamentó que muchos diputados y jefes de bancadas desconozcan la ley que rige su trabajo como legisladores.

Los jefes de las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y de la alianza Liberal-Partido Conservador (ALN-PC), Maximino Rodríguez y María Eugenia Sequeira, anunciaron el lunes que solicitaron la interpelación de la presidenta ejecutiva de la empresa aguadora, Ruth Selma Herrera, porque supuestamente violó los derechos laborales de sus trabajadores.

La Primera Secretaría confirmó el martes que no recibió ninguna iniciativa al respecto, lo que confirma la versión de que, al menos por el PLC, el tema no ha sido abordado ni decidido.

Gutiérrez acusó a la ALN-PC de realizar un show protagónico a través de algunas comisiones presididas por sus diputados, y advirtió que el gobierno del Frente Sandinista está interesado en proporcionarle a la Asamblea Nacional toda la información que pida sobre el actuar de cada uno de sus funcionarios.

El legislador sandinista también descalificó otra iniciativa de las bancadas liberales para que se conforme una comisión especial que investigue a fondo la denuncia de supuesto soborno, coimas y tráfico de tierras en el municipio de Tola, Rivas.

Fuentes políticas afirman que ALN y el PLC presentarán solicitudes de interpelación a granel contra los ministros del gobierno, para presionar una amnistía general para todos los funcionarios de las administraciones de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños.

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